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El juez federal Ariel Lijo volvió de sus vacaciones  para reintegrarse y hacerse cargo del juzgado Federal N° 4, del que es titular, y ordenó “medidas urgentes para el aseguramiento de la prueba” de las denuncias realizadas por el fiscal Alberto Nisman. 

Hasta la semana pasada, al frente del juzgado se encontraba como jueza subrogante -durante la feria judicial- María Servini de Cubría. El juez Lijo ordenó incautar y asegurar todos los discos compactos de la Unidad Fiscal de Investigaciones del atentado a la AMIA donde están grabadas las intervenciones telefónicas y toda la documentación detallada en la denuncia.

Además, el magistrado le pidió a su par Rodolfo Canicoba Corral -titular del Juzgado Federal 6, donde tramita la investigación del atentado a la sede de la AMIA- todos los antecedentes y documentación vinculados a las intervenciones de esas líneas telefónica, según publicó el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Lijo tomó la determinación al conocer la noticia del fallecimiento del fiscal Nisman y, según trascendió, analizará la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios. 

Hoy la subrogancia de ese juzgado debía pasar a manos del juez federal Julián Ercolini, algo que no se concretará debido a la vuelta del juez de su licencia. La semana pasada, mientras subrogaba el juzgado de Lijo, Servini de Cubría rechazó habilitar la feria judicial de enero para tratar la presentación argumentando que "no encuadra en ninguno de los supuestos que deben ser tratados durante la feria judicial".

Aun cuando la denuncia pueda tener "gravedad institucional" en este caso "no se han acompañado los elementos probatorios que sustenten sus solicitudes", explicó la jueza en la resolución del jueves pasado.

En su presentación, el fallecido fiscal especial de la causa AMIA acusó a la Presidenta, al canciller y a otros políticos por el delito de encubrimiento del atentado. En su denuncia deslizó que se selló un pacto con Irán para asegurarles impunidad a los funcionarios sospechados por el atentado a la mutual judía en 1994.