Infojus Noticias

Casi todos repitieron el acto mecánicamente: se sentaron frente a los jueces que componen el Tribunal Oral Federal 1, confirmaron sus datos personales y volvieron a su asiento en el banquillo de los acusados. Los once imputados por crímenes de lesa humanidad se ampararon ele derecho constitucional de guardar silencio. En una sala repleta y con parte del público de pie por la falta de sillas, tuvo lugar en Mar del Plata una nueva audiencia del juicio a los integrantes de la CNU acusados de conformar una asociación ilícita para perseguir y eliminar a opositores políticos entre marzo de 1975 y febrero de 1976.

El ex fiscal Gustavo Demarchi, acusado de seis asesinatos, fue el primero en negarse a declarar. Caminó con dificultad hasta el estrado y frente a los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler, Luis Imas y Alfredo Ruiz Paz, aclaró que su apellido se escribe todo junto. Luego volvió a su lugar.

Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, José Luis Granel, Roberto Alejandro Justel, Juan Pedro “Piero” Asaro y Raúl Rogelio Moleon, confirmaron sus datos personales, declararon su profesión, su último domicilio y volvieron a sus asientos. Por su parte, Raúl Viglizzo, Marcelo Arenaza y Fernando Otero hicieron lo mismo, pero además recordaron que no era la primera vez que estaban en pleito con la ley. Los tres estuvieron involucrados en el asesinato de la estudiante Silvia Filler, el bautismo de fuego de la CNU, ocurrido en 1971.

Mario Durquet fue el único que se salió del libreto. El ex profesor de Filosofía de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario bonaerense, que carga con la acusación de ocho asesinatos, atravesó toda la sala entre el público, y ante los jueces se quejó por la presencia de familiares de víctimas que tenían pañuelos con los nombres de las víctimas de la CNU.

“Siento vulnerado mi derecho de presunción de inocencia”, dijo sin ponerse colorado. Desde su punto de vista, los pañuelos con el nombre de las víctimas y la leyenda “asesinado por la CNU”, constituía una “violación a sus derechos humanos”. Además le reprochó al tribunal que lleva más de 4 años preso. “No es una prisión preventiva, es una condena previa”, lanzó casi en un grito.

José Galán, el defensor oficial que asiste a Durquet, fue quien le solicitó al tribunal que ordenara quitar los pañuelos de la sala. Los jueces se tomaron unos minutos para resolver y a pesar de la oposición de las querellas y la fiscalía, aceptaron el pedido del  defensor.

Luego de las declaraciones indagatorias, llegó el turno de la primera testigo del juicio. Lidia Ruggeri se desempeñó como prosecretaria de la Universidad Provincial de Mar del Plata por más de 25 años. Ocupaba ese cargo cuando las huestes de la CNU desembarcaron en la Universidad de la mano de las nuevas autoridades académicas, Eduardo Cincotta y Gustavo Demarchi.

Fernando Otero y Carlos “Flipper” González fueron parte del grupo que cumplía funciones como personal de seguridad dentro de la casa de altos estudios, y en noviembre de 1975 ambos viajaron a San Juan para asesinar al diputado Pablo Ramón Rojas. La víctima disparó antes de morir y se llevó a González de este mundo. Otero fue detenido y todos los caminos llevaban al juez de instrucción por el crimen del diputado, a la Universidad de Mar del Plata.

En ese contexto, Ruggeri recordó que Cincotta le pidió que modificara las resoluciones en las que se daba cuenta que Otero y González habían sido contratados por la Universidad. Ante la negativa la mujer fue amenazada. “En esa época había aparecido un cadáver en una bolsa cerca de la estación terminal de Mar del Plata y Cincotta me dijo que a mí o a mis hijos nos podía pasar lo mismo si no hacía lo que me pedía.  La verdad que me asusté, pero no hice lo que me pidió”.

La testigo también dijo que si bien el rector de la Universidad era Josué Catuogno, según su impresión, el poder  real lo ejercían Cincotta y Demarchi, en sus roles de secretario general y coordinador docente, respectivamente.

Cuando llegó el turno de las defensas para preguntar, surgió una nueva disquisición. Demarchi, quien ejerce su propia defensa, comenzó a interrogar a la testigo a pesar de la existencia de una resolución de la Cámara Federal de Casación que recomienda que el imputado no debería interpelar a los testigos si no es a través de un codefensor, para evitar la revictimización de las personas citadas a declarar. El fiscal federal Daniel Adler intentó revertir la situación, pero el tribunal dejó que Demarchi continué con el interrogatorio.

Otro rechazo al planteo de la defensa

Antes de comenzar con las declaraciones indagatorias de los acusados, el abogado defensor Horacio Insanti intentó una nueva maniobra para desacreditar a una de las testigos principales de la causa: Mirta Masid, ex pareja de Carlos “Flipper” González.

La respuesta del fiscal Adler no tardó en llegar: "Es la tercera vez que la defensa -en este caso a través de Insanti- trata de cuestionar un testimonio incontrovertible, que fue vertido primero en el Juicio por la Verdad, y luego ratificado ante un juez, bajo control de las defensas, a excepción de Demarchi que se encontraba prófugo en ese momento".

El enfrentamiento entre las partes llevó a un nuevo cuarto intermedio que finalizó cuando los jueces resolvieron rechazar cada uno de los planteos del defensor Insanti y advertirle que “evite plantear cuestiones oblicuas que erosionen el normal desarrollo de las audiencias".

La jornada  finalizó de manera intempestiva cuando el presidente del tribunal informó que uno de los jueces debía volver a Buenos Aires y que no había tiempo para recibir la declaración del segundo testigo de la jornada, el ex militante de la Juventud Peronista Universitaria, Jorge Casales. Aunque la decisión despertó el malestar y la queja del público, el juicio continuará el próximo 7 de septiembre con la declaración de cuatro testigos propuestos por la fiscalía.

FD/RA