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El segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención El Vesubio, que empezó en febrero, entró hoy en su etapa final con el inicio de los alegatos acusadores ante el Tribunal Oral Federal 4, que juzga a cinco procesados por 204 privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios durante la dictadura cívico militar. Para la fiscalía, en El Vesubio se torturaba para "la obtención de información" y para ello se daba "rienda suelta al empleo de todos los medios en lo que se consideraban zonas candentes". Según argumentó allí se hacía el "análisis y decisión sobre si debía seguir interrogando al cautivo o se lo trasladaba". Se calcula que por "El Vesubio" pasaron 1.500 detenidos-desaparecidos, entre ellos el guionista Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti. En el banquillo de los acusados están sentados Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis.

Crespi, bajo el apodo de Teco -teniente coronel-, fue jefe de inteligencia de la X Brigada de Infantería a cargo de la subzona 11, de la que dependía El Vesubio, ubicado en autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido bonaerense de La Matanza, bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X con asiento en el barrio de Palermo.

Minicucci Y Svencionis fueron jefes del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada, mientras que Cacivio actuó como jefe del centro clandestino de detención con el apodo de El Francés y el penitenciario Cendón fue operativo bajo el apodo de Castro.

Entre los casos que se ventilaron están los de los detenidos desparecidos Roberto Luis Cristina, máximo dirigente del partido Vanguardia Comunista, de María Teresa Trotta, Roberto Castelli y Laura Isabel Feldman.

En el primer juicio, el 14 de julio de 2011 fueron condenados a prisión perpetua por crímenes en "El Vesubio" el general retirado Héctor Gamen y ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli.Ambos militares fueron condenados junto a cinco ex agentes penitenciarios, cuyas penas oscilaron entre 18 y 22 años de prisión.