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16-5-2013|15:27|Derechos Humanos
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Está acusado de delitos de lesa humanidad
El ex juez Romano, más cerca de ser extraditado de Chile a Argentina
El ex camarista mendocino está prófugo en Chile desde 2011. La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado informó al ministro Sergio Muñoz sobre la viabilidad de la medida. Ahora la Corte chilena debe decidir el traslado del destituido magistrado para ser enjuiciado.
Romano está acusado por su rolcomo fiscal y juez subrogante, entre 1975 y 1983.
Avanza en la justicia chilena el proceso de extradición del suspendido presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Romano. El ex camarista está acusado de no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial, durante la última dictadura. La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado informó al ministro Sergio Muñoz sobre la viabilidad de la medida, informó Telam. Romano está acusado de crímenes de lesa humanidad durante su desempeño como fiscal y juez subrogante, entre 1975 y 1983.
Tras el rechazo de su solicitud de refugio político en el vecino país, se sigue contra el juez un proceso de extradición. Entre enero y febrero de 2012, Romano fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, que en un comienzo instruyó el proceso de en su contra. Luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.
Según informaron fuentes judiciales chilenas, en el informe presentado a Muñoz, la fiscal del máximo tribunal chileno consideró que "hay presunciones fundadas de la participación (de Romano) en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".
Actualmente, Romano cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en la localidad de Reñaca, en la costa chilena.
En septiembre de 2011, Romano llegó a Chile, mientras su destitución se resolvía en el Consejo de la Magistratura. Entonces el juez imputado por la privación ilegítima de libertad de 34 personas, privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos, solicitó refugio político. El gobierno chileno lo rechazó en mayo del año pasado.
En un escrito presentado en ese momento, aseguró que "en Argentina se ha maquinado una persecución política en mi contra, por parte del grupo político dominante". Asoció la persecución al fallo en el que en 2009 declaró la inconstitucionalidad de la ley sobre Servicio de Comunicación Audiovisual.
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