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El debate había entrado en cuarto intermedio y se retomará. Los 28 imputados tendrán la oportunidad de hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. Dos de las querellas pidieron que se condene sólo al motorman y las otras dos solicitaron su absolución y penas de prisión para Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y ex titular de Trenes de Buenos Aires, Sergio Cirigliano.
El juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once tendrá el martes 15 su anteúltima audiencia. Allí los 28 imputados por el choque, ocurrido en febrero de 2012, en el que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras. El debate, que se realiza frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, tiene entre los acusados a los ex secretarios de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y al motorman de la formación siniestrada, Marcos Córdoba. En esta misma audiencia se anunciará la fecha en la que se conocerá el veredicto.
Los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’ Alessio, en calidad de jueza sustituta, reanudarán este martes el debate que había entrado en cuarto intermedio la semana pasada luego del fin de los alegatos y las réplicas de dos de las querellas a los defensores de los imputados.
En la etapa de alegatos dos de las querellas solo pidieron que se condene al motorman, en tanto que las otras dos pidieron su absolución y penas de 15 años para Jaime y Schiavi y 18 años para el ex titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano. También solicitaron penas de entre 10 y 16 años para el resto de los imputados a excepción de Córdoba.
El fiscal del juicio, Fernando Arrigo, pidió, tras las cinco jornadas de alegatos que usó para exponer sus fundamentos, 3 años y 8 meses de prisión para el motorman Marcos Córdoba, mientras que para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, pidió 11 años y 10 años y 10 meses, respectivamente. La de Jaime fue la pena más alta que pidió para los 28 imputados.
El debate
El debate comenzó el 18 de marzo de 2014, dos años y un mes después del choque que la mañana del 22 de febrero se produjo en la terminal de Once. Durante los 21 meses de juicio se escucharon los testimonios de decenas de sobrevivientes que dieron cuenta tanto del horror que se vivió en los momentos posteriores como del pésimo estado en el que funcionaba el ferrocarril Sarmiento desde hacía muchos años. También testificaron peritos técnicos, contables, médicos y rescatistas que intervinieron en el operativo que se desarrolló desde el momento del impacto hasta el atardecer de ese día.
Entre los testimonios más conmovedores del debate estuvo el del director del SAME, Alberto Crescenti. Su relato de aquel día llegó en junio del año pasado y a poco de empezar fue interrumpido por el presidente del tribunal. Tassara advirtió a los familiares presentes en la sala AMIA, que lo que iban a escuchar podía afectarlos, por los que les dio unos minutos para que se retiren de la sala.
Como un “gran scrum de rugby”, así recordó Crescenti lo primero que vio cuando entró a unos de los vagones de la formación accidentada. La gente apilada en el fondo del vagón es una de las imágenes de la tragedia que este hombre, que dirige el sistema de emergencias médicas de la Ciudad y se sentó a declarar con su ambo verde y su chaleco sin mangas rojo, no logró olvidar. “Los que estaban en ese scrum, eran los más críticos”, explicó.
Crescenti recordó que aquella calurosa mañana estaba en el puerto de Buenos Aires con varias unidades del SAME “esperando un crucero que tenía personas con un virus desconocido”, explicó. Fue entonces cuando le avisaron que había “colisionado” un tren en Once. “Nos vamos a Once”, contó Crescenti que le dijo al ex ministro de Salud, Juan Manzur, que estaba ahí con él. En los siete minutos que duró el trayecto hasta Once, Crescenti declaró “el alerta roja a todos los hospitales de la ciudad, sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Cuando llegamos ya había ambulancias del SAME trabajando”, explicó.
Entró al hall central de la terminal ferroviaria y vio una escena “dantesca”. Había “víctimas desparramadas sobre la derecha del andén”, dijo e hizo un silencio. “Yo lo lamento mucho por los familiares”, aclaró y continuó “había muertos, veíamos brazos, cuerpos, sangre. Había gente fallecida mirando con los ojos abiertos a los que estaban vivos. Fue una escena muy dura para nosotros”.
Crescenti recordó el diálogo con un comisario que le pidió que mandara a buscar “vaselina a los hospitales de la ciudad, para poder `desenganchar’ a la gente”.
“Yo he estado en el atentado de la embajada, pero lo que ví en ese vagón fue muy fuerte”, dijo Crescenti. “De la última puerta hacia el fondo estaban todos comprimidos. Sabíamos que había muertos y que por ellos no se podía hacer nada”, agregó.
Los imputados y las penas pedidas
En el banquillo de los acusados, junto a Schiavi, Jaime y Córdoba, también están Sergio Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto D’Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, Roque Ángel Cirigliano, José Doce Portas, Pedro Ochoa Romero, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Antonio Eduardo Sícaro y Mario Francisco Cirigliano. Al debate llegaron 29 imputados, pero uno de ellos, Guillermo Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario, murió en mayo pasado.
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, todos, a excepción de Córdoba, se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.
Córdoba sólo está imputado por el delito de descarrilamiento culposo, que tiene una escala de pena de 1 a 5 años de prisión.
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