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En 1924, más de cuatrocientos indígenas que realizaron una huelga para mejorar sus condiciones de vida y trabajo en la reducción Napalpí, provincia de Chaco, fueron asesinados. Noventa y un años después, esa masacre puede terminar en un  juicio por la verdad. Los fiscales federales de Chaco presumen que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y analizan la posibilidad de la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF) para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas.

“El motivo de la protesta fue mejorar las condiciones de vida, esclavitud en realidad, a la administración de la reducción indígena”, cuenta Juan Chico, historiador y autor de “Napalpí. La voz de la sangre”.

La huelga incluía a indígenas de las etnias Moqoit, Qom y Vilelas porque la paga no era buena, se les daban vales en lugar de dinero por su trabajo, había maltratos y además estaban cercados por el propio gobierno provincial.  Al iniciarse la protesta, y ante los reclamos de los terratenientes de la zona, el entonces gobernador Francisco Centeno firmó un decreto donde prohibió la salida de los indígenas de la reducción. Una salida que buscaban por aquellos años los indígenas ante las malas condiciones laborales era ir hacia el norte argentino para trabajar en los ingenios azucareros ubicados en Salta y Jujuy. Pero la presión de la oligarquía los cercó en la reducción.

El 19 de julio de 1924 era sábado, los mayores esperaban reunirse en el parlamento indígena y los chicos jugaban y correteaban por ahí. Dos días antes, una avioneta piloteada por policías había pasado por el lugar de la huelga para  ver quiénes estaban allí y los diarios de Resistencia ya hablaban de “sublevación indígena”. “Aún seguía vigente una idea del famoso malón que iba a atacar a Resistencia”, explicó Chico. El gobernador Centeno dio la orden.

“Llegaron las fuerzas policiales, estaban a 200 o 300 metros de la toldería y  venía un jefe en  un jeep”, contó Mario Yrigoyen, hijo de Melitona Enrique,  una de las sobrevivientes de la masacre. Comenzaron los tiros. Ciento treinta policías y algunos civiles comenzaron a disparar unos 5 mil tiros durante 45 minutos, no importaba si eran hombres, mujeres o niños.  Los heridos eran rematados a machetazos, los que escapan eran perseguidos y también muertos.

Pedro Balquinta hoy tiene 108 años y es el único sobreviviente vivo de la masacre. El año pasado declaró en la fiscalía federal de Resistencia, ante el fiscal Diego Vigay, y recordó que “en la reducción Napalpí mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo”. “Tiraban todos juntos. No le dieron tiempo a salir. Muchos murieron con la primera descarga. Tiraban sin ninguna contemplación. Había ancianos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Los heridos trataban de correr. La policía avanzaba y seguía tirando, para aniquilar, para fundirle a todos los que estaban haciendo el reclamo”, contó Sabino, el otro hijo de Melitona. Más de 400 indígenas fueron asesinados y algunos de sus restos fueron exhibidos como trofeos en la comisaría de Quitilipi.

La investigación

Junto con Vigay, los fiscales federales Federico Carniel y Patricio Sabadini, comenzaron una investigación de oficio de la masacre con la recopilación de documentos que incluyen investigaciones históricas sobre los hechos; el expediente judicial original de la época; informes de la Comisión de Reducciones de Indios sobre el funcionamiento de las Reducción Napalpi; las memorias del Ministerio del Interior de la Nación; y el libro de sesiones de la Cámara de Diputados cuando interpelaron al Ministro de Gobierno de la Nación por los hechos.

En diálogo con Infojus Noticias, Vigay explicó que aún “debe analizarse la factibilidad de realizarse exhumaciones con la debida autorización de las comunidades Qom y Moqoit y la intervención del EAAF” y una vez finalizado esto “la  Fiscalía deberá requerir - al no existir imputados con vida - la apertura de un juicio por la verdad  y  que se pretendemos sea oral y público”. En noviembre del año pasado los fiscales tomaron declaración a Balquinta y a los hijos de las sobrevivientes de la masacre, Melitona Enrique y Rosa Chara.

Además, en la fiscalía también tienen los  legajos de agentes policiales que participaron del ataque,  el informe y fotografías tomadas por el antropólogo alemán  Lehman Nietsche  que estuvo al mismo momento de la masacre, reportes periodísticos de la época, “Informes y Documentos del Archivo Histórico de la  Provincia del Chaco” Monseñor José Alumni” del Museo del Hombre Chaqueño, del Ministerio de Defensa de la Nación, entre muchos  otros documentos.

Vigay recordó lo que decía el acta de apertura de la investigación de la Fiscalía;  al sostener la necesidad de “la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”.

“Los viejos prefirieron morirse de pie luchando”

“Es un hecho histórico, es la primera vez que se está planteando un juicio por la verdad, el tiempo que estamos viviendo en el país y en la provincia, reivindicar la lucha de nuestros mayores”, explica Juan Chico sobre lo que realizan los fiscales y recuerda palabras del ex integrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, cuando sostuvo que “la sociedad Argentina tiene que empezar a reconocer que la nación fue fundada a partir del genocidio indígena”.

Además, que hoy se esté investigando en la Justicia la masacre, para Chico muestra “el avance y el reconocimiento del movimiento indígena en el Chaco y en el país”. “Pensar que los viejos prefirieron morirse de pie luchando” aunque “sabían que con lo que hacían lo que les tocaba era la pena de muerte”, reflexionó.

Este año, a los 91 años de la masacre, fue la primera vez que la comunidad realizó un homenaje en el lugar de los hechos, donde está la fosa donde se enterraron los cuerpos de los indígenas asesinados. 

GA/AF