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La megacausa La Perla, en Córdoba, cumplió un año y medio de juicio oral: ya pasaron cerca de 350 testigos y se calcula que aún faltarían 200 más para llegar a la etapa final, prevista para mayo del año próximo. A cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), en el primer semestre se dio lugar a la incorporación de nuevas causas. Hasta el momento, se acumulan 25 causas y hay 52 imputados, entre ellos el ex titular de Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. En las próximas semanas, sin embargo, habrá una novedad impactante: se sumará un expediente sobre la expropiación de una empresa.  “Se trata de Mackentor S.A., que fue usurpada por el ejército a través de un artilugio judicial. Se juzgará no sólo ese suceso, sino también  la privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos a trabajadores de la empresa”, adelantó en exclusiva el fiscal general Facundo Trotta a Infojus Noticias. El Tribunal recibió el requerimiento de elevación a juicio y se estima que en septiembre se incorporaría a la megacausa de La Perla.   

 Los hechos que juzga el TOF1 son la privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor, abuso deshonesto y violación.  Esta causa, explicó Trotta, fue una de las pioneras que el fiscal federal Carlos Torres –cordobés, ya fallecido- investigó por delitos de lesa humanidad en la instrucción previa al juicio de La Perla. También se la mencionó en la causa de Papel Prensa, a cargo del juez federal de Comodoro Py, Julián Ercolini.

En aquel momento la causa de Mackentor fue conocida como “causa Videla”, porque el ex dictador estaba sindicado como el responsable mayor de la usurpación de la empresa. “Al tratarse de un plan sistemático de exterminio, Jorge Rafael Videla estaba implicado por estar por arriba del ejército cordobés y del mando de Menéndez. Pero ahora se llamaría como causa Mackentor. Lo que se investigará son las razones por las cuales la empresa fue apropiada por los represores. El principal argumento de Menéndez era que MacKentor financiaba a la subversión, pero nunca pudo comprobarse”, explicó Trotta.  

La empresa se dedicaba a la construcción y a la obra pública, pero además era famosa por fabricar conductos de alta presión.

La empresa Mackentor tenía sus oficinas en el tercer piso de la calle Rosario de Santa Fe N°71. Los talleres y depósitos estaban en un predio de cinco hectáreas en el camino a Los Boulevares, en la capital cordobesa.

Según un documento judicial al que accedió Infojus Noticias, por requerimiento del general Luciano Benjamín Menéndez, el 26 de abril de 1977, el entonces general Videla ordenó con abuso de sus funciones a las autoridades del Banco Central de la República Argentina que se dispusiera la indisponibilidad de todos los fondos que Mackentor tuviese en el sistema bancario argentino.

En forma simultánea sucedió lo mismo con dos campos ubicados en Santiago del Estero; con una finca en San Juan, dedicada a la producción vitivinícola; con una planta de fabricación de caños de alta presión en las Flores, provincia de Córdoba, y con las oficinas que la firma tenía en la ciudad de Buenos Aires, según fuentes judiciales.

Uno de los empleados de Mackentor, Ramón Walter Ramis, declaró en la instrucción sobre el día que el Ejército se apropió de la empresa: “El mismo día en que habían sido detenidos todos los socios, un grupo de militares tomaron las empresas del grupo y obtuvieron del juez Zamboni Ledesma una orden de intervención, con lo cual pretendieron legalizar su actuación”.

En 1979, la inicial intervención militar se convirtió en una intervención judicial y habían nombrado a un interventor civil que era el IngenieroOscar Rodriguez Ponce, para las tres empresas del grupo.

Lo que cree Trotta es que la concepción de empresa que defendía su dueño, Natalio Kejner, era contraria a las ideas de la dictadura. Así se explica en la elevación a juicio: “En primer lugar, porque era una empresa de capitales nacionales que podía hacer frente a las grandes obras de construcción que se desarrollaban en el país durante aquellos años. En efecto, la empresa contaba en el barrio Las Flores de esta ciudad con una fábrica de tubos para conductos de alta presión pionera en el país. Pero además, Mackentor representaba un concepto nuevo por la forma en que estaba integrado su paquete accionario: las acciones de Mackentor se dividieron entre su socio fundador y los empleados más destacados; es decir, los empleados tenían participación en las ganancias de la empresa”.

 Para la época, según el fiscal, ambas cuestiones significaban ni más ni menos que tanto la empresa, accionistas y empleados destacados sean tildados de “marxistas”, “subversivos” y “apoyo financiero de la subversión”. En efecto, “los hechos delictivos investigados en la presente causa que infra se detallarán y analizarán versan sobre las terribles consecuencias sufridas por la empresa y sus dueños, directivos y empleados a causa de esta concepción progresista”. 

 En este sentido, hay que destacar que el principal accionista de la empresa, Natalio Kejner, tenía una íntima amistad con Gustavo Roca, quien a su vez fue abogado y luego síndico de Mackentor. Gustavo Roca era un reconocido abogado que, entre otras cosas, se destacó por la defensa de militantes políticos. A su vez, y luego del golpe de marzo del 76, debió exiliarse, siendo uno de los primeros en denunciar en el exterior las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Por ello, Roca y todo lo que tuviera vinculado con él Mackentor y Kejner-, era considerado por Menéndez como el “enemigo”.     

En abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó que ex ejecutivos de Mackentor sean querellantes en la causa. Se trata de los ex directivos Kejner, Ángel Sargiotto y Hemenegildo Paván. La argumentación fue que ninguno de los interesados era víctima de los hechos que se investigan y agregaron que actuaba "a título personal, dado que no invocó representación ni mandato alguno".