Infojus Noticias

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por el ex juez imputado por delitos de lesa humanidad Otilio Romano y confirmó así el rechazo a la prisión domiciliaria que pidió su defensa. En febrero de este año la sala ya había declarado “mal concedido” un recurso que tenía el mismo objetivo: lograr la prisión domiciliaria.

La sentencia firmada ayer por los jueces de la sala IV de la Cámara, Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Gustavo Hornos, dejó firme el rechazo al arresto domiciliario que pidió la defensa del ex juez. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de Mendoza en septiembre del año pasado rechazó el pedido del ex juez, que durante la dictadura actuó como fiscal, y que sostenía que debía acceder a ese beneficio por su diabetes y porque ya cumplió los 71 años.

Después del rechazo del tribunal federal mendocino, Romano insistió y presentó un recurso de casación que fue rechazado también por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y ahora intenta llegar a la Corte Suprema pero los jueces del máximo tribunal penal del país volvió a rechazar su pedido porque “se requiere la existencia de una sentencia definitiva o de una equiparable a tal a los efectos de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Con esta decisión la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el rechazo al pedido de prisión domiciliaria del ex juez Romano que sólo podrá llegar a la Corte Suprema de Justicia en “queja”. Romano se encuentra detenido en el marco del “juicio a los jueces” donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Romano está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y por durar más de un mes, y por allanamiento ilegal. Treinta y cuatro de esas denuncias corresponden a personas que continúan desaparecidas; 26 casos a privaciones ilegales de la libertad; 26 casos de torturas; un allanamiento ilegal; y un caso en el que se le imputa no haber promovido la persecución penal cuando debía hacerlo.

En diciembre de 2011, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó de su cargo de juez federal de Mendoza porque consideró que “incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia” al no investigar delitos de torturas y violaciones. Fue juzgado en ausencia porque en septiembre de ese año se fugó a Chile donde estuvo hasta septiembre de 2013 fecha en que fue extraditado por la Justicia de aquel país.

Romano “no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, dijo el jurado que lo destituyó en 2011. Hoy enfrenta cargos por delitos de lesa humanidad en la justicia federal de Mendoza.

GA/RA