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Desde que recuperaron la libertad de un cautiverio de 22 meses y nueve centros clandestinos, los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino están convencidos de algo: cuando las puertas se cierran siempre queda un resquicio por donde volver a abrirlas. En junio de 2013, después de querellar durante décadas, la justicia federal de La Plata condenó a Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti -jefe y subjefe de la Brigada de Lanús- a 3 y 4 años de cárcel respectivamente por “vejaciones y severidades”. Habían sido casi dos años de golpes, extorsiones y sesiones de picana.

El fallo del Tribunal Oral Federal 1 dejó a los empresarios con una sensación amarga, cercana a la impunidad. Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández apelaron a la Cámara de Casación Penal y ahora esperan que lo revierta. Buscando ellos mismos las pruebas para aportar a la justicia, encontraron una base de datos, en una plataforma de la empresa Google, donde queda de manifiesto un método de la dictadura militar: el secuestro de empresarios para cobrar rescates millonarios o despojarlos de sus bienes.

El infierno

En todos los centros clandestinos por los que pasaron, algo obsesionaba a sus torturadores:

- Decime, hijo de puta, de qué manera hiciste tanta guita. Vos eras un muerto de hambre y en dos años te hiciste millonario.

La voz, muchas veces acompañada por un cachetazo, retumbaba en la oscuridad de la Brigada de Investigaciones de Lanús –que estaba en Avellaneda-, que para ahorrar eufemismos la policía bonaerense había llamado “El Infierno”.

- Decime cómo hiciste la guita o te reviento. Tu vida acá no vale nada- insistía la voz.

Hacía cuatro meses que los hermanos Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino eran arrastrados por las cárceles secretas de la dictadura: nueve en total. Hijos de comerciantes italianos pobres, católicos fervorosos, a los treinta años tenían un avión privado, siete empresas, cerca de 400 empleados y la voluntad de seguir expandiéndose. Sus captores querían saber cómo habían hecho tanta plata de la noche a la mañana. No los calmaba lo que Alejandro explicaba una y otra vez: que el plan económico que había ideado (“Plan Económico Expansivo General”) lograba romper con la intermediación, aumentar las ganancias y pagar mejor a los productores. Que trabajaban con once bancos y cuatro cooperativas, y con ese capital negociaban tasas de interés muy bajas y la inflación amortizaba su pasivo. A sus interrogadores, esas explicaciones técnicas los enfurecía más.

- A ver, pedazo de pelotudo. No entendemos lo que estás diciendo.

El aporte técnico

“Cuando yo les explicaba qué era un encaje bancario, el juego que nosotros hacíamos, los tipos nos golpeaban más. Se dieron cuenta que no sabían cómo preguntar ni cómo interpretar lo que nosotros les decíamos. De ahí en adelante, prepararon un equipo de técnicos para que los ayudara en los interrogatorios a otros empresarios. Nosotros fuimos los cobayos”, dice convencido a Infojus Noticias Alejandro, el mayor de los hermanos Iaccarino.

El año pasado, el área de Derechos Humanos la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó una investigación –basada en entrevistas y actas desclasificadas del organismo- donde quedaba en evidencia la complicidad del directorio del organismo con los mandos militares de la dictadura.

Uno de los casos testigo fue el secuestro colectivo en septiembre de 1978 de 28 personas de los grupos Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi, que habían intervenido directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham de la familia Graiver. Se los acusó de “subversión económica” y se los llevó a la cárcel de encausados de Campo de Mayo. El coronel Roberto Roualdes, a cargo de la operación, pidió a la CNV y al Banco Central ocho peritos para los interrogatorios.

En enero de 1979, Juan Alfredo Etchebarne, amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz, designó una comisión integrada por dos abogados y dos contadores para desempeñar tareas en el Comando del 1º Cuerpo de Ejército. Actuaron de manera rápida y eficiente. En marzo, el directorio del organismo financiero recibió una nota de felicitación por parte del ejército, para el personal que había prestado tareas en Campo de Mayo, destacando el “espíritu de trabajo y sacrificio” del grupo. Entre los sobrevivientes, hubo quienes detectaron la presencia de Etchebarne en los interrogatorios.

En abril de 2013, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención. Además de Etchebarne, el juzgado de Rafecas apresó al coronel (retirado) Francisco D’Alessandri, y al comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el agente civil de Inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, que ya estaban presos por otros crímenes.

Cruce de datos

Carlos y Alejandro Iaccarino –Rodolfo, el tercer hemano, murió en 2009- siempre fueron víctimas e investigadores del secuestro que sufrieron y el robo de sus empresas. Hace pocos días, Carlos encontró una página web que le llamó la atención: una nómina de 134 empresarios secuestrados durante la dictadura, con el detalle de las 377 firmas apropiadas, si cotizaban en la bolsa, ordenados cronológicamente por la fecha de secuestro y fuerza interviniente. Se trata de militares y policías bajo las órdenes del Primer y el Tercer Cuerpo de Ejército, y la policía Bancaria –que se dedicó especialmente a casos de lucha contra la “subversión económica”-. Esas tablas pueden llevarse a esquemas dinámicos donde puede dimensionarse el entramado de secuestros de empresarios durante la dictadura cívico militar.

Fuentes técnicas consultadas por este portal, afirman que los datos provienen de una investigación conjunta de la Secretaría de Derechos y la Comisión Nacional de Valores, que confirmó –esta última- la veracidad de la información, aunque no saben cómo fue a parar a un sitio público de Google. Los hermanos Iaccarino –que incluso consultaron un hacker- creen que la información proviene del browser de la multinacional: el entrecruzamiento de miles y miles de páginas de información.

- Mirá: acá estamos nosotros –dice Alejandro resaltando la particularidad-: en el medio del Primer y el Tercer Cuerpo.
Señala en el croquis los únicos tres círculos amarillos que proyectan líneas hacia los dos cuerpos del Ejército, marcados con círculos azules. Los puntos amarillos son ellos: el 4 de noviembre de 1976, a Rodolfo José, Carlos y su padre Rodolfo Genaro los llevan a Brigada de Investigaciones de la policía de la provincia de Santiago del Estero –que dependía operativamente del Tercer Cuerpo a cargo de Luciano Benjamín Menéndez-. Esa misma noche, secuestraron a Alejandro y su madre Dora Venturino, y los llevaron a la comisaría 23º de la Policía Federal. Les robaron bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una red formada por militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos.

En las tablas, y en la investigación de la Comisión Nacional de Valores, puede verse el orden cronológico en el que fueron secuestrados. La mayoría son entre 1978 y 1979, aunque hay desde 1976 hasta julio de 1983. El primer cautivo fue el dueño del lujoso hotel Corona en la capital de Tucumán, José Siderman, la madrugada del golpe de Estado. Estuvo detenido una semana. En 1996, por un decreto, el presidente Carlos Menem dispuso indemnizarlo por una cifra que nunca se supo exactamente.

Estos raptos tuvieron, en algunos casos, una coartada: la acusación de que las empresas, financieras o bancos de las víctimas financiaban a las “organizaciones subversivas”. Otros fueron más desembozados: fueron a engrosar cuentas personales o, según dicen los Iaccarino, a financiar las “Odessas”.

Las Odessas criollas

Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, y el régimen nazi se desmoronaba, hubo una red de colaboración secreta para que los cuadros altos e intermedios de las SS pudieran escapar hacia otros países. A esas cajas de dinero se las conoció como Odessas.

- Es incalculable la plata que recaudaron en concepto de pago de rescates y de bienes apropiados. En nuestro país funcionaron dos Odessas: una en el Banco Nación y otra en el Banco Central- dice Alejandro Iaccarino.

Los hermanos creen que quienes integraron estas Odessas se reinsertaron en sectores de clave del poder estatal o económico. Por eso, los hermanos son la punta de lanza de apoyo a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que se presenta como querellante en las causas e investiga la ruta del dinero y las actividades empresariales de muchos represores.