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Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional de España -un tribunal de apelación con jurisdicción en todo el país-  es una de las voces que participan del debate global para definir cuándo un crimen económico-financiero se convierte en un delito de lesa humanidad.

“Eso ocurre cuando esos ilícitos se producen en forma sistemática y afectan derechos fundamentales de la población civil en general”, define. Esa tipificación incluye desde delitos originados en el sector financiero hasta crímenes gestados por “la explotación sistemática y generalizada de la miseria de otras sociedades”.

Tiene en claro que ese debate por tipificar ese tipo de crímenes, que comenzó a partir de analizar quiénes se beneficiaron con las dictaduras, no será simple. “Los delitos graves o muy graves pero que no se visualizan como se puede visualizar un asesinato o un robo se comete por los delincuentes de cuello blanco. Se trata de gente que socialmente está bien considerada, que tiene buena situación económica y que son vistas como personas honradas pero desde ese poder ejercen una influencia negativa frente a la sociedad en general y coartan derechos fundamentales”, dice.

-¿Cuándo un crimen económico-financiero debe considerarse un crimen de lesa humanidad?

-Cuando la acción afecta a derechos fundamentales de la población civil en general. Cuando las acciones de una determinada entidad financiera puedan afectar a la salud, a la educación o a la vida de una población. Ahí es dónde se debe defender no el patrimonio sino los derechos de la sociedad civil.

-¿Hay algún caso reciente?

-Probablemente sí pero aún no estamos preparados para dar datos. Muchas de las situaciones de crisis que se han producido en los últimos años por una confluencia de agentes financieros, que no sólo fue Lehman Brothers o las cajas de ahorro en España sino una situación global, se podrían considerar bajo ese parámetro. Serían crímenes contra la humanidad porque afectaron globalmente al mundo y obligaron a recortar derechos sociales. Generaron mucho daño.

-¿Hay casos que no provengan del área de las finanzas sino directamente de la economía real?

-Las empresas que realizan ropa o zapatos y utilizan, en países del tercer mundo, a menores de edad.  O que utilizan a personas mayores o mujeres y las tienen trabajando en condiciones infrahumanas y en jornadas de 16 horas diarias. Muchas de esas son compañías europeas que realizan este tipo de explotación sistemática en su propio beneficio. Eso podría ser considerado un crimen de lesa humanidad porque es una explotación sistemática y generalizada de la miseria de otras sociedades.

-¿Cuándo se empieza a pensar este tipo de delitos?

-Es muy reciente el debate. Acaba de comenzar. Lo pone en debate Baltasar Garzón cuando analiza los crímenes del franquismo y observa la posibilidad de que hubiera habido personas o empresas se aprovecharon de la dictadura para beneficiarse de esta situación. Ya sea desde las propias estructuras o manteniéndolas. Eso se empezó a pensar desde la incautación de los bienes de Augusto Pinochet (en 2002). Esto en un marco en el cual la sociedad civil también reclama que no sólo se castigue a los represores por las torturas y desapariciones sino también por los delitos económicos.

-¿Por qué recién ahora se plantean estos crímenes?

-Cuando se juzga a los dictadores y represores lo primero que se hace es ‘apagar el fuego’ y eso es reparar a las víctimas que sufrieron directamente ese horror y ese daño. Los delitos económicos y el aprovechamiento económico no tiene una víctima palpable es la sociedad en su conjunto. Lo primero es la reparación de esas víctimas y luego llegar el tema de los delitos económico. Y con esto también la justicia tiene que ser implacable aunque estos delitos no suelen tener tanta urgencia.

-¿Qué es lo que se debe modificar en la legislación para poder avanzar en el juzgamiento de esos delitos?

-Desde el punto de vista internacional debería hacerse un añadido al Estatuto de Roma y hacer el matiz de que los delitos de lesa humanidad incluyen a los delitos financieros y económicos, que son generadores de ese tipo de crímenes. Eso permitiría avanzar sobre los otros convenios internacionales y eso luego se volcaría sobre las legislaciones nacionales.

-Cuáles son los pasos para la reforma?

-Los países signatarios de ese convenio deberían plantearlo en Naciones Unidas y que los países que firmaron el convenio lo añadieran. Una vez que se comprometan allí es más fácil incluirlo en las legislaciones nacionales. Los países que no firmaron son, entre otros, Estados Unidos, Rusia, China e Israel.