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Ayer se realizó la octava audiencia del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la última dictadura cívico militar. Un exdetenido atestiguó sobre el rol que cumplieron las autoridades eclesiásticas. Aseguró que el capellán Coscarelli les "sacaba" datos de las confesiones y después entregaba esa información a los represores. También contó que el obispo emérito de esa provincia llegó a decir en una misa que “tenían que destrozarles el alma”.

Entre los testimonios que se escucharon ayer en este proceso denominado el “megajuicio” estuvo el de Aníbal Franklin Oliveras, un profesor de la Universidad Nacional de San Luis, que ya había declarado durante el primer juicio de lesa humanidad realizado en esta provincia en 2009. Oliveras describió cómo mientras estuvo secuestrado en la penitenciaría local descubrió junto a sus compañeros que el sacerdote Coscarelli, capellán del Ejército, extraía información durante las confesiones y luego se las pasaba a los represores. "Cuando nos dimos cuenta, lo hablamos y le dijimos que no volviera más, porque lo íbamos a matar. Y el cura no regresó” dijo ayer.

Oliveras también se refirió al accionar "patético" del obispo emérito de San Luis, monseñor Juan Rodolfo Laise. El testigo recordó que en una misa celebrada el 22 de noviembre de 1976, Laise "dijo que a nosotros tenían que extirparnos el alma", que en palabras de San Agustín se traducirían como "destrozar el cuerpo para salvar el alma".

Laise fue obispo de San Luis durante 30 años, hasta 2001. En 1976 le pidió al máximo responsable militar de la provincia que un sacerdote que había dejado los hábitos para casarse fuera secuestrado. Como el coronel se negó, el obispo prohibió a los curas locales que celebraran el matrimonio de su hija.

El testimonio de Oliveras fue similar al que brindó durante el primer juicio desarrollado en la provincia. Ayer habló de la fisura en el esternón que le produjo un golpe en el pecho que le dio el represor Carlos Pla, de un problema que acarrea en la espalda producto de las lesiones sufridas durante su cautiverio y de las secuelas de una otitis mal curada, producida con la tortura del "submarino”, en el centro clandestino de detención. El lugar se encontraba sobre la calle Chile, y Oliveiras logró identificarlo varios años después. Lo hizo de casualidad cuando entró a trabajar a la Universidad Nacional de San Luis y la institución alquiló esa casona a la vuelta del rectorado.

También identificó con nombre y apellido a algunos detenidos con los que compartió sus días y sobre los que había pocos datos. Ratificó lo dicho en el debate anterior: “pared de por medio” del lugar donde se infringían los tormentos, en la Jefatura de Policía, estaban el secretario federal, Carlos Martín Pereyra González, y el juez federal, Eduardo Allende, quienes no pudieron no haber escuchado las torturas a las que eran sometidos los detenidos que eran llevados ahí.