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Dos jueces, dos senadores, dos diputados y un representante de los abogados serán quienes tendrán en sus manos el juicio político contra el suspendido juez federal salteño Raúl Reynoso. El magistrado fue enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura la semana pasada, acusado por “mal desempeño en sus funciones”. Se le cuestiona no haberse excusado en una causa donde era parte y haber mantenido preso a un hombre durante varios días en 2014 sin dar intervención al ministerio público fiscal.

El tribunal que juzgará a Reynoso está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

El jury se realizará en la sede que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene en el tercer piso del edificio ubicado en la calle Libertad al 700. Según se pudo saber recién se realizaron las primeras notificaciones de rigor aunque el trabajo se duplicó por estos días puesto que esta integración del jurado ya se encuentra realizando un juicio político que debe continuar en febrero próximo. 

La semana pasada se votó una nueva integración del jury pero esa nueva composición recién estará en funciones desde marzo próximo, y como el envío a juicio político de Reynoso ocurrió este mes, quienes deben juzgarlo políticamente es la integración cuyo mandato está vigente hasta febrero. 

Reynoso está en el banquillo porque el Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen elaborado por el juez Luis Cabral donde se le imputa el “haber dado inicio a una investigación penal de manera ilegal” porque no dio intervención al fiscal; y “privar ilegítimamente de la libertad” a David Mazzutti, quien fue el que presentó la denuncia contra Reynoso en el Consejo. Mazzutti estuvo preso entre el 24 de diciembre de 2014 y el 29 de ese mismo mes.

El propio Cabral, junto con la consejera representante de los abogados de Capital, Adriana Donato, fueron designados como los que ocuparán el rol acusador ante el Jury. Estos, además, deberán sostener la imputación que pesa sobre Reynoso sobre, en la misma causa, haber demorado “injustificadamente la intervención de un nuevo juez” una vez que fue apartado.

El expediente contra Reynoso cuenta que la causa estuvo caratulada originalmente como “averiguación de delito” y tras la presentación de un hábeas corpus, Reynoso la cambió a “amenaza calificada, supuesto ejercicio ilegal de la abogacía y/o usurpación de títulos u honores y lesiones”. Finalmente el juez se inhibió y remitió el expediente al juez Julio Leonardo Bavio, que declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó la libertad de Mazzutti. El abogado de Reynoso solicitó al Consejo la desestimación de la denuncia. 

Un tribunal con experiencia

Esta composición ya tiene experiencia en la realización de juicios políticos puesto que son quienes en las últimas semanas llevaron adelante las audiencias en el juicio político contra el juez bahiense Néstor Montezanti acusado de “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”.

Este juicio se encuentra en sus tramos finales y está previsto que en febrero continúen las audiencias con los alegatos de las partes, la defensa del juez, en manos del abogado Ignacio Irigaray; y de los acusadores, los consejeros Miguel Piedecasas –recientemente elegido presidente del organismo- y el diputado nacional Héctor Recalde.

Montezanti también está siendo investigado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad y está señalado como ex integrante de la rama bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Uno de los casos que la Justicia tiene en sus manos es el asesinato, en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), del dirigente estudiantil “Watu” Cileruello, ocurrido en abril de 1975.