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El Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) fue uno de los organismos estatales más golpeados por la dictadura militar. Los relevamientos que se pudieron hacer hasta ahora hablan de diez científicos asesinados y diez desaparecidos. Y la quinta parte de su personal fue echado: antes del golpe de 1976, el organismo tenía unos 5000 trabajadores y unos 800 fueron cesanteados durante la dictadura. Una querella judicial está en poderespera la resolución del juez federal Daniel Rafecas.

"Nuestra intención es armar una megacausa INTA, donde el hilo conductor sea la relación de los detenidos, asesinados y desaparecidos con el organismo", explicó Guido Prividera a Infojus Noticias. Prividera es hijo de Marta Sierra, una de las científicas más importantes del INTA Castelar y desaparecida desde el 30 de marzo de 1976, un día después de la intervención del organismo. Él, junto con otros familiares de desaparecidos del INTA y Alberto Goldberg, científico de la sede Pergamino que terminó preso en el penal de Sierra Chica, se presentaron como querellantes representados por el abogado Rodolfo Yanzón. La hipótesis que presentaron es que los empresarios agrarios usaron como herramienta a la dictadura para deshacerse de un grupo de técnicos y de una serie de proyectos que se desarrollaban en todo el país y ponían en peligro sus negocios.

Prividera es sociólogo y trabaja hoy en el complejo de Villa Elisa del INTA. Participa de la Comisión de Reparación Histórica de la entidad y fue armando un mapa posible de científicos y proyectos conectados en los años previos a la dictadura. Cuenta que el 29 de marzo de 1976, un día antes del secuestro de su mamá, el predio de Castelar fue rodeado por militares: entraron soldados armados con fusiles y tanques de guerra. Uno de los trabajadores recuerda: "Nos ataron las manos atrás de la espalda, nos vendaron los ojos y nos tuvieron un montón de horas en el comedor, con amenazas de muerte permanentes en los oídos. Nos decían que nos iban a matar".

En el operativo se llevaron a cerca de 40 personas detenidas, entre ellos niños que estaban en la guardería. "Encontramos documentos internos del organismo -contó Prividera- pidiendo al Departamento de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires informes sobre científicos. En los informes se miente. Inventaron que se hacían vuelos sobre Chaco, por ejemplo, para lanzar armas a un campamento guerrillero. Así justificaron la persecución, asesinato o desaparición de cuadros técnicos que les molestaban".

“Reclamamos que exista una línea investigativa específica sobre el organismo”, afirmó Yanzón a Infojus Noticias. “Hoy todavía hay familias con miedo de declarar, que no sienten la confianza suficiente. Dentro del mismo INTA hay sectores refractarios a este tipo de investigación. No olvidemos que la SRA todavía tiene directa intervención en el organismo. Estamos esperando que la Comisión Provincial por la Memoria remita al juzgado la documentación de la DIPBA (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aire) y desde ahí se podría avanzar”

Sobre los posibles acusados, Yanzón sostuvo: “En la presentación hay algunos eventuales imputados, pero todavía es materia de investigación. Porque hubo diferentes cuerpos de Ejército que intervinieron y nosotros queremos una unidad de investigación específica para el organismo”. Las actuales autoridades de INTA se han presentado como “amicus curiae” de la investigación. Es decir, que se pusieron a disposición del juez e incluso se evaluó la posibilidad de presentarse como querellantes. “Esto es importante por dos cosas. Primero: porque es para resaltar que un organismo como el INTA se presente de esta forma, tan contundente. Segundo: porque es una señal clarísima para los familiares que todavía tienen miedo”, aseguró Yanzón.

El INTA fue creado en 1956 por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Su consejo directivo estaba integrado –y lo sigue estando- por varias sociedades empresariales del campo, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria, Coninagro y la Confederación Rurales Argentinas (CRA). "Debe ser uno de los pocos organismos estatales que no tuvo interventor militar, su director fue un civil", explicó Prividera. La posición histórica del consejo directivo fue construir un INTA que sirviera de sostén técnico al sector privado. Esa dirección, que los trabajadores del organismo empezaban a torcer en los primeros años ‘70, fue retomada y profundizada por la dictadura.

La persecución en INTA empezó en 1974 con el asesinato del becario Carlos Llorena Rosas, en manos de la Triple A. Después, con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, circularon las listas negras dentro del organismo. Gran parte de las detenciones se dieron pocos días después del 24 de marzo de 1976.

La lógica INTA

La hipótesis presentada por la querella ante Rafecas tiene la particularidad de no responder a la lógica de los juicios de lesa humanidad que se vienen desarrollando. Lo que se intenta investigar no está ligado a la territorialidad de los campos de exterminio, sino la motivación de las desapariciones en relación a una tarea científica. "Lo más parecido que encontramos son las causas del Hospital Posadas o de la Mercedes Benz -dijo Prividera- pero ahí existía un único edificio y acá hablamos de una red a nivel nacional". Tampoco está claro qué grado de vinculación tenían todos los grupos de científicos que desarrollaban proyectos en diferentes bases experimentales del INTA. "Nosotros buscamos vínculo entre las sedes en Balcarce, Pergamino, Paraná, Castelar. En los centros más importante a nivel científico aparece lo mismo: desaparecidos, asesinados y personal cesanteado".

Lo que es seguro es que el INTA preocupaba a los dueños de la tierra. Muestra de ello son las editoriales de La Nación. El 13 de octubre de 1975 el diario publicó una nota con el título “La situación en el INTA”. En el texto se decía: "La infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado". El 29 de octubre de 1976 otra editorial festejó “La recuperación del INTA”. Jorge Zorreguieta, padre Máxima, ahora reina de Holanda, fue integrante de la SRA y subsecretario de Agricultura entre diciembre de 1976 y abril de 1979. En 1981, elogió en la revista Chacra la actuación de David Arias, un civil del mundo empresarial, al frente del INTA.

Prividera sigue buscando papeles, contacta a científicos de la época, habla con los familiares de los trabajadores de INTA que fueron asesinados o desparecidos. Busca respuestas a una pregunta: ¿qué significado político tenían todos esos proyectos que resultaban tan peligrosos para el poder concentrado del agro?

El secretario de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Héctor Campora, Horacio Giberti, impulsó entre sus medidas los anteproyectos de la Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra. El segundo proyecto intentaba imponer un impuesto a la tierra, de acuerdo a su capacidad productiva. Para ello el INTA destinó un equipo de especialistas con el objetivo de armar un mapa de los suelos en relación a su rendimiento. Se intentaba así eliminar las tierras ociosas. Los referentes más importantes de ese trabajo fueron desaparecidos.

Otro ejemplo fue la cooperativa Campo Herrera. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se cerró un ingenio azucarero en Tucumán. Un grupo católico armó una cooperativa gigante y los ingenieros agrónomos, antropólogos y sociólogos de INTA armaron el sistema de colectivización en dos mil hectáreas. El trabajo mancomunado incluyó escuelas, un centro de salud, espacios culturales. La dictadura cortó los lazos entre la comunidad y los técnicos. Persiguió a los científicos y, finalmente, desarmó el proyecto.

La dictadura también se encargó de destruir el proyecto genético de Sigfrido Kraft. Una experiencia pensada para producir alimentos a bajo costo y que ponía en riesgo algunos intereses económicos. Kraft recorrió países de África y Asia buscando gallinas especiales por las condiciones sociales, económicas y ecológicas donde vivían. Trajo a la Argentina huevos de diferentes lugares y los cruzó. Buscaba que las aves fueran más productivas. Kraft estaba pensando en reproducir estas gallinas a nivel industrial. El trabajo lo empezó en 1959 y le llevó 17 años. Lo desarrolló en el INTA de Pergamino. Llegó a construir una línea genética que amenazaba los negocios de los fabricantes de alimentos balanceados. Habían pasado sólo dos días desde el 24 de marzo de 1976 cuando la Armada intervino el predio. Prividera cuenta que Kraft fue a hablar con las autoridades militares en Buenos Aires. Les dijo que hicieran con él lo que quisieran, pero pidió que no tocaran a las gallinas. No lo escucharon. Mandaron un pelotón que entró al galpón donde había miles de gallinas. Mataron a la mayoría a tiros.

"Hay algo muy significativo -señaló Prividera-. Antes de la dictadura, los textos científicos que circulaban tenían un sujeto: el productor rural, el chacarero, el latifundista. Después de la dictadura, las producciones teóricas perdieron al sujeto y empezaron a hablar de sistemas de producción. Así, en abstracto. Con el menemismo se dio la estocada final: el sujeto de los textos empezó a ser la empresa. Y sólo hay dos tipos: empresas viables y empresas inviables. Ese es un buen resumen de lo que nos quitaron".

La idea de la "pata civil" cómplice de los militares parece invertirse cuando se mira el plan económico de la dictadura militar llevado adelante por José Martínez de Hoz, hijo del fundador de la Sociedad Rural. Parece mucho más concreta la idea de una "pata militar" en un plan sistemático que fue ideado por civiles y quienes, en última instancia, fueron los beneficiarios directos del genocidio.