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Más de 300 académicos e investigadores de universidades nacionales y extranjeras realizaron un pronunciamiento acerca del rol de los juicios por delitos de lesa humanidad como política de Estado, y expresaron preocupación por las recientes intervenciones de editoriales del diario La Nación y mesas e investigaciones de la Universidad Católica Argentina y de San Andrés en las que, según el documento que elaboraron, se intenta “relativizar la magnitud de los crímenes” cometidos durante la última dictadura cívico militar, además de “cuestionar los juicios” y mostrar “a los perpetradores como víctimas de un poder arbitrario”. El documento lleva el título “La democracia se construye con verdad y con justicia”, y hasta ayer por la tarde alcanzaba 380 adhesiones de académicos y representantes del campo de los derechos humanos.

Según publicó Pagina 12 en su edición de hoy, el texto subraya que “las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional”. Y señala una preocupación más profunda que encierra, como señaló la historiadora Marina Franco recientemente, “la posibilidad más vasta de que se modifiquen los consensos sociales en cuanto a la condena de la violencia de Estado”.

Entre quienes firmaron están Elizabeth Jelin, de Ides-Conicet; Dora Barrancos, UBA Conicet; Emilio Crenzel, Conicet UBA; Ernesto Bohoslavsky, Conicet UNGS; Gabriela Aguila, Conicet-UNR; Luciano Alonso, CesilUNL; Ana Barletta, Idihcs/UNLP; Vera Carnovale, Conicet-CeDinCI/Unsam; Jorge Cernadas UBA-UNGS; Roberto Pittaluga, UBA/UNLPam; Marina Franco, Conicet-Unsam; Patricia Funes, Conicet-UBA; Santiago Garaño, Conicet –UBA– Untref, y Alejandra Oberti, UBA. También Sofía Tiscornia, UBA-CELS; Ludmila Catela, del Archivo provincia por la Memoria de Córdoba. Carlos Sico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro; Julio Pintos, de Chile; Nora Rabotnicof, de la UNAM de México, y Estela Schindel, de la Universidad de Constanza de Alemania.

“En nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el Conicet y en diversas universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversas ámbitos académicos –la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés– y la prensa gráfica –el diario La Nación– que relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora”.

JC/MEL