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Después de 30 años de las primeras acusaciones de los familiares de desaparecidos, en el juzgado federal de Julián Ercolini avanza un expediente que podría desembocar en el primer procesamiento del ex capellán del Ejército Emilio Teodoro Grasselli. La causa se inició en diciembre de 2013 con los testimonios derivados del juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés. En la sentencia, el Tribunal Oral Federal 6 había pedido que se lo investigue por complicidad o encubrimiento por haber “intentado disuadir a las abuelas y familiares de la búsqueda de los desaparecidos”. Un mes atrás el fiscal Federico Delgado pidió que se lo indague. En media carilla, Delgado afirmó que “estaba en un ‘lugar clave’ que le brindaba ‘información cualificada’ en relación a la represión clandestina y que de alguna forma, que sería apresurado calificar, la ‘administró’”, y lo convocó a que “explique lo que considere oportuno”. Grasselli acumula, además, otras dos investigaciones en su contra que aún no tienen avances o son casi nulos: desprendimientos de la megacausa ESMA y en el “juicio de los obreros”, de Campo de Mayo.

El juez Ercolini aún no definió su citación a indagatoria, pero convocó a algunos testigos. Mañana, Elsa Pavón volverá a relatar la respuesta que le dio el sacerdote cuando fue a averiguar por su hija Mónica Grinspon, su yerno Claudio Logares y su nieta Paula, secuestrada junto a sus padres con 22 meses de edad y restituida en 1984.

-Bueno, señora. Usted sabe cómo son estas cosas: agarran un Hércules, entre gallos y medianoche, los traen y bueno… cuando los traigan, yo les voy a devolver la nena, pero usted olvídese de los padres- contó Elsa en 1999, en los Juicios por la Verdad.

Como Elsa, cientos de familias llegaron a la capilla Stella Maris desesperados, en el barrio de Retiro, queriendo saber por sus parientes desaparecidos. Entre ellos, Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Peregrinaba sin respuesta por juzgados, capillas, edificios públicos y comisarías. En la primera entrevista, Grasselli le pidió tiempo para averiguarlo. Y le dijo que había logrado devolver otros niños. Chicha volvió unos días después, esperanzada. “Se demoró mucho, la niña ya no se puede tocar, la tiene gente muy poderosa”, le dijo. Chicha está convencida de que el capellán sabía muy bien de lo que hablaba. El martes próximo deberá ratificar ese episodio ante Ercolini.

Grasselli era secretario del vicario Adolfo Servando Tortolo, ya fallecido. Sus respuestas eran ásperas, en un tono inquisitorio, y demostraban un claro conocimiento del destino de los secuestrados. Y no sólo eso: los registraba en unas fichas con sus nombres, el día en que se producían las citas, y algunas iniciales que nunca explicó bien a qué se referían. El religioso había guardado ese fichero en su propia casa, hasta que un día de 1999 fue secuestrado por la Justicia.

El fichero

El 10 de mayo de 1999, Grasselli fue convocado a los Juicios por la Verdad, que llevaba a cabo la Cámara Federal de La Plata cuando regían las leyes de impunidad-. Testimonió por la desaparición de un soldado de Granaderos, de apellido Aleksoski. El año anterior, varios testigos habían contado las gestiones infructuosas pero con respuestas concretas que había dado. El cura contó que Tortolo, que también era obispo de Paraná y viajaba seguido, le había encomendado recibir a los denunciantes en la capilla.

“Personalmente atendía a la gente y confeccionaba una listas que monseñor Tortolo presentaba al ministro del Interior, al jefe de policía y a los comandantes de las distintas fuerzas. Este trámite él lo hacía personalmente o a veces enviaba cartas. En todo este tiempo que son cuatro años fácilmente he atendido a unos 2.500 casos”, contó. Relató el caso de cinco niños que bajaron de un avión cuando partían a Venezuela. “Los bajaron del avión y la mamá nunca apareció”. Habían estado una semana desaparecidos sin saber adónde. En su relato, Tortolo los había ayudado a salir a Venezuela. Los jueces se impacientaron:

-¿Usted nunca se ocupó personalmente de efectuar algún trámite respecto de todas las personas que concurrían a verlo?

-Podría haber llevado una lista, pero no personalmente. Eso lo hacía el obispo. Yo no tenía autoridad. Era secretario privado, no podía conseguir nada.

-¿Alguna vez le informó a algún familiar que la persona que estaba buscando había fallecido?

-Nosotros no sabíamos el destino. No podía darle una información que no tenía ningún asidero.

Esa fue la respuesta de Grasselli. Sin embargo, al abogado Hipólito Marco Tolosa le confirmó que María Rosa Tolosa, madre de los mellizos nacidos en cautiverio, estaba embarazada, detenida e incomunicada junto con su esposo Juan Enrique Reggiardo en un “campo secreto” a “disposición de las autoridades militares”. A Roberto y Alicia Zubasnabar De la Cuadra, los abuelos de la última nieta restituida, en el segundo encuentro les había dicho: “No me dijeron que Elenita estaba embarazada. Un médico la revisó. Está en los alrededores de La Plata”.

Ese mismo día, los camaristas ordenaron confiscar el fichero de Grasselli. Dos mil quinientas tarjetas polvorientas con los nombres, fechas, y referencias de los desaparecidos. Tarde o temprano, el cura deberá explicar esos olvidos ante el juez Ercolini.

Campo de Mayo y la ESMA

Grasselli se sentó en el banquillo, otra vez como testigo, en el undécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo, donde se investiga la desaparición de treinta obreros ceramistas y navales. Pero se fue ese día con un pedido de falso testimonio de una de las querellas patrocinadas por el abogado Pablo Llonto. Su testimonio chocó contra el relato que habían hecho los familiares de Salvador Miguel Scarpato y Arnaldo Hugo Rivas.

El 26 de septiembre pasado, los fiscales Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti de San Martín, lo imputaron por “una participación en los hechos ocurridos” y pidieron su indagatoria. “Por el rango militar que ostentaba para esa época, su estrecha vinculación con el vicario castrense Tortolo –de quien era su secretario-, no sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas sino que formaba parte de él”, sostuvieron en el escrito al que accedió Infojus Noticias.

“Sin embargo recibía a los familiares de las víctimas simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos sin perjuicio que luego les daba como devolución a sus interrogantes que no tenía noticias oficiales sobre su destino, anoticiándolos además que ellos no se encontraban detenidos en ninguna dependencia oficial”. Como pruebas del pedido, presentaron 140 fichas que corresponden a víctimas de la Zona de Defensa n° 4, donde está su jurisdicción.

Pero eso no es todo: su nombre figura como propietario de la Isla de “El Silencio”, en el Tigre, donde fueron escondidos los desaparecidos de la ESMA durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1979. Hay relatos además de varios sobrevivientes de que prestaba sus servicios espirituales a los miembros de la patota. En los próximos meses, la investigación judicial podría transformar a Grasselli en una pieza clave para entender los lazos entre la Iglesia Católica y el terrorismo de Estado.