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El narrador de la novela “Bahía Blanca”, de Martín Kohan, dice: “Ninguna persona que yo conozca ha dicho jamás nada bueno de Bahía Blanca”. Las razones esgrimidas solían ser, entre otras, las siguientes: el clima adverso, con entradas de fríos oceánicos; la renuncia al mar; la arquitectura casi siempre ingrata; y la presencia agobiante del clericalismo y una predilección general por el militarismo. Y remata: “Tiene la ideología social más retrógrada del país, de la que el diario local, la Nueva Provincia, se erigía sin descanso en vocero y en artífice”.

Estos últimos días la ciudad industrial, la ciudad universitaria, la última frontera de Buenos Aires que es la puerta de acceso a la Patagonia, vivió una semana particular. Vicente Massot, director de La Nueva Provincia (LNP), uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, declaró durante dos horas ante la Justicia Federal, mientras los ojos del mundo posaron sobre él. Lo que nadie hubiera imaginado es que allí, en Bahía Blanca, la cuna del pensamiento militar, se daría un hecho inédito: fue la primera vez que el dueño de un medio periodístico habló en calidad de imputado por delitos de lesa humanidad.

Ahora el juez Álvaro Coleffi, quien dictó secreto de sumario sobre su declaración, deberá decidir si la justicia lo someterá a indagatoria. En la fiscalía hay expectativa. Y la opinión pública se hizo eco de lo que fue un suceso histórico para comprender la complicidad civil en la dictadura. El periodista Osvaldo Papaleo, hermano de la viuda del ex propietario de Papel Prensa David Graiver, dijo que a Massot "no lo llamaron por una evasión fiscal, por un problema empresarial", sino "por un delito de Lesa Humanidad que es lo que nosotros encaramos con (Héctor) Magnetto, con (Bartolomé) Mitre, con Ernestina de Noble", en referencia a los diarios Clarín y La Nación. Habló, además, de la estrecha relación entre la revista de ultraderecha “Cabildo” –donde Massot era periodista- y LNP. “En el caso nuestro, estábamos en un campo de concentración en puesto Vasco, en el partido de Quilmes. Allí había revistas de Cabildo, era un lugar muy promiscuo, donde escuchábamos los golpes, los interrogatorios sobre qué giraba lo de Jacobo Timerman. Y aportó un dato revelador: ”Jacobo Timerman era interrogado por los redactores de La Nueva Provincia que ahora quiere desligarse de Cabildo, diciendo que no tenían nada que ver y eso es mentira”.

Las repercusiones en el ámbito local fueron de sorpresa y de marcada alegría.  “Nadie imaginó a Massot sentado en el banquillo de los acusados. Ni nosotros mismos. Bahía Blanca es una ciudad bastante conservadora, y fuimos un pequeño grupo que en más de treinta años de democracia no dejó de luchar para que se conozca la verdad. La Nueva Provincia tiene mucho poder y un gran consenso social. Se dio el primer paso para quebrar ese pacto”, dijo Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). En Bahía Blanca, nunca hubo marchas multitudinarias contra la dictadura. A diferencia de las grandes ciudades del país, tampoco existió una fuerte presión de las instituciones estatales. “Recién ahora nuestra universidad está investigando qué pasó con las más de 300 víctimas que tuvimos por la represión. Se tardó mucho, y es una responsabilidad social”, reconocieron desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad del Sur, creada hace tan sólo unos años después de una reñida votación en el Consejo Superior.

“En Bahía se rompió el cerco de la impunidad”, opinó el fiscal Hugo Cañón, uno de los que impulsó la investigación de los "Juicio de la Verdad”, en 1999. “Bahía Blanca fue uno de los centros represivos alejados del Gran Buenos Aires donde más estrecha era la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. La represión se diseñó desde las páginas del diario, con propaganda militar, con una mentira sistemática y un ocultamiento de los hechos que estuvieron al servicio del horror”. Y luego agregó: “Al mismo tiempo, fue un diario que funcionó como editorialista de la Marina, que siguió los pasos de la famosa ´acción psicológica´ que predicaba el represor Acdel Vilas: propagar miedo para arrasar con el terror. Fue eslabón fundamental de una fuerte complicidad civil”.

Horas antes de la llegada de Vicente Massot al Juzgado Federal el martes pasado, las calles del centro fueron separadas por vallas y patrulleros. El amplio operativo policial, según Cañón, fue una “burla”. Un despliegue semejante ocurrió cuando declaró Alfredo Astiz. “A Massot se lo protegió tanto como a Astiz, y no es casual. Massot es una persona que no dudó en defender a los nazis, a los fascistas, y que sacó homenajes a Videla y a Massera cuando ambos murieron. Se le acabó la impunidad. Hasta el diario El País de España se hizo eco de su declaración. Esto es inédito y era absolutamente impensado”, dijo.

La Nueva Provincia, paradigma de la complicidad civil

-Empresario, periodista. Ponga periodista.

Esas fueron las primeras palabras de Vicente Massot cuando le preguntaron sobre su profesión. Se mostró calmo, junto a su abogado Rubén Diskin, como si hubiera ido a resolver un trámite judicial. Pero los que estaban cerca vieron cómo le tembló la mano cuando acomodó su documento en la billetera.

Fuentes judiciales confiaron a Infojus Noticias que su procesamiento será inminente. En Bahía Blanca, ya se celebraron dos juicios por delitos de lesa humanidad. Las causas fueron reagrupadas en lo que se denominó como “Causa Ejército 1 y 2”. En una de sus sentencias, la Justicia Federal Federal ordenó investigar a LNP por el asesinato de dos obreros. Luego, la fiscalía especializada en la investigación de delitos de lesa humanidad, a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia, agregó el factor ideológico: se lo imputó por encubrimiento y complicidad con la última dictadura. Su causa estaría dentro del próximo juicio, conocido como “Causa Armada”.

La citación de Massot, rechazada en primera instancia por el juez Santiago Martínez -que alegó “legítima libertad de expresión” y no consideró la imputación- fue apelada por los fiscales y luego ratificada por la Cámara Federal, que entendió que LNP cometió un accionar criminal en el marco de una asociación ilícita con el Ejército y la Armada. La instrucción que la fiscalía empezó el año pasado dentro de la causa “Armada” demostró que el diario predicó la construcción de un enemigo. Lo más importante es que no sólo identificó “fuerzas agresivas que amenazan a la Nación”, sino que se pronunció por algo mayor: a ese enemigo, decía el diario en sus extensas editoriales, había que aniquilarlo.

¿Cuál es el panorama que se viene? Los fiscales están aguardando que el juez Coleffi le prohíba a Massot la salida del país. En consecuencia, el periodista sería indagado sin ningún tipo de obstáculos. Como aún se está reuniendo la prueba de los casos, no trascendieron detalles de la investigación. Esta agencia pudo saber, sin embargo, que a Massot se lo imputa como ideólogo en “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas. El único caso que trascendió es el de Mónica Morán, docente, actriz y poeta, secuestrada y asesinada por personal del Ejército el 13 de junio de 1976. Pocos días después, los militares simularon un falso enfrentamiento en una casa antigua de la ciudad. En la vereda, tiraron el cadáver de Mónica y de otros militantes. Dijeron que los militares se sintieron sorprendidos por “un ataque terrorista” y debieron defenderse. La NVP cubrió el hecho y publicó fotos: uno de sus fotógrafos era agente de inteligencia de Prefectura Naval. Defendió “la gesta heroica de nuestros militares patriotas”. Y, claro está, legitimó la mentira: avaló la versión del enfrentamiento.

Hace unos días, fiscales de diferentes puntos del país se reunieron en la Procuración General de la Nación en el marco de una jornada sobre complicidad empresarial durante la última dictadura militar. El titular de la Procuraduría, Jorge Auat, que estuvo presente en la declaración de Massot, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre participación de empresarios en crímenes contra la humanidad. "Para la dictadura, los desaparecidos y muertos eran parte del costo del progreso", indicó. "Pero hablamos de dictadura cívico-militar. Quiénes son los cívicos: no sólo el Poder Judicial que los protegió, sino los grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura".

El caso de La Nueva Provincia sentará un precedente histórico en la investigación de la parte civil de la dictadura. Otros diarios del país, como “El Día” de La Plata, fueron acusados por organismos de derechos humanos y aún no hubo respuesta judicial. Es preciso entender que el rol de la prensa en la represión no puede analizarse por separado. La complicidad civil es un entramado complejo, de acción directa con el aparato represivo comandado por las Fuerzas Armadas y las cúpulas policiales, que relaciona empresarios con jueces, médicos con periodistas, en una red infinita con una gran cantidad de agentes de inteligencia civiles aún no identificados. Así lo ejemplificó Miguel Palazzani, sobre el caso de Bahía Blanca: “En el caso de los obreros asesinados, pedimos no sólo la investigación de Massot, sino del exjuez Francisco Bentivegna, que archivó la causa de uno de ellos, Miguel Angel Loyola, cuando su mujer le dijo en varias oportunidades que su crimen fue un castigo por su lucha sindical en el diario. Los poderosos se cubrían entre ellos, pero les llegó la hora. Hoy, 38 años después, Massot y Bentivegna son investigados. Lento pero llega”.