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Con este veredicto, finalizó esta tarde en los tribunales de San Martín el juicio oral y público que había comenzado en agosto pasado, en el que se investigaban violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de 14 víctimas, de las cuales tres aún permanecen desaparecidas.
Los jueces del Tribunal Oral en los Criminal Federal 1 de San Martín condenaron hoy al ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, al ex director de la Escuela de Caballería y jefe del Área Militar 430, Rodolfo Emilio Feroglio, y al ex comisario Carlos Daniel Caimi en el decimotercer juicio de la Megacausa Campo de Mayo. Todos ellos fueron hallados responsables por los delitos de lesa humanidad -incluidos delitos sexuales- cometidos durante la última dictadura en la comisaria de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires.
Los tres represores llegaron a la última audiencia del juicio cumpliendo prisión domiciliaria, beneficio que el fiscal general Marcelo García Berró pidió que les sea revocado. Durante el debate oral, que había comenzado en agosto, se investigó las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 14 víctimas. Tres de ellas aún permanecen desaparecidas: la ex concejal José María Castiñeiras, Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri. De los once sobrevivientes, cuatro (Ángel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky y Ricardo Ponteprimo) eran delegados gremiales de la metalúrgica BOPAVI, ubicada en el partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de las instalaciones de la empresa.
“Fui ajeno a todo”
Caimi, de 80 años, fue el único de los acusados que usó su derecho a decir sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto. “Fui ajeno a todo”, dijo a los jueces Marta Milloc, María Lucía Cassain y Diego Barroetaveña. El ex comisario, que estuvo a cargo de la seccional Villa Ballester desde 1975 hasta 1977, dijo que en esa época “parte de la comisaría” había sido “ocupada por personal de Campo de Mayo”. “Hoy cada fuerza tiene su rol, pero en ese momento ellos estaban arriba, y por abajo, como el último orejón del tarro, estábamos nosotros”, sostuvo el acusado.
Sentado frente a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Martín, antes de recibir su primera condena por delitos de lesa humanidad, Caimi hizo un repaso de los cargos y funciones desempeñadas en sus “33 años como policía”, que incluyeron, según contó, haber formado parte de “la custodia personal del ex presidente Juan Domingo Perón.
En silencio lo escuchaban el multiprocesado represor Santiago Omar Riveros, de 92 años, y Rodolfo Emilio Feroglio, de 87, responsables del funcionamiento de los centros clandestinos de detención que funcionaban bajo la órbita de Campo de Mayo, por donde pasaron cerca de 5 mil detenidos desaparecidos. Los más conocidos son “El Campito” y “La Casita”.
Del otro lado del vallado que separaba a las partes del juicio del público general había familiares de los tres desaparecidos cuyos casos son investigados en este proceso, algunas de las víctimas también con sus familiares, y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
El juicio
En el transcurso del debate, la fiscalía sostuvo que desde el 24 de marzo de 1976 hasta mediados de diciembre de ese año, en la comisaria de Villa Ballester funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Marcelo Héctor García Berro, fiscal general, pidió que se condene a 25 años de prisión por delitos de allanamiento ilegal de domicilio en siete casos, robo agravado en otros dos hechos, privación ilegal de la libertad agravada respecto de catorce víctimas, imposición de tormentos agravada en doce casos, dos violaciones agravadas y un caso de abuso deshonesto, a los represores Rivero y Feroglio.
Además, Berro pidió 19 años de prisión para Caimi, por su participación en seis allanamientos ilegales, dos casos de robo agravado, doce privaciones ilegales de la libertad agravadas, doce casos de imposición de tormentos agravados, dos casos de violaciones agravadas y uno de abuso deshonesto.
El fiscal también reclamó que se remitan constancias del proceso oral y público a la Justicia Federal para que se investiguen otros hechos que salieron a la luz durante el debate y aquellos que el TOCF1 de San Martín no incorporó cuando la Fiscalía amplió su acusación por delitos sexuales.
El juicio que concluyó hoy es el decimotercero de la megacausa Campo de Mayo. Aun se espera el comienzo de otros 13 debates en el marco de esta megacausa, que ya fueron elevados a la instancia de juicio oral y público, pero todavía no tienen fecha de inicio.
SO/PW
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