Infojus Noticias

El juez Fernando Poviña sigue incomodando al empresariado jujeño al indagar sobre la complicidad del pasado con la dictadura militar. Eduardo López, el jefe de Personal de la mina El Aguilar, la más antigua del país, fue hoy indagado en la causa conocida como “Avelino Bazán II”, en la que se investiga la complicidad de empresarios y militares en el secuestro y la desaparición de obreros. López está procesado por privación ilegítima de la libertad junto a otro directivo, Luis Arzuaga, el jefe del escuadrón Norte de Gendarmería Nacional Jorge Borges do Canto –a quién habían dado por muerto y fue hallado por Poviña en un country mendocino-, y un trabajador de la mina, Telésforo Zurita, acusado de entregar a un compañero.

El caso por la complicidad de la mina El Aguilar –aún hoy, para acceder al paraje hay que pedir permiso a la empresa- con la represión militar tiene una causa anterior, que fue acumulada en el juicio oral que empezó en Jujuy el 12 de julio de 2012 y que tendrá sentencia el próximo 3 de mayo. Los últimos días de marzo de 1976, nueve obreros fueron detenidos por el Ejército, Gendarmería y la policía provincial en camionetas de St. Joseph Lead Co., la empresa que explotaba la mina. Los llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña 20, la sede de Gendarmería en Tres Cruces. Y de allí, al penal de Villa Gorriti, donde fueron brutalmente torturados. Esa cacería desatada sobre empleados y delegados de la mina fue un procedimiento mellizo al ejecutado en Libertador San Martín, con el valioso aporte del Ingenio Ledesma del hoy procesado Carlos Pedro Blaquier.

Jujuy fue, desde la caída de las leyes de impunidad, el botón de muestra más claro de que varias estructuras de la Justicia Federal estaban manejadas por hombres afines a la dictadura. “El juez Olivera Pastor nos estuvo paseando 36 años, rechazando sistemáticamente las apelaciones de la fiscalía y las querellas. Se perdieron pruebas en el camino y este extraño esquema de juicios es parte de sus maniobras”, afirmó Dina Cardoso, querellante en el juicio y sobrina del único minero desaparecido, Avelino Bazán.
Hoy, la fragmentación de las causas provoca en el juzgamiento del circuito represivo algunos sinsentidos. Por ejemplo: el único imputado actual por lo sucedido en la mina es el entonces teniente primero Antonio Orlando Vargas, interventor militar del penal de Villa Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Ahí fueron alojadas y torturadas las víctimas del operativo. Vargas está acusado en la causa “Bazán” de ser partícipe necesario de “privación ilegal de la libertad calificada” en 18 hechos, y partícipe secundario en otros 9.

Según explican desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el tribunal impuso una metodología de “acumulación de audiencias” y no “de causas”. Así, cuatro causas por cuatro grupos de víctimas diferentes se intercalen en las audiencias, sin formar parte de un mismo juicio. “Todas las partes estamos en el mismo juicio pero no del todo, las querellas sólo pueden hacer preguntas a testigos de sus propias causas y deben permanecer como meros espectadores de los otros testimonios, aun cuando el plan de represión ilegal que se juzga es en todos los casos el mismo. Esto no puede conducirnos más que a una verdad a medias, cercenada ya desde su propio contexto de producción”, explicó a INFOJUS el abogado de la Secretaría –e hijo de desaparecidos- Juan Manuel Sivila.

Durante el juicio oral, el testimonio de un sobreviviente develó que los lazos fraternos entre el poder judicial y militar se extienden hasta hoy. Después de narrar el horror de su cautiverio, el ex detenido Hugo Eleit se despachó con un agradecimiento sincero a René Vicente Casas, el juez que preside el Tribunal Oral: “Yo sobreviví gracias a su padre”, dijo el hombre, sin ironía. “Porque su padre se sentaba a cenar todos los jueves con José Bulgheroni. Y su padre le pidió por mí. Le estaré eternamente agradecido.” Bulgheroni es un ex militar acusado de delitos de lesa humanidad.

Todos los mineros de El Aguilar que fueron secuestrados pasaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fueron finalmente liberados. El caso de Bazán, nacido en una cuna pobre de la Quiaca, fue distinto. Era director provincial de Trabajo, durante el Aguilarazo de 1973. En ese entonces fue a pedirle a los directivos de la mina que arreglaran las horas extra –que eran un gran porcentaje del ingreso, para asegurar el rendimiento- con el sindicato minero. Como respuesta, la patronal las suprimió, disminuyó los servicios de proveeduría, transporte y hospital. El 6 de noviembre, los obreros decretaron un paro general en protesta. Fueron a buscar a López, el jefe de Personal, a la casa, que estaba en el predio. Gendarmería acordonó la zona. Un alférez de apellido Gómez empezó a disparar a la multitud e hirió a ocho mineros, uno de gravedad. Se desató una batalla. A pesar de la represión, tomaron rehenes y negociaron un aumento salarial del 75 por ciento.

A Avelino lo trasladaron de Villa Gorriti el 7 de octubre de 1976 en un avión Hércules a la Unidad 9 de La Plata. En junio de 1978 lo dejaron en libertad. Volvió a Jujuy. El 26 de octubre de ese año, cuando se dirigía al cine, lo desaparecieron para siempre.