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Con dieciséis condenas, el año 2013 fue el de mayor cantidad de civiles condenados por complicidad o participación en delitos de lesa humanidad. El 2012 ostentaba, hasta ahora, la mayor cantidad: nueve sentenciados.

La mayoría de los civiles que recibieron penas fueron para los ladrones de bebés a sus padres desparecidos: apropiaciones durante la dictadura, y supresión y sustitución de sus identidades. En el juicio en el que se ventiló el robo de Federico Cagnola Pereyra –hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, fueron condenados Inés Graciela Lugones, exesposa del fallecido represor Guillermo Minicucci, que está acusada de haber entregado un bebé nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA, y el matrimonio integrado por Jorge Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena.

María Mercedes Elichalt, la esposa del ex subcomisario de la Policía Bonaerense Domingo Madrid, recibió diez años de prisión por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, hija de dos militantes montoneros secuestrados y primera nieta nacida en un centro clandestino que recuperó su identidad. También fue condenada la médica Silvia Marta Kirilosky, que firmó el certificado de nacimiento falso, a la pena de cinco años y medio de prisión.

El 3 de diciembre, en tanto, fueron condenados Roberto Cándido Duarte y su esposa Margarita Noemí Fernández por la apropiación de otro nieto, Gabriel Matías Cevasco. Guillermo Amarilla María Francisca Morillo, apropiada de Catalina de Sanctis Ovando, y esposa del militar Carlos del Señor Garzón, recibió 12 años de pena en el marco de una causa de Campo de Mayo. Esa misma sentencia incluyó el castigo para Aida Blandina Dusolina Pizzoni, apropiadora de Guillermo Molfino Amarilla.

En esa jornada también fue condenado, a 25 años, un civil torturador: Carlos Eduardo José Somoza, alias “Gordo”. Era ex agente de inteligencia del Ejército y uno de los torturadores más violentos de El Campito, que estuvo prófugo hasta enero de 2010 y fue fotografiado en septiembre de 2012 violando su prisión domiciliaria.

El primer civil condenado en 2013 fue Julio Cirino y tiene una historia particular. El ex agente del Batallón 601 fue condenado a seis años de prisión por una resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones –integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– que revirtió el sobreseimiento del represor firmado por el juez Ariel Lijo en noviembre de 2012. Cirino estaba vinculado al PRO a través de la Fundación Pensar, un think tank del partido de Mauricio Macri.

En tanto, la justicia federal correntina condenó en julio a Carlos Faraldo y a Darío Ledesma, ambos agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, a seis años por privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos. En Rosario, en tanto, fue condenado el abogado Pedro Alberto Rodríguez por el secuestro y las torturas que padeció durante la última dictadura el entonces titular del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado. Rodríguez era asesor jurídico del municipio y continuó siéndolo después del Golpe de Estado.

Tucumán fue el último distrito judicial que este año condenó a civiles que participaron de la última dictadura militar. La ex policía de la provincia María Elena Guerra fue condenada a dos años por usurpación de la casa de una de las víctimas, mientras Francisco Guillermo López Guerrero fue sentenciado por su participación como agente de inteligencia en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

En 2012 había sido condenado Víctor Brusa, un ex juez federal que colaboró con la represión en Santa Fé. Queda una deuda, respecto del juzgamiento de civiles cómplices, que comenzará a saldarse el año que viene: la condena a los empresarios que entregaron o instaron al secuestro de activistas sociales o delegados gremiales de sus firmas. El emblema es el ex emperador de la azúcar, el mandamás del Ingenio azucarero Ledesma, que está procesado en una causa federal en Jujuy.