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Durante la "Tercera Jornada Nacional de abogados y abogadas en causas por crímenes de lesa humanidad", unos 150 letrados y fiscales debatieron viernes y sábados pasados sobre los obstáculos que tienen las partes acusadoras a la hora de la presentación de las pruebas de imputación en causas de responsabilidad civil y los distintos estándares que utilizan los operadores judiciales para su juzgamiento. “Nuestro proceso de justicia está siendo visto por el mundo como inédito y de vanguardia, pero todavía queda mucho”, destacó al final de la jornada la directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, que estuvo a cargo de la apertura de las jornadas junto con el abogado Pablo Llonto y el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.

La responsabilidad judicial y empresarial durante el terrorismo de Estado fue el eje de debate que se inauguró con la presentación de la situación actual de tres casos paradigmáticos de complicidad civil-empresarial: la Veloz del Norte, Ford y Ledesma, relatados por abogados y fiscales que intervienen en dichas causas. De la misma forma, se presentaron las causas que tienen como imputados a ex magistrados o fiscales: como los casos conocidos de Manlio Martínez, Brusa y Romano/MIret.

También se discutieron los últimos fallos que representan un retroceso en el proceso de juzgamiento de la complicidad civil en los crímenes de la dictadura militar. Uno de ellos, el que favoreció a los empresarios Carlos Blaquier y su segundo Lemos, que estuvieron imputados en la llamada “Noche del Apagón”. También el fallo que descartó indagar a los sospechosos de haber apropiado ilegalmente a Papel Prensa, y el que favoreció al empresario periodístico Vicente Massot, dueño de la Nueva Provincia.

“Es importante destacar, además, que estas jornadas se hicieron por segunda vez en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Para nosotros es una gran alegría que se hagan allí porque en ese espacio que en un momento contuvo mucho horror y dolor, hoy lo utilizamos para pensar entre todos estrategias colectivas que respondan a las defensas de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo los que se cometieron en la ex ESMA”, agregó Oberlin. Y destacó la participación de varios fiscales, con quienes deben mantener “una comunicación fluida y pensar estrategias conjuntas, porque somos las dos partes acusadoras”.

“Cuando se trata de los dueños nos ponen cepo”, sintetizo Auat, que también agrego: “Si con los organismos de derechos humanos y familiares conseguimos blindar el compromiso, no va a haber nunca impunidad”.

Las jornadas contaron con la participación de Omar Palermo, miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y la charla magistral a modo de cierre del jurista Julio Maier. Palermo disertó sobre los criterios de imputación en casos de responsabilidad civil por crímenes contra la humanidad. “Me pareció un tema muy importante el tema que han elegido para el debate. Y sobre todo para el momento político actual. Lo que demostró la dictadura es que de algún modo el poder judicial es el garante del poder político.” Así comenzó su exposición y agregó que esta discusión es “de importancia para el proceso de memoria, verdad y justicia, pero también el debate es importante para la democratización de la justicia.”

“Si bien existe una fiscalía especial para los casos, debería contar con más competencia”, sugirió Maier, que se mostró en contra de juzgar a condenados por graves delitos de lesa humanidad. “No tiene sentido perseguir penalmente a quien tiene condena máxima, y esto no significa perdonar, sino dedicar esfuerzos a quienes no han sido juzgados o condenados”, explicó el prestigioso jurista.

LB/RA