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El juez provincial Pedro Federico Hooft continúa bajo la lupa de la justicia federal por su actuación en la serie de secuestros y desapariciones de abogados y militantes políticos en 1977. En ese operativo, que se conoció como la “Noche de las corbatas”, sigue bajo análisis la actuación de Hooft, quien está acusado de no haber tramitado los habeas corpus ni las causas judiciales “a sabiendas de que” los secuestrados se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas. “Corresponde continuar con la producción de medidas de prueba, manteniendo vigente el llamado a prestar declaración testimonial”, sostuvo el juez Martín Bava en una resolución firmada ayer.

Además, el magistrado subrayó que la decisión del juzgado de enjuiciamiento que decidió mantener los fueros de Hooft no afecta el proceso del juicio que él lleva adelante. Aunque aclaró que al no quitarle los fueros, los integrantes del jury –que encabezó el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters- permitieron sostener la “estrategia” del acusado “de evitar que se efectivice la audiencia” amparado en su condición de juez. Por ese privilegio no puede ser llevado a declarar por la fuerza pública.

La causa que lleva adelante Bava incluye el secuestro y desaparición de varios abogados y varias de sus mujeres, que concretó la dictadura entre junio y julio de 1977, en Mar del Plata. En la denominada “Noche de las corbatas” detuvieron a once personas. Los primeros secuestros fueron en 48 horas: los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-. A ellos les siguieron otras detenciones en la siguiente semana: José Verde y su esposa, y María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron José Verde y su esposa, Ricci y Bozzi.

Pero ese megaoperativo –que contó con la asistencia de Concentración Nacional Universitaria (CNU)- había comenzado un mes antes con el secuestro en Neuquén de Jorge Candeloro –desaparecido- y Marta García –sobreviviente-, que fueron detenidos por pedido del Ejército y enviados a Mar del Plata en junio de 1977. Casi un mes después completaron las detenciones de los abogados que compartían la especialización de laboralistas y que habían defendido a distintos sindicatos. Además, se investigan otros cinco hechos que no integran esa razzia.

El juez Bava aclaró en su resolución de siete páginas –a la que tuvo acceso Infojus Noticias- que el proceso del jury sólo tiene el objetivo de “decidir si corresponde” el apartamiento del magistrado y puntualizó, citando a la Cámara Federal de Casación Penal, que “no persigue declarar la inocencia o culpabilidad penal” del juez.

Esa frase implicó, en los hechos, una respuesta a las atribuciones que se tomó el jury, donde la mayoría de los jueces tomó el planteo de Hitters, quien consideró que Hooft “cometió ciertos déficits” en su actuación. Sin embargo, Hitters agregó: “No encuentro suficientes elementos para decir que su accionar haya caído en los límites de los delitos de lesa humanidad o contra la humanidad que se le imputan”. Sobre esa base, sostuvo la decisión de no quitarle los fueros en los que se amparó para no concurrir a las reiteradas citaciones del juez Bava.

Además, en la cuarta página de su resolución, inmediatamente después de la aclaración sobre los alcances del jury, el juez Bava indicó que ese juicio político fue impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos y varios organismos de derechos humanos “ante las reiteradas incomparecencias del imputado a para que se presente a declarar”. Y precisó que él envió dos oficios al Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados donde aclaró que el proceso penal se encontraba  “en pleno trámite”.

El jury fue encabezado por Hitters e integrado por los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemiña; y a los legisladores Héctor Vitale (Frente Renovador) y Abel Buil (FAP) y Lucía Portos y Luciano Martini (Frente para la Victoria). Los únicos que votaron por la destitución –a fines de abril pasado- fueron Portos y Martini.

Además, el juez Bava solicitó a la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de la Provincia “el legajo personal, original y completo” de Hooft. También pidió la lista de personal que trabajaba a cargo de Hooft durante el período en que ocurrieron los secuestros y desapariciones investigadas.

Junto con esas medidas ordenó que el 3 de septiembre la Policía Federal tome fotos de los libros de movimientos de causas. Un día después deberá declarar –según el oficio librado por el juez a pedido del fiscal Horacio Azzolin- el ex fiscal Julio Strassera. E hizo lugar a la petición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para actuar como amicus curiae en la investigación: “esa institución posee ardua competencia en la materia vinculada a los derechos humanos, precisamente en donde se enmarcan los hechos que son materia de investigación en esta causa”, explicó Bava.