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La Cámara de Apelaciones de Córdoba comenzó hoy a escuchar los argumentos de la fiscalía, querellas y defensas en la llamada “causa de los magistrados”, en la que están acusados cinco ex funcionarios judiciales por complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía y en la ex Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) de Córdoba. Aún hoy en instrucción, el proceso se inició en 2007 con la denuncia contra quienes tenían bajo su responsabilidad a una treintena de presos políticos a disposición la Justicia Federal de Córdoba, asesinados entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976 en ocho fusilamientos colectivos encubiertos con el relato de presuntos intentos de fuga.

Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Antonio Cornejo, ex fiscal federal; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 -que presidía Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984- y por entonces vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, están acusados de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes (artículo 274) y encubrimiento (artículo 277)”.

Como autores intelectuales y materiales de estos crímenes fueron condenados en diciembre de 2010 los ex generales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez y una veintena de ex militares y policías. La “causa de los magistrados” se instruyó en paralelo, hasta que luego de numerosos apartamientos y recusaciones derivó en el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, que en octubre de 2012 procesó a Puga, Otero Álvarez y Cornejo y dictó la falta de mérito para los ex asesores letrados públicos Haro y Molina.

Ambas decisiones fueron apeladas por las partes y la investigación estuvo dos años y medio paralizada, hasta que los nuevos integrantes de la Cámara, Liliana Navarro –presidenta-, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, convocaron a esta audiencia. En las últimas horas, los defensores de Otero Álvarez recusaron a Navarro y Montesi, pero el acto procesal no se suspendió y el planteo quedó pendiente de resolución.

Fiscales: “Hubo una omisión sistemática”

El primero en alegar fue el fiscal Carlos Gonella, ex funcionario de la justicia federal de Córdoba y actual titular de la Procelac. Reprochó las “demoras por recusaciones y apartamientos, mientras hace treinta años que se está pidiendo justicia por las víctimas de la UP1, no solo para los autores materiales. El rol del Poder Judicial y sus máximos representantes fue fundamental para que pudieran perpetrarse los crímenes cometidos por la dictadura. Si no, no estaríamos aquí sentados”.

Al relatar los “terribles homicidios y torturas sufridos por las víctimas de la UP1”, Gonella presentó las fotografías sumariales de los prisioneros del D2, con evidentes huellas de apremios ilegales: “Miren estos rostros. Estas fotos están en los sumarios, y esas personas después contaban ante los jueces y funcionarios que los torturaban y los estaban matando”. Como ejemplo, citó el caso de Marta del Carmen Rosetti de Arquiola, torturada en el D2 -sus lesiones fueron certificadas por dos médicos- y luego retirada de la UP1 y asesinada por “ley de fugas”, el 30 de junio del 76. “Hubo una omisión sistemática de los aquí acusados. Ellos conocían estos hechos”, aseguró el fiscal.

A su vez, Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, manifestó: “El proceso penal tiene un cometido de orden y paz social. Y en esta causa hay una gran sensación de impunidad y de que los acusados se refugian justamente en los pliegues y repliegues de las mismas normas procesales. No se admiten más dilaciones”.

Acto seguido, los fiscales consideraron que la falta de mérito dictada por el juez de instrucción para los imputados Haro y Molina es un “sobreseimiento encubierto”, ya que “a treinta años de los hechos, no hay más investigación que hacer, las pruebas están y son contundentes”, afirmó Gonella. Sobre la responsabilidad de los entonces defensores oficiales, señaló: “El Código Penal no hace diferencias de roles ni jerarquías respecto a la obligación de denunciar los delitos de los que se toma conocimiento, por lo que su deber no se cumplía solo asistiendo a los imputados en su declaración indagatoria. Debieron haber denunciado estos homicidios y torturas y denunciar también la inacción de los magistrados que debían investigarlos. Hubo un doble quiebre de esa obligación”.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó se revoque el sobreseimiento parcial del ex secretario Otero Álvarez –había sido sobreseído en 8 de 94 hechos- y la falta de mérito dictada a favor de los ex defensores Molina y Haro. En un momento de su exposición, Auat hizo una distinción que generó murmullos entre el público: “Una cosa era ser juez en la dictadura y otra ser juez de la dictadura”.

En un pasaje de la exposición de los fiscales, la jueza Navarro intervino:

-Nosotros hemos recabado testimonios que se han receptado en los juicios de lesa humanidad, como UP1 y La Perla. ¿Ustedes han recibido más testimonios sobre funcionarios del Poder Judicial?

-Sí, de algunos casos –respondió Gonella. Y luego de terminar su exposición puntualizó: “Sí, efectivamente, ha habido testimonios que señalan a Luis Rueda”, hasta hace poco presidente de la misma Cámara de Apelaciones.

A continuación, los querellantes adhirieron al pedido de los fiscales. Carlos González Quintana, abogado del denunciante Luis Miguel Baronetto, resaltó que “el accionar encubridor y permisivo de los exfuncionarios acusados se mantuvo durante mucho tiempo, lo que los coloca en calidad de cómplices de estos delitos atroces”.

En este sentido, su par Luis Reinaudi destacó que “la masacre de la cárcel de la UP1 no fue un episodio simultáneo, como en Margarita Belén, sino que lo dosificaron con mucha perversión, lo que agrava la negligencia cómplice” de los funcionarios judiciales. “Si hubieran ejercido con un mínimo de dignidad su rol funcional, hubieran salvado muchas vidas”, reprochó. 

Defensas: “No estaban obligados a denunciar”

El turno de las defensas comenzó con Justiniano Martínez, abogado de Molina, quien planteó que la fiscalía “no hizo un mantenimiento expreso del recurso de apelación” contra la falta de mérito dictada a favor del ex asesor letrado oficial, y sostuvo: “Lo referido a la época de la dictadura no tiene nada que ver con la situación de mi defendido”. “Molina no tenía ninguna posibilidad técnica para hacer una denuncia. Eso les correspondía al juez y al fiscal. Están confundiendo los roles. Además, ¿por qué él iba a dudar de esos comunicados de autoridades que afirmaban que sus defendidos habían muerto en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas militares?”, preguntó.

“Se reprocha al Poder Judicial de aquella época haber omitido actuar en la persecución de esos delitos. Sin embargo, hoy este tribunal abusa de su poder ya no encubriendo aquellos crímenes, sino actuando por mano propia. Nunc a vi una violación así del derecho a defensa”, se quejó Martínez.

Fue el primer embate de las defensas contra los camaristas, al que se sumó el letrado Julio Deheza, que defiende a Otero Álvarez: “Yo he cuestionado la imparcialidad y objetividad de este tribunal, y lo que diga aquí será campana de palo, pero nosotros somos los primigenios defensores de los derechos humanos. Nos acusan de anteponer chicanas para dilatar la causa, pero eso es en realidad la defensa de los derechos humanos de quienes sufren la angustia de estar sometidos durante años a una investigación de supuestos hechos penales que no existen”.

Al comenzar el último alegato de la jornada, su codefensor Marcelo Brito también cargó contra la Cámara. “Me sorprende estar frente a un tribunal integrado por dos juezas que han sido recusadas, porque generan el temor de parcialidad en mi defendido”, dijo antes de plantear la “nulidad de la audiencia”. Asimismo, cuestionó que el juez de instrucción Herrera Piedrabuena “ignoró olímpicamente todo lo que dijo Otero Álvarez sobre cuál fue su rol funcional como secretario penal”.

En este sentido, rechazó los términos de la acusación fiscal: “¿A qué se refiere la obligación del juez y los funcionarios de denunciar? ¿Qué es una denuncia? No es lo que expresa un imputado en su declaración indagatoria. Denuncia es una noticia criminis que se lleva ante un órgano competente. En el momento de los hechos no existía una norma que de manera concreta impusiera al fedatario, o sea al secretario, formular una denuncia porque alguno de los declarantes hubiera sido víctima de un hecho criminoso.

Finalmente, Brito se refirió a lo que a pedido de su abogado relató Baronetto en la audiencia, publicado ayer por Infojus Noticias. En marzo de 1977 recibió en la cárcel de Sierra Chica la visita del juez Zamboni Ledesma, el fiscal Humberto Vidal y los actuales imputados Otero Álvarez y Molina, a quienes les reclamó que investigaran el asesinato de su esposa Marta González, víctima del fusilamiento colectivo de presos políticos del 11 de octubre de 1976.

-Baronetto, con esto el único perjudicado va a ser usted. Mire, su causa se va a solucionar en poco tiempo y después se va a poder ir del país con sus hijos –le respondió entonces Molina.

Para Brito, el testimonio “tiene nulo valor probatorio”. “Si estaba presente el juez y el fiscal, que son los dos titulares de la acción penal, ¿era obligación del secretario denunciar el hecho y también al juez y al fiscal?”, inquirió el abogado. A juzgar por el gesto indignado de los ex presos políticos y familiares de víctimas presentes en la sala, la respuesta resultaba obvia.

La audiencia continuará con la exposición del resto de los abogados defensores, el miércoles próximo a las 9.

AO/RA