Infojus Noticias

El diputado Héctor Recalde (FPV) presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral “de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar”. Tendrá como objetivo elaborar un informe para identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con los delitos cometidos mediante el terrorismo de Estado, y analizar las consecuencias de las políticas llevadas adelante durante la dictadura. La presentación pública se realizó en el anexo del Congreso, y contó con la participación de  Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados; Horacio Verbitsky, presidente del CELS; y Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores.

“La idea es seguir el camino que comenzó Néstor Kirchner, de buscar Memoria, Verdad y Justicia”, dijo a Recalde a Infojus Noticias minutos antes de empezar la presentación. Adelantó que la nueva comisión “podrá requerir informes tanto a organismos públicos como a empresas u organismos privados” y afirmó que “es tratar de que cese la impunidad”. La comisión tendrá la tarea de identificar a los autores, cómplices, encubridores o partícipes necesarios “de los delitos que tuvieron una motivación económica”.

El diputado aclaró que “hay muchos ejemplos de empresas y directivos procesados por su vinculación con la represión, pero ahora también se trata de analizar los delitos económicos y profundizar ese proceso”. Ejemplificó que “Domingo Cavallo era presidente del Banco Central cuando se nacionalizó la deuda privada en 1982, y eso hay que investigarlo”, aunque aclaró que “el proyecto no tiene nombre y apellido” sino que buscará echar luz sobre todos los delitos con motivaciones económicas que sucedieron en el período de 1976 a 1983.

Las pruebas o testimonios serán recogidos mediante audiencias en las que se recurrirá a la participación requerida y voluntaria de organizaciones no gubernamentales, académicos, empresas y cámaras empresarias, particulares, asociaciones sindicales, partidos políticos y dependencias de los Estados municipales, provinciales y nacional. Además, la comisión podrá realizar propuestas complementarias para “forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia”. Estará compuesta por un representante del Poder Ejecutivo, 4 diputados y 4 senadores.

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, celebró el proyecto de ley. En su libro “Cuentas Pendientes”, publicado el año pasado en coautoría con Juan Pablo Bohoslavsky, sugirió la creación de una comisión especial como esta. “Una comisión que emulara el trabajo de la Conadep pero en lo referido a los crímenes económicos o motivados por fines económicos”, explicó a los medios. Afirmó que “es un momento virtuoso de la democracia argentina”, en que el sistema político “no está empotrado, sino librando todas las batallasque hay que dar para demcratizar la democracia”.

El periodista recordó que en la Causa 13, “se pasó revista a una cantidad de episodios en los que se verificaba la complicidad con el poder económico”, pero el diseño de política criminal que se aplicaba sólo apuntaba a juzgar a los jefes de las primeras juntas militares. “Se seguía la pirámide de responsabilidades y no había posibilidad de juzgar a otro. El único que iba preso era Videla”, lamentó. La etapa actual de los juicios por los crímenes de lesa humanidad demostró que es posible avanzar sobre la complicidad civil de empresarios y directivos de empresas que se beneficiaron económicamente con esos crímenes y aportaron algún tipo de asistencia para que fueran cometidos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo que “faltaba este paso en la investigación de la complicidad civil con los crímenes de la dictadura”. Agregó que los grupos del poder económico que participaron en la comisión de esos delitos “no están desarmados, y operan con amenazas y extorsiones de todo tipo”. Este tipo de prácticas fue denunciada hace algunos meses por los querellantes en la causa de la Noche del Apagón, en la que está involucrado el Ingenio Ledesma y se investiga a su dueño, Carlos Pedro Blaquier.

A la presentación en el anexo del Congreso asistieron diputados y senadores como Gastón Harispe, Juan Cabandié, Remo Carlotto, Horacio Pietragalla, Liliana Mazure y Adela Segarra, entre otros. También se hicieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y Stella Segado, directora de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio de Defensa. Del ámbito del Poder Judicial, asistieron María Laura Garrigós de Rébori, camarista en lo Criminal y Correccional; y Graciela Lucía Craig, magistrada de la Cámara Nacional del Trabajo.

Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, trajo a colación dos antecedentes de cara a la creación de la comisión. Recordó el informe “Papel Prensa: la verdad” que realizó la Secretaría de Comercio Interior en tiempos de Guillermo Moreno; y el informe que la misma CNV realizó el año pasado sobre la participación en la dictadura por parte de las alrededor de 400 empresas que cotizan en Bolsa, y de las cuales la entidad tiene información. “Debemos abrir todos los archivos”, afirmó. Y homenajeó a Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos que falleció hace apenas dos años: “Él tuvo mucho que ver con la apertura de la oficina de Derechos Humanos dentro de la CNV”.

El proyecto fue presentado formalmente el 31 de marzo ante la Cámara baja, y fue registrado con el número de expediene 1676/14. Infojus Noticias accedió al texto, que establece un plazo de 180 días para formular el informe final. Recalde aclaró que “puede prorrogarse por un plazo similar, y por ende el resultado debe estar en menos de un año”. El proyecto lleva la firma de los diputados Juliana Di Tullio, María Teresa García, Horacio Pietragalla, Adela Segarra, Pablo Kosiner, Carlos Kunkel, Verónica Magario, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Gdansky, Edgardo Depetri y Oscar Martínez.

“Las complicidades también tienen que ser juzgadas”

El diputado Recalde explicó las motivaciones del proyecto a Infojus Noticias. Sostuvo que “lograr que participe el Parlamento a través de una comisión bicameral permitirá requerir información a organismos públicos y privados y avanzar en el camino de la verdd”.

-¿Qué objetivo de máxima tiene este proyecto y la bicameral?

-Tratar de que cese la impunidad. Que aquellos que fueron autores, cómplices, encubridores o partícipes necesarios de estos delitos rindan cuentas ante la Justicia y sean conocidos por toda la sociedad. Hay muchos ejemplos de directivos de empresas que están procesados por su vinculación con la represión. Ahora se trata de deteminar cuáles fueron los delitos económicos y quiénes intervinieron.

-¿Cómo va a trabajar la comisión si la ley es sancionada?

-Con la participación ciudadana, porque todo aquel que quiera aportar datos e informaciones va a tener abiertas las puertas. La vigencia de la comisión no es muy extensa. Hay 180 días para realizar el informe final, y se puede prolongar otro tanto. En un año a lo sumo tiene que haber resultados. Es importante reconstruir la memoria y que nadie quede impune frente a una violación de derechos humanos, en este caso en el aspecto económico. Las complicidades también deben ser juzgadas.

-¿Qué reglas propone este proyecto para ese juzgamiento?

-Todo lo contrario al linchamiento. Acá va a regir la presunción de inocencia, las condiciones del debido proceso legal, la defensa en juicio. Seremos absolutamente republicanos, como lo hemos sido siempre. El proyecto obliga a los miembros de la comisión a que si están en conocimiento de un delito, lo denuncien ante la justicia sin esperar que intervenga de oficio un fiscal. Por ser funcionarios públicos ya tienen esa obligación, pero a veces lo obvio no es tan obvio, y vale la pena acentuarlo.

-¿Cómo cree que recibirán el proyecto los legisladores del arco opositor?

-Yo tengo muchísima expectativa. Me resulta difícil pensar que alguien pueda oponerse a que se conozca la verdad.