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La noche del 31 de marzo de 1964, los militares brasileños corrieron del poder al presidente constitucional João Goulart, apodado cariñosamente ‘Jango’ por el pueblo. Las fuerzas armadas instauraron un régimen que duró hasta 1985. Fue  una de las dictaduras más largas de la región. Esta semana se cumplieron 50 años de ese golpe de Estado. La dictadura brasileña hizo uso de los recursos comunes con su par argentina: violaciones a los derechos humanos, censura en todos los ámbitos, terrorismo de Estado y desmovilización social. También hubo diferencias. María Paula Araújo es doctora en Ciencia Política por el Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro y profesora asociada de Historia Contemporánea en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Infojus Noticias la entrevistó para comparar las dictaduras argentina y brasileña.

En las actas de la dictadura argentina descubiertas en octubre puede verse la influencia que ejercía el ministro de Economía José Martínez de Hoz. En su Carta Abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh denunció el accionar de congelar “salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas”, y desnudó la alianza entre represores y sectores financieros. En la Argentina de esos años se desmanteló la industria nacional y se extranjerizó la economía, abriéndola al capital financiero: para 1981, la deuda externa llegó a los 40.000 millones de dólares.

Brasil tomó otro camino. “La dictadura tenía un plan de desarrollo económico, industrialización y modernización conservadora y autoritaria. Eso hizo que sectores de la población apoyaran el golpe”, dice Araújo. En ese sentido, las interrupciones en el gobierno constitucional del país no significaron el fin de la industrialización, sino que profundizaron el proceso comenzado en los años ’30 por el gobiernode facto de Getúlio Vargas. “Por el plan económico de la dictadura, hubo articulación entre empresarios y militares. Pasó a lo largo de toda la dictadura, y no era sólo apoyo, sino también financiamiento”, cuenta Araújo.

La historia del empresario danés Henning Albert Boilesen, radicado en Brasil, es una metáfora de esta articulación. Boilesen fue presidente de la empresa Ultragás y financió la Operación Bandeirante, un centro de informaciones e investigaciones que coordinaba las acciones militares contra las organizaciones guerrilleras. El danés cayó muerto a tiros en 1971 por militantes de las organizaciones de izquierda Acción Libertadora Nacional (ANL) y el Movimiento Revolucionario Tiradentes (MRT), que denunciaban que su víctima presenciaba sesiones de tortura. En algunas de ellas decían, incluso, que se usaba la Pianola Boilesen, una moderna máquina de electroshock que fue bautizada en su honor porque él mismo la había traído del exterior.

El historiador Pedro Henrique Pereira Campos dice que los principales grupos económicos crecieron como nunca antes en el período 1964-1985. “Hoy esas empresas son conglomerados. Se multiplican con otros nombres, de porte internacional, como la Odebrecht y la Camargo Correa. Los grupos que se fortalecieron en aquel momento poseen amplio poder económico y político en el Brasil actual”, dijo. Ultragás, la empresa del colaborador Boilesen, por ejemplo, es hoy subsidiaria del Grupo Ultra, uno de los mayores grupos empresariales privados de Brasil.

Violaciones a los derechos humanos y Plan Cóndor

La dictadura argentina es recordada, junto con la chilena, como dos de las más sanguinarias del período. En Argentina hay treinta mil desaparecidos. Aunque en Brasil hubo menos desapariciones –se estiman mil- no se quedó atrás en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Araújo la divide en tres períodos: “Durante la primera parte, entre 1964 y 1968, la represión fue direccionada contra todas las personas que se manifestaban contra el régimen. Asociaciones sindicales, militantes comunistas y de ligas campesinas debieron irse para no ser cazados, y hubo muchos que fueron presos o muertos. De 1968 a 1974 fue el período más duro, cuando recrudeció la violencia y aumentaron los desaparecidos. Desde 1974, bajo el gobierno de [Ernesto] Geisel, empezó un período llamado ‘de distensión’, preparando la transición, aunque la violencia no paró”. En 1975, por ejemplo, el periodista Vladimir Herzog fue torturado hasta la muerte por sus vínculos con el Partido Comunista. Este hecho generó la primera manifestación popular contra la dictadura.

Brasil participó del Plan Cóndor. Para cuando empezó, en 1975, ya habían eliminado a las guerrillas urbana y rural. Por eso, su papel fue el de “intercambiar información sobre militantes exiliados y conformar grupos de operaciones binacionales, ya que el país tiene muchas fronteras y mal vigiladas por donde se filtraban los guerrilleros”, dice Araújo. Ése es el caso del militante de Montoneros Norberto Habegger, capturado en 1978 en el aeropuerto de Río de Janeiro cuando intentaba llegar a la Argentina para participar de la Contraofensiva. Habegger continúa desaparecido desde entonces.

Transición democrática, juicio a los responsables y políticas de memoria

“Brasil se planteó tres mecanismos al salir de la dictadura: memoria, justicia y reparación. Juicios y responsabilidades nominales no hubo: los autores están protegidos por la Ley de Amnistía de 1979”, dice Araújo. Esa ley continúa vigente pese a los intentos de derogarla. Araújo cuenta que llegó a pedírsele al Supremo Tribunal Federal (el equivalente a la Corte Suprema) que declare su inconstitucionalidad y el órgano la refrendó. Esto contrasta con la ley de auto-amnistía de los militares argentinos, derogada por Alfonsín poco tiempo después, lo que permitió el Juicio a las Juntas de 1985.

En 2011 fue creada por ley la Comisión Nacional de la Verdad, que se instauró oficialmente en 2012 para trabajar durante dos años. Está formada por siete miembros nombrados por el poder ejecutivo y tiene por objetivo investigar violaciones a los derechos humanos entre 1946 y 1988 (la fecha es más amplia que la de la dictadura por presión de los militares). La comisión se organiza en diversos grupos de trabajo que investigan de forma específica algunos tópicos como el golpe de 1964, la estructura represiva, el Plan Cóndor, la relación entre dictadura y justicia, entre otros.

Para Araújo, lo que más se trabajó en democracia es la política de reparaciones, ya sea morales, como el retorno de profesores universitarios exonerados por la dictadura, o financieras. Respecto de la memoria, dice Araújo, “la comisión está revisando las cosas. Lo que está pasando es interesante, varios estados y universidades crearon comisiones propias, y esa proliferación sirve para la investigación más local. Río de Janeiro, el estado donde más represión hubo, creó su comisión y sirvió para esclarecer el caso de Rubens Paiva”. Este diputado federal, cuyo mandato fue cesado por la dictadura, fue desaparecido en 1971 y su muerte no fue confirmada sino hasta febrero de este año por la comisión, que además acusó a un ex teniente del ejército como responsable del crimen.

La creación de la comisión recibió todo tipo de presiones. Su plan original fue variando por las presiones militares, e incluso los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea amenazaron con renunciar al conocerse el proyecto de creación, diciendo que el plan era “insultante, agresivo y revanchista” contra los militares. Los presidentes de los clubes Militar, Naval y Aeronáutico divulgaron un comunicado afirmando que la propuesta causaría “división entre los brasileños” y que debían investigarse también los crímenes de la izquierda. También se crearon comisiones paralelas para investigar esos crímenes.

Pese a todo esto, el trabajo de la comisión continúa, y sus miembros y auxiliares van por todo Brasil realizando audiencias públicas mostrando los resultados de las investigaciones. La última fue el martes 25 de marzo en Río, donde se habló del centro de detención “Casa da Morte” en la ciudad de Petrópolis y contó con la participación de su detenida más célebre, la exguerrillera Inés Etienne Romeu, quien fue violada y torturada durante tres meses pero sobrevivió para contarlo.