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Es un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): un grupo de comunidades indígenas se agruparon como asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) y reclaman desde hace 30 años que se relocalicen unidades productivas de familias criollas que se encuentran en territorios de las comunidades. Esta semana hubo una reunión entre funcionarios nacionales y provinciales para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que realizó el organismo internacional.

Desde 1984 varias comunidades que habitan en el Chaco salteño reclaman al gobierno de Salta para que se titulen sus tierras de uso tradicional que se encuentran en el departamento Rivadavia de esa provincia. Muchas de ellas pertenecientes a la etnia wichí. Como Francisco Pérez, actual coordinador de la asociación. En septiembre pasado, durante unas jornadas en la Facultad de Derecho de la UBA en las que se discutió sobre el “Territorio y los derechos humanos”, fue claro con respecto al conflicto: “Esto no termina, estamos cerca de recuperar 400 mil hectáreas que van a ser de libre ganadería”.

La historia de la lucha de estas comunidades tuvo idas y vueltas. En 1991 un decreto del gobierno provincial se comprometió a efectivizar la entrega de los territorios pero esto no se concretó. En 1996 las comunidades tomaron pacíficamente de un puente en construcción y tras los años y agotados los reclamos internos en 1998 fueron, patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En esa instancia internacional se logró un acuerdo que luego se representó mediante un decreto del gobierno de Salta asignó 400 mil hectáreas a favor de las comunidades indígenas que habitan los lotes 55 y 14, y destina 243 mil hectáreas para las familias criollas. Se trata, en el caso de las comunidades, de los territorios registrados como “lotes fiscales 55 y 14”. El caso representa los obstáculos que el poder judicial pone para los reclamos indígenas y que tuvo su final en la Corte Suprema de Justicia que en 2008 ni siquiera trató el tema porque consideró que “no es competencia originaria”.

La reunión

Ayer representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la provincia de Salta tuvieron una reunión de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la CIDH al Estado Argentino.

“La idea de la reunión es analizar los avances del cumplimiento de las recomendaciones que hizo en su momento de la CIDH y ver en qué sentido avanzamos para, en concreto, continuar con el cumplimiento de esas recomendaciones y con cada punto que nos toque abordar a futuro en conjunto con la provincia de Salta”, dijo Brian Schapira, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaria de DDHH. El conflicto territorial incluye a 71 comunidades indígenas de las etnias wichí, iyjwaja, qom, nivacklé y tapy’y, y unas 400 familias criollas, explicaron en un comunicado desde la Secretaria.

De la reunión además participaron la directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Jimena Psathakis; el director general de Asuntos Jurídicos y Negociación Internacional, Ramiro Badía; el coordinador rjecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia; y Pilar Mayoral, abogada del Área Internacional a cargo del caso.

Además, se encontraban presentes el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Gustavo Peters, y el director de Reafirmación de Pueblos Originarios del (INAI), Nicolás Torres.Y por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, Javier Salgado, y Gonzalo Bueno, abogado a cargo del caso.

Por el Gobierno de Salta estuvieron el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras; el secretario general de Gobierno, Ramiro Simón Padrós; el coordinador general del Ministerio de Asuntos y Desarrollo Comunitario, Martín Wierna, y la coordinadora de la Unidad Ejecutora Provincial, Florencia Liñis.