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La causa contra Raúl Viglizzo, uno de los ideólogos de Concentración Nacional Universitaria (CNU), fue elevada a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Su caso se suma a los de otros diez acusados en la causa donde se investigan varios delitos de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado de 1976. El expediente, donde se juzgarán los asesinatos de la noche del “Cinco por uno” y otros crímenes, había sido elevado en diciembre del año pasado pero “el rengo” Viglizzo se mantenía prófugo y se entregó en enero pasado.

“Se lo consideró prima facie coautor responsable de los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes (5 hechos) en concurso real, cometidos en perjuicio de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg”, indicó el juez federal Santiago Inchausti al sumar su caso al de los otros integrantes de la “asociación ilícita” –tal como se definió en el expediente- que fue la agrupación CNU, que comandó el empresario marplatense Ernesto Piantoni.

La causa donde Viglizzo está acusado investiga los crímenes producidos por ese grupo paramilitar entre febrero de 1975 y marzo de 1976. Allí también fueron procesados procesados Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Juan Pedro Asaro, Luis Roberto Coronel, Mario Ernesto Durquet, José Luis Granel, Roberto Alejandro Justel, Raúl Rogelio Moleon y el militar retirado Fernando Alberto Otero. Además, está imputado Gustavo Demarchi, que en aquellos días era fiscal federal de Mar del Plata y es considerado “organizador de la asociación ilícita”.

En esos onces meses que precedieron el golpe, la organización la CNU cometió una serie de crímenes que comenzaron con la madrugada en la cual salieron a vengar la muerte de Piantoni, asesinado el 20 de marzo de 1975 por un comando de Montoneros. Según varios testimonios, los crímenes se pergeñaron en el mismo velatorio.

Piantoni era un abogado egresado de la Universidad Católica de Mar del Plata, tenía el monopolio local de la distribución de golosinas y cigarrillos, era miembro fundador del Sindicato de Abogados Peronistas, asesor legal de la CGT local y coordinador de los cursos de Doctrina Peronista. Pero por sobre todo eso, o tal vez como costura de todo eso, era el máximo dirigente de la CNU marplatense.

En las horas siguientes su muerte, un grupo de la CNU marplatense –asistido por varios hombres llegados desde La Plata- secuestraron a Bernardo Goldenmberg, que apareció muerto. Cerca de las ocho mataron al teniente primero (RE) Jorge Videla y a sus hijos Jorge y Guillermo. También, a Enrique “Pacho” Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray.

Si bien a Viglizzo –detenido en el penal de Marcos Paz- se lo juzgará por esos cinco crímenes, la causa incluye los secuestros y asesinatos de Daniel Gáspari, Jorge Stoppani y la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi, a quien secuestraron y asesinaron para asegurarse el control de la casa de estudios.

En enero pasado, cuando Viglizzo al Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata acompañado por su abogado Horacio Insanti, se reavivó un tema que subyace detrás de cada prófugo: ¿quién paga los gastos de la fuga de los imputados por delitos de lesa humanidad? Y en su caso ese estado se mantuvo durante cuatro años y terminó por su propia decisión.

Ese tema está siendo abordado en varias causas judiciales. Una de ellas apunta sobre los integrantes de la CNU que contaron con una red que les permitió vivir varios años en la clandestinidad con dinero, vivienda y documentación apócrifa. La causa está a cargo del fiscal Pablo Larriera, quien investiga cómo se sostuvo Viglizzo y cómo es que aún están Eduardo Salvador Ullúa y Fernando Delgado.