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Desde su creación, hasta lo pautado en el presupuesto nacional para este año, la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI AMIA) tuvo un constante incremento de recursos para funcionar. Entre 2006 y 2015 el presupuesto de la unidad pasó de más de 4 millones de pesos a casi 32 millones para este año. Un incremento que marca, según palabras del propio Alberto Nisman a la prensa por aquellos años, una “política de Estado”.

La absolución de los 22 acusados de haber participado de la denominada "conexión local" del atentado a la AMIA, del 2 de septiembre de 2004, empujó al Ministerio Público Fiscal a crear la Unidad Fiscal AMIA. La resolución 84/04, de 4 carillas, lleva la firma de Eduardo Casal, en ese momento sustituto del ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Fue protocolizada ese mismo año el 13 de septiembre, once días después del fallo absolutorio. Desde su origen estuvo comandada por Alberto Nisman. Su nombre figuraba en la propia resolución y también mencionaba al fiscal que lo secundó en un principio, Marcelo Martínez Burgos. Tras la muerte de Nisman, hasta que Alejandra Gils Carbó asigne un nuevo fiscal, la comandará Alberto Adrián Gentili.

La UFI AMIA fue creada  con un objetivo claro: “actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías que correspondan, en la tramitación de la causa principal en que se investiga el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la A.M.I.A., en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 y en todas las demás causas, que guarden relación con ese hecho, así como aquellas relacionadas con el encubrimiento u obstaculización de la acción de la Justicia de la que pueda surgir prueba conducente al mismo objetivo”.

Los datos presupuestarios oficiales que se pueden rastrear comienzan en 2006, cuando el presupuesto de la UFI AMIA ascendía a 4.115.846 de pesos con el objetivo de “afianzar a la unidad…incrementando la capacidad de investigación y esclarecimiento del atentado a la mutual”. La progresión, en términos económicos, más fuerte se dio en dos momentos: en el año 2010 cuando de unos 7 millones de presupuesto en 2009 se pasó a casi 14 millones para ese año; y entre 2011 y 2012 cuando luego de una rebaja a 9 millones se pasó a más de 15 millones. El aumento presupuestario fue contante desde entonces y para este 2015 la cifra llegó a 31.636.473 pesos.

En la resolución que marcó su origen, Casal fundamentó las particularidades del caso: “Que corresponde a la Procuración General de la Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que este organismo debe velar, habida cuenta además, la complejidad y trascendencia pública de los hechos investigados en las causas de referencia, los que por su gravedad, han producido una profunda conmoción tanto en nuestra comunidad como a nivel internacional”.

El aumento presupuestario representa también la asignación de personal que tenía a cargo el fallecido Nisman. En el último tiempo ascendió a unos 46 empleados, entre ellos cinco secretarios letrados –un rango alto en el escalafón del poder judicial-, que trabajan en las oficinas que se ubican sobre la calle Hipólito Irigoyen al 400. Este dato no es menor ya que, por ejemplo, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) cuenta con 20 integrantes y un solo secretario letrado.

Otro ejemplo es la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, integrada por 15 empleados, o la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en la Ciudad de Buenos Aires que tiene 20 profesionales.

Cabe destacar que solamente la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) es comparable en su estructura a la UFIAMIA, ya que incorporó diversas áreas ya existentes en el Ministerio Público Fiscal como la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO); la Unidad Fiscal de Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDINTER); y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP).

Los primeros pasos de Nisman en la causa AMIA

Hasta el momento de que se cree la UFI-AMIA, Nisman se había desempeñado como fiscal de juicio en San Isidro y fue convocado por los ex fiscales del caso AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia -ahora procesados-para la preparación de la elevación del caso al debate oral. Tras el juicio sus pares fueron desplazados por haberse prestado a la manipulación política de pruebas.

El fiscal adjunto designado por el procurador sustituto fue Marcelo Martínez Burgos, que venía de  la fiscalía de Saavedra. Lo acompañó durante tres años. En 2007 Burgos renunció a su cargo de fiscal adjunto cuando lo denunciaron por negociar con un abogado beneficios para los iraníes involucrados en el atentado.

Las irregularidades y maniobras que rodearon históricamente a la causa estaban contempladas en la resolución  que creó la UFI AMIA. Allí el ex Procurador señaló el comportamiento del destituido ex juez federal Juan José Galeano, que tenía a cargo el expediente  durante el juicio oral: “se apartó de la búsqueda de la verdad real incurriendo en comportamientos contrarios al ordenamiento legal, proceder en el que colaboraron ya sea por acción y omisión distintos organismos de los tres poderes del Estado otorgándole sostén político o encubriendo su actuación irregular e ilegal”.

“En tales condiciones deviene imperativo adoptar sin dilación todas las medidas que sean necesarias para que se profundicen las investigaciones en aquellas causas penales actualmente en trámite o de aquellas que puedan formarse en el futuro de las cuales puede derivarse la producción de prueba que permita individualizar a los responsables del atentado ya sea como autores, cómplices o encubridores”, sostuvo.

De acuerdo al texto del Ministerio Público Fiscal, el grupo de fiscales de este organismo tiene que actuar “de manera conjunta o alternativa con el titular de la fiscalía federal nº 9 Guillermo Marijuan y con los magistrados a cargo de la restantes fiscalías en la tramitación de todas aquellas causas actuales en trámite o que se originen en el fututo relacionadas con el esclarecimiento del atentado de la AMIA incluyendo aquellas destinadas a verificar hipótesis de encubrimiento u obstaculización de la acción de la Justicia”.