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El ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Omar Palermo, se refirió al proyecto de Código Procesal Penal, y expresó que “era tan evidente la necesidad del cambio que no hay manera de estar en contra”. En diálogo con Infojus Noticias respaldó la propuesta y afirmó que está “absolutamente de acuerdo con los cambios fundamentales del proyecto”. El magistrado puso el foco en las formas alternativas de resolución conflictos, y consideró “muy importante que se ponga énfasis en esa regulación”.

Destacó que el proyecto implica una “garantía de oralidad, celeridad y contradicción”. Explicó así que el modelo de contraposición de hechos y pruebas por parte de los fiscales y los defensores permite que el proceso sea más ágil y transparente. “La oralidad, la publicidad y en general la desformalización de la investigación es muy importante, no sólo para ganar tiempo sino en inmediatez y en garantías”, analizó.

“En Mendoza casi no se aplica el juicio abreviado o las soluciones alternativas”, explicó el juez. En esa provincia rige un sistema acusatorio hace quince años, pero la implementación fue distinta. “Uno de los problemas es que antes de que se termine la instrucción no se aplica ni el juicio abreviado ni otras soluciones alternativas”, dijo Palermo. En la provincia, todas las causas van a juicio oral, “es un desgaste enorme, porque debería llegar sólo lo más relevante” por razones de tiempos y de recursos.

El ministro del máximo tribunal mendocino explicó que la implementación del sistema acusatorio a nivel nacional tiene las condiciones para ser mucho más favorable. En Mendoza, “la defensa pública no está centralizada en un ministerio público, y los defensores oficiales dependen del procurador general”, pero a nivel nacional el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa son autónomos y tienen funciones bien delimitadas. “El sistema acusatorio está basado en la igualdad de armas”, concluyó.

Según el magistrado, en la provincia más poblada de Cuyo no existe política criminal –estrategias del ministerio público para perseguir y combatir al delito complejo–. “Salvo por la persecución de la narcocriminalidad de bagatela en barrios marginales”, en general los fiscales no trabajan las temáticas de criminalidad complejas con la violencia institucional o la violencia de género. “En Mendoza no hay un solo preso en materia de criminalidad económica”, reveló. Y afirmó que “hay que trabajar para direccionar la política criminal en ese sentido”.

“A nivel nacional hay una política criminal definida, que se dedica a perseguir la narcocriminalidad, la corrupción, la criminalidad económica, la trata de personas”, comparó Palermo. Celebró “el camino por el que se ha comenzado”, e insistió en que “era indiscutible la necesidad de la reforma”.

“El cambio es impostergable”

Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, celebró la presentación del proyecto de Código Procesal Penal y señaló que “es la bisagra del sistema penal”. El fiscal afirmó a Infojus Noticias que “es un salto cualitativo de tremenda trascendencia histórica”, y resumió que “pone a cada pieza en su casillero”. La iniciativa de ley ya ingresó al Senado y comenzará a ser tratada en comisiones la semana que viene.

Anticipó que “es el principio del cambio”, y que habrá que esperar a que surjan leyes de implementación y se transforme la estructura judicial y de los ministerios públicos. Y consideró que “no se puede desconocer el hecho histórico que significa este proyecto”, porque la necesidad de transformar el sistema penal “está instalada por el clamor de la sociedad y por los foros de abogados, docentes, jueces, defensores y fiscales”.

“La legitimidad que tiene el sistema acusatorio está dada por esos debates y por la práctica judicial, en la que ya se vienen poniendo en práctica algunos cambios”. Se refirió así a la delegación de la investigación que puede hacer el juez federal en favor del fiscal.  Y expresó que el cambio “es impostergable, porque hay que armonizar todo el sistema procesal con la democracia como paradigma inalienable”.

El fiscal recordó que desde que en Argentina se recuperó la democracia, pudo ver “alguna tendencia a instalarlo en la misma práctica de los juicios”, aun cuando la legislación tenía un marcado contenido inquisitivo. “Se podrán discutir aspectos puntuales de la legislación propiamente dicha, pero el sistema como tal tiene un consenso evidente, palmario e incuestionable”. Y afirmó que “no se podía sostener el sistema mixto que tenemos”.

Auat subrayó que el eje de la reforma es que “cada operador judicial tiene que cumplir su rol”, y dijo que “no se podía entender que un juez tenga la deformación de investigar y juzgar al mismo tiempo”. Explicó que el cambio será “poner a cada actor en su verdadera función”, y que la legitimidad de esa función nace del propio rol del fiscal y del juez. “Mi función es investigar y acusar. La del juez, obviamente, juzgar”, señaló. Y concluyó que “lo que se busca es poner a cada pieza en su casillero”.