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El juicio por los crímenes que se cometieron en la comisaría de Villa Ballester durante la última dictadura, que se desarrolla en los tribunales de San Martín, evidencia el rol que desempeñaron las estructuras policiales en el despliegue de la represión. Una cuestión que aún no fue del todo explorada en muchos de los juzgados federales. “Este juicio permite entender que la policía jugó un rol principal en el terrorismo de estado. Las comisarías cumplieron un papel que no ha sido tomado con la intensidad que debiera por los juzgados de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”, afirmó a Infojus Noticias el abogado Pablo Llonto, que representa a 254 querellantes en los juicios de lesa humanidad.

Dos de ellos integran el grupo de catorce víctimas que pasaron por la mentada dependencia ubicada en el partido de San Martín. “En las comisarías como la de Villa Ballester se torturó, se sometió a las personas a condiciones inhumanas. Fueron lugares de cautiverio y tormentos”, señaló Llonto. “Las querellas solicitamos no sólo que se fijen las investigaciones en los Centros Clandestinos de Detención clásicos sino también en las comisarías. Hubo participación permanente de la policía para liberar zonas y prestar sus instalaciones como centros de reclusión ilegales. Se utilizaron antes del traslado de la víctima a otro centro más grande o después de su paso por allí”, añadió.

Judith Said, directora nacional de Sitios de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, coincidió en este punto y aseguró: “No descartaría ninguna comisaría dentro del circuito represivo. Por la mayoría pasaron secuestrados”.

El caso de la comisaría de Villa Ballester vuelve a ser un botón de muestra: doce de los detenidos ilegales en aquella seccional fueron llevados a Campo de Mayo. Tres nunca regresaron. La comisaría 2da. de San Martín conocida como la seccional de Villa Ballester integró el circuito represivo de Campo de Mayo y por eso su rol es analizado en el 13° juicio de aquella megacuasa.

Por allí pasaron en 1976 al menos catorce víctimas –tres permanecen desaparecidas-. En el proceso que se inició el pasado 18 de agosto y se espera que concluya en los primeros días de octubre sólo está siendo juzgado un policía: el comisario Carlos Daniel Caimi, a cargo de la comisaría entre el 30 de mayo de 1975 y el 25 de noviembre de 1977. En el banquillo de los acusados lo acompañan el amo y señor de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, quien se desempeñó como jefe del Comando de Institutos Militares; y Rodolfo Feroglio, director de la Escuela de Caballería y jefe del Área 430, es decir, de todo lo que sucedía en San Martín.

El desarrollo del juicio ya reflejó la participación de los hombres de azul en los secuestros y también en las torturas de muchos de los detenidos clandestinos. En la segunda audiencia del proceso oral, que se realizó el 25 de agosto, los ex obreros Ángel Núñez y Héctor Barrera, entonces delegados gremiales de la metalúrgica BOPAVI, relataron cómo fueron secuestrados en un operativo conjunto, por una patota del Ejército y de la Policía Bonaerense. Fueron “chupados” de la fábrica en pleno horario laboral junto a otros dos compañeros. Era el 16 de agosto de 1976, al mediodía. Les pusieron capuchas y los trasladaron a la comisaría 2° de San Martín. Los alojaron en calabozos, no recibieron alimentación ni agua y fueron sometidos a interrogatorios y torturas. Estuvieron en esas condiciones inhumanas durante una semana, aproximadamente. Los liberaron en una ruta de la localidad de Bancalari, en pésimas condiciones de salud.

Enrique Ibalo, que fue secuestrado junto a su mujer Amelia González el 2 de diciembre del ‘76, declaró que fue torturado en la seccional de Villa Ballester por un policía al que reconoció: el oficial Avesani, quien trabajaba en la misma seccional. Por su parte, Beatriz Ramona Castro de Villareal, detenida el 4 de abril del ’76, reconoció que fue torturada por el oficial inspector Fernández, vecino suyo. La coincidencia no fue producto del azar. “La policía era la que tenía el contacto más cercano con las víctimas. Actuaba no solo como patota sino además como el primer eslabón de inteligencia”, explicó el abogado querellante Leonel Curutchague, integrante de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y cuestionó: “En este juicio en particular no se agregó toda la prueba de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), que no es menor”.

Se espera que en la audiencia de este lunes se ventilen delitos sexuales cometidos en la dependencia policíaca lo que podría derivar en la ampliación de la acusación contra los imputados.

Los nexos entre militares y policías en Villa Ballester

“La policía era conjuntamente con los militares la que estaba a cargo del dominio de los calabozos de la comisaría de Villa Ballester”, afirmó el abogado Ernesto “Coco” Lombardi. La mayoría de los testigos recuerda como si fuera hoy la tanqueta que estaba estacionada en la puerta de la dependencia policial, que era utilizada para trasladar detenidos.

Uno de los testimonios del juicio es esclarecedor. Se trata de la declaración del policía Patricio Rebollo, que oficiaba de chofer. Dijo que llevaba al comisario Caimi a la Escuela de Caballería a diferentes reuniones. Por su parte, un soldado recordó en las audiencias que en los operativos se sacaba gente y se las llevaba a la comisaría más cercana.

Otras comisarías

La comisaría de Villa Ballester no fue la única dependencia policial que fue utilizada para recluir secuestrados en San Martín. “Solo en ese partido falta investigar a la Brigada Femenina; la Unidad Regional y la comisaría 1ra.”, indicó Llonto. Por caso, la Brigada Femenina de San Martín tuvo la siniestra función de ser un centro de reclusión clandestino de niños. Tenía un cuarto ambientado con cunas y funcionaba como depósito momentáneo de menores.

Allí también fueron trasladados adultos, que como en cualquier otro CCD, eran torturados e interrogados. Para Llonto, el rol de las comisarías “es uno de los fragmentos de la represión en los que hay una cantidad de centros clandestinos de detención sobre los que falta profundizar investigaciones”.

Por ejemplo, falta investigar las comisarías de Vicente López, San Fernando, la Unidad Regional de Tigre, las de General Sarmiento, Zarate y Campana. Los casos de las comisarías de Escobar, de Tigre y de Bella Vista que integraron el circuito del terror relacionado a Campo de Mayo y ya fueron investigadas muestran el camino a seguir.

“Las comisarias como los hospitales tuvieron una función muy importante en relación a lo que fue el circuito represivo. Hemos señalizado muchas, como la 5ta de La Plata.”, aseguró Judith Said. “A esas dependencias las llamamos puntos de apoyo por lo que aparecen en los listados como CCD. Estos juicios, como el de Villa Ballester, sirven para corroborar estos temas”, concluyó.

FM/JMM