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El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, afirmó que "tenemos que trabajar fuertemente para sancionar a la complicidad civil, empresarial y judicial" con la dictadura militar, porque sino "quedará instalada una sensación de injusticia".

"Si no se establecen condenas sobre la totalidad de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, quedará instalada en la sociedad argentina una sensación de injusticia", sostuvo Auat en diálogo con Télam, en relación a las complicidades que sectores civiles tuvieron con el genocidio iniciado en 1976.

Según Auat "avanzamos mucho en todos estos años, pero todavía nos falta otro tanto. El terrorismo de Estado fue posible porque participaron varios actores en su aplicación. Tenemos que trabajar fuertemente para sancionar a la complicidad civil, empresarial y judicial".

En ese sentido, el fiscal señaló que "cuando iniciamos este camino, tras la derogación de las leyes de impunidad, nos encontramos que teníamos por delante una tarea muy vasta si los delitos se procesaban de forma individual. Surgió entonces la necesidad de unificar expedientes por jurisdicción y eso dio origen a las megacausas".

Al respecto, agregó que "la unificación de causas permitió juzgar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en lugares emblemáticos y, en definitiva, eso habilita ahora que avancemos sobre las complicidades que hubo con el genocidio".

En la actualidad, existen varios expedientes en los que se analiza la participación que sectores empresariales asumieron en la represión ilegal. Se trata de los casos de Ingenio Ledesma (Jujuy); Las Marías (Corrientes), Loma Negra (provincia de Buenos Aires), Papel Prensa y el que involucra al empresario Vicente Massot, dueño del diario Nueva Provincia de Bahía Blanca. Además, se avanza sobre la actuación que desempeñaron algunos funcionarios de la Justicia, como los ex magistrados Otilio Romano (Mendoza) y Pedro Hooft (Mar del Plata). "Costó mucho convencer a los jueces de que lo más conveniente era unificar causas para darle celeridad al procesamiento de los crímenes de lesa humanidad. Por fortuna lo conseguimos y seguimos logrando justicia", observó.

En relación a la recuperación de las identidades de los recién nacidos apropiados en los centros clandestinos de detención, Auat admitió que todavía "existe un pacto de silencio tácito entre los represores, que dificulta el camino hacia la verdad". "Tanto en las causas de restitución de identidades como en las que se analizan torturas y desapariciones, se da un pacto tácito de silencio que consiste en la negación. Ante el banquillo de los acusados, los represores, en su gran mayoría, optan por la coartada del olvido y la banalización", apuntó el procurador.

En febrero pasado, Auat integró una delegación que encabezó la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que viajó a Roma para entrevistarse con el papa Francisco y solicitarle al Vaticano que facilite información sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. "La predisposición que encontramos fue buena. Los funcionarios del Vaticano nos pidieron que tramitemos los pedidos de información que pueda haber en sus archivos a través de un protocolo. Esperemos que podamos trabajar en el futuro con la colaboración de la Iglesia", aportó. Auat se graduó en Derecho en la Universidad de Córdoba y desde 1996 integró la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, donde actuó en varios juicios por crímenes contra la humanidad.

En 2007, el letrado asumió la titularidad de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y a partir de 2013, el organismo que encabezaba se convirtió en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Por último, el funcionario del poder judicial se refirió a la continuidad de las investigaciones luego de 2015, y estimó que "se trata de procesos que están más allá de las coyunturas políticas". "La tarea de recorrer, establecer memoria, verdad y justicia es una decisión política que tomó Néstor Kirchner cuando asumió la Presidencia, pero inspirada en una lucha de años. Es una conquista que perdurará más allá del color que tengan los futuros gobiernos", enfatizó.