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18-11-2014|11:50|Lesa Humanidad Nacionales
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En los Tribunales de Olivos

Juzgan a dos prefectos y a un médico por el secuestro de una militante

Dos prefectos y un médico deberán responder por el secuestro y torturas de la militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Marta Querejeta. La mujer tenía 16 años y estaba embarazada cuando fue raptada de su casa por un grupo de tareas, hoy declara en su propio juicio que forma parte de la Megacausa Campo de Mayo.

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Por: Infojus Noticias

El velo de impunidad que durante décadas cubrió a Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país, sigue corriéndose con el paso de la Justicia. El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín comenzó a juzgar hoy a dos miembros de Prefectura Naval y a un médico policial, por el secuestro y las torturas que sufrió Marta Querejeta, que entonces tenía 16 años y un embarazo de dos meses. Marta sobrevivió y esta declarando en su propio juicio. Hoy también declararán su hermana, Matilde, que tenía 14 años, en el momento del secuestro y conscriptos que hacían la colimba en la Prefectura.

A Marta la secuestraron el 5 de diciembre de 1974 de la casa de su abuela en Campana. Estaba embarazada y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que ya era perseguido. Ella pasaba todas las noches en un lugar distinto por seguridad. Pero en lo de su abuela se quedó dos. Ahí la encontraron y de ahí se la llevaron en medio de un operativo y a bordo de un Ford Falcon verde.

Casi cuarenta años después, la justicia sentó en el banquillo de los acusados al ex jefe de Prefectura Naval de Campana Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio. También está ubicado ahí un médico muy conocido de esa localidad Carlos Quetglas, ciudadano ilustre y médico de la policía.

Marta no puede precisar la cantidad de días que estuvo secuestrada en tres destinos diferentes. Pero sí puede recordar los golpes que sufrió, los tormentos, los simulacros de fusilamiento y la picana eléctrica que le aplicaron. De todo eso aún conserva marcas en su cuerpo.

Después de esas torturas Shaller se la entregó a su padre y le indicó que la llevara a lo de Quetglas para que corroborara su estado físico. Fue él quien afirmó que, cuando estaba por ser liberada, ella no tenía nada y se negó a dejar constancia de las marcas de tortura.

“De esta manera, Quetglas participó de los hechos como último eslabón del plan diciendo que ella no tenía nada y no constatando que estaba torturada ni señalando los daños en el cuerpo. Su rol permitía que ella reapareciera como una chica más. Para nosotros su función es la del partícipe secundario de la acción que consiste en secuestrar y torturar y ocultar el hecho. Tuvo por eso participación: no denunció; no corroboró las torturas”, explicó a Página/12 el abogado Pablo Llonto, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de zona norte.

Quetglas como médico también firmó la partida de defunción de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, aunque sin saber que era él. Gonçalves había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Escobar y enterrado como NN en el cementerio luego de ser hallado calcinado en Zárate el 2 de abril de ese año. El médico declaró como testigo en su causa.

A pesar del secuestro y las torturas, el embarazo de Querejeta continuó y pudo dar a luz a un varón. "Fue muy difícil, pero seguí estudiando, me recibí de docente y aunque no se podía militar, de a poco comencé a trabajar con organismos de derechos humanos locales" relató la sobreviviente.

Un plan que antecedió al Golpe

El hecho de que el secuestro de Marta se haya producido antes del golpe militar de 1976 es otro de los ejes del debate que se dará frente a los jueces Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña. “Como sucedió en Trelew y en otros juicios del país –dice Llonto–, también permitirá probar que desde el punto de vista del Estado el plan represivo comenzó mucho antes del ’76, y que la acción de aniquilamiento y destrucción del grupo de militancia político el Estado lo llevó adelante antes del 24 de marzo”, aseguró Llanto al matutino.

La mayor guarnición militar del país en el banquillo

El juicio es el duodécimo que se realiza en el marco de la megacausa Campo de Mayo y el TOF1 es el mismo que en el juicio por la desaparición de 31 trabajadores de la zona norte –en octubre pasado–, condenó a seis represores y absolvió a tres ex prefectos, tras anular una prueba testimonial de los años '80.

Campo de Mayo abarca cerca de una decena de partidos de Buenos Aires: San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martí­n, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro.

El control de todas las áreas recayó en el Comando de Institutos Militares, al mando de Riveros desde septiembre de 1975 hasta los primeros meses de 1979. Según relevamientos realizados por organismos de derechos humanos, se calcula que entre las localidades de Zárate y Campana desaparecieron 146 personas entre 1974 y 1983, y doce antes del golpe cívico militar.

Riveros está acusado en otro juicio que implica a Campo de Mayo. Es el que se realiza frente al Tribunal Oral Federal N° 6 de Capital Federal, en el que se juzga el funcionamiento de la maternidad clandestina del Hospital Militar de esa guarnición. El debate atraviesa la etapa de alegatos y en las primeras semanas de diciembre se conocería la sentencia.

Una sala demasiado pequeña

Familiares de la víctima y miembros de la Comisión de por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, se quejaron del espacio que se dispuso para hacer las audiencias: una pequeña sala que no tiene capacidad para que entre el público. No entendieron por que este juicio, que forma parte de la Megacausa de Campo de Mayo no se hizo en los tribunales de San Isidro, que cuenta con mejor infraestructura . "Esto minimiza el juicio y atenta contra su publicidad", dijeron.

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