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En Bahía Blanca se cumplieron las últimas audiencias del año en el juicio ”Armada Argentina” por delitos de lesa humanidad. Para la región, es un hecho histórico: es la primera vez que se juzga el rol de la Armada por delitos de lesa humanidad, con 25 imputados y 66 víctimas. “Ha sido un año positivo, declararon víctimas y familiares, y surgió nueva información sobre el accionar de la Armada y la Prefectura. Se acumularon detalles sobre el funcionamiento de los centros clandestinos y aparecieron nuevas víctimas”, dijo el fiscal José Nebbia a Infojus Noticias. El juicio, que se desarrolla en la Universidad Nacional del Sur, entró en receso hasta el 3 y 4 de febrero del año que viene.

El fiscal explicó que, al tratarse de una megacausa, se va “instruyendo” por tramos. “En los juicios anteriores, se había puesto la lupa en el Ejército. Ahora, por primera vez, se echa luz sobre la actuación en la Armada, algo que había estado silenciado durante años, pero aún estamos a mitad de camino”, dijo y se refirió a que desde la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos –que integra junto a Miguel Angel Palazzani- pidieron una nueva elevación a juicio por otro tramo de la causa, en la que pidieron se procese a 14 nuevos imputados. Sin embargo, el Tribunal rechazó la solicitud. “El riesgo sigue siendo la impunidad biológica, porque no se sabe cuándo serán juzgados estos represores”, enfatizó.

En las últimas jornadas, apareció el caso del militante desaparecido Daniel Carrá, secuestrado y detenido en Baterías –uno de los centros clandestinos emblemáticos de la Armada- el 26 de diciembre de 1976. Esa madrugada se encontraba en Punta Alta, en la casa de sus padres, cuando una patata “fuertemente armada” lo secuestró en presencia de su esposa. Daniel continúa desaparecido. “Esposado y encapuchado, fue trasladado al Centro Clandestino de Detención "Baterías", dijo su hermana Silva Carrá.

Otro de los casos que se trató fue el de Leonel Eduardo Sauviette, estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue secuestrado el 5 de abril de 1977, fecha en la que debía ser dado de baja del servicio militar obligatorio cumplido en la Base Naval Puerto Belgrano. Declararon Ruben Caviglia, compañero de militancia; su hermano, Javier Sauviette; y Patricia María Drago, ex novia. Leonel continúa desaparecido. “Como ocurrió con otras víctimas, los testimonios permitieron dar una precisión de cómo se lo secuestro. Los testigos dieron cuenta de la persecución previa a Leonel y de la preocupación que él tenía por su integridad física. En Puerto Belgrano lo apodaban ´el soldado rojo´ y ya había sido maltratado”, dijeron desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Una de las últimas víctimas que se ventiló en el juicio fue el de Elvio Alcide Mellino, quien ingresó a la Armada Argentina a cumplir Servicio Militar Obligatorio, en Base Naval Puerto Belgrano. El 3 de septiembre de 1976 un grupo de civiles armados allanó la casa de sus padres en La Plata. Mellino fue transferido de la sección Imprenta en Baterías. Luego desapareció. Tras largo tiempo sin recibir noticias del hijo, los padres de Mellino viajaron a Puerto Belgrano, donde las autoridades les informaron que su hijo había salido de franco para cumplir con una comisión en la ciudad de La Plata, el 24 de mayo de 1977. Al no regresar, fue declarado desertor. Elvio sigue desaparecido.

La Armada, centro estratégico de la represión nacional

Según Nebbia, la base Puerto Belgrano ocupó un lugar estratégico no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “Es una de las más grandes de América Latina. Desde allí, hubo varios jefes que fueron el cerebro de cómo organizar la represión. Por un lado, salen a la luz lo que pasó en los centros clandestinos, como el Buque mellizo al Belgrano que estaba amarrado al puerto, Baterías y la base de Prefectura en Ingenio White. Allí se torturaba, pero también había otros lugares que funcionaron como centros de derivación. Está el caso de la base de Comandante Espora, donde había detenidos que arribaban y partían hacia otros puntos del país, como la cárcel de Rawson o la Unidad 9 de La Plata”, precisó el fiscal, quien confió que a mitad del 2015 esperan la sentencia del juicio.

Entre los 66 casos se encuentran los de los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976. En los anteriores juicios, sucedidos en 2011-2012, y el otro en 2013, se había juzgado sólo la responsabilidad del Ejército. Aunque el empresario periodístico Vicente Massot no está acusado en esta causa, en el futuro podría existir una conexión directa por su rol en los asesinatos de Heinrich y Loyola. Entre las querellas se encuentran la Secretaría de DDHH de Nación, el Equipo Nikzor, la APDH y abogados de algunas víctimas.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, es el mismo que participó de los dos primeros juicios. Se trata de la causa 1.103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)". De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires. “Esta causa tuvo mucha dilación, acá tendría que estar sentado el ex presidente de facto Jorge Videla y en el medio se recusó a un juez que quiso frenar la investigación, pero para la ciudad es muy importante que haya comenzado”, confió una fuente judicial.

Se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez. Por el Ejército están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre. En el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila.

Uno de ellos, Guillermo Félix Botto, falleció insólitamente horas antes de la audiencia. Otros, ya recibieron condena en alguno de los dos juicios anteriores. También se analiza la conducta del integrante de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman –el mismo que condujo la investigación del asesinato de José Luis Cabezas- y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, jurisdicción de la Armada Argentina, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca. “Se está comprobando la coordinación entre el Ejército y la Armada para llevar adelante el exterminio en Bahía Blanca. El impacto en la sociedad es grande”, concluyó Nebbia.