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“La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial para poder sostener con certeza que la creación de una ‘Comisión de la Verdad’ no tiene relevancia en el ámbito penal”, sostuvo el fiscal federal Gerardo Pollicita en el primer párrafo en tipografía negrita que aparece en su apelación a la decisión del juez federal Daniel Rafecas de no continuar con la denuncia iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Lo mismo consideró Pollicita respecto de establecer si existió, por parte de la conducción del Gobierno, “un accionar orientado a obtener la baja de las circulares rojas relacionadas a los imputados iraníes con pedido de captura por el atentado a la AMIA”. Para el fiscal, la resolución de Rafecas tiene afirmaciones tan “extremas” como la denuncia de Nisman, pero en sentido opuesto.

Una decisión "prematura"

Ese párrafo destacado, ubicado en la quinta página de un escrito que tiene treinta y cinco carillas, traza el eje de la argumentación de la apelación de Pollicita, que está basada en la idea de que es necesario contar con “mayor información” antes de definir que, como dijo Rafecas, el Gobierno "no tenía intenciones de encubrir" a los acusados del ataque a la mutual judía. Ahora, Rafecas deberá decidir si hace lugar a la apelación. Si la concede, la causa irá a sorteo para ver cuál de las dos Salas de la Cámara Federal intervendrá en ella.

Para Pollicita la decisión de Rafecas fue “prematura” y sin contar con información suficiente. Y eso planteó al abordar “la posible relevancia penal” de la creación de la Comisión de la Verdad.  “Es precipitado el cierre del legajo desde el punto de vista de que obsta a la búsqueda de las evidencias acerca de la finalidad perseguida por las personas que intervinieron en la creación de la Comisión de la Verdad”, indicó en referencia al supuesto complot orquestado entre la presidenta Cristina Fernández, el diputado Andrés Larroque, el canciller Héctor Timerman, el dirigente barrial Luís D´Elia y el ex juez Héctor Yrimia.

Posturas extremas

"A pesar de no contar con los elementos necesarios para decidir el punto, entiendo que a esta altura la hipótesis sujeta a demostración del Dr. Nisman contiene una notitia criminis, esto es la versión de que el instrumento jurídico internacional creado y ratificado legislativamente bien pudo haber sido el medio buscado para lograr la desvinculación de los imputados, en perjuicio del bien jurídico protegido que es la administración de justicia", señaló.

También, dijo Pollicita, existen definiciones “categóricas” por parte de Rafecas sobre el sostenimiento o levantamiento de las circulares rojas de Interpol. Si bien desde la conducción de ese organismo aseguraron que el Gobierno no hizo ninguna gestión para levantar esas órdenes de captura internacional contra los iraníes prófugos sino que pidió que se mantengan, el fiscal consideró que “aún deben practicarse ciertas diligencias para poder asegurar categórica y definitivamente” que el Memorándum de Entendimiento y las acciones posteriores “no pusieron en riesgo la vigencia” de esas circulares.

“En definitiva, la resolución cuestionada contiene afirmaciones categóricas claramente opuestas a las posiciones igual de extremas defendidas por el Dr. Nisman en su denuncia, lo cual persuade acerca de que resulta prudente y razonable abrir la investigación propuesta por esta Fiscalía para luego poder tomar una decisión sobre el fondo del asunto con la información necesaria a tales fines”, escribió Pollicita en otro de los párrafos que destacó en tipografía negrita.

Medidas de pueba

Con la misma tipografía, el fiscal sostuvo que la resolución del juez debe ser revocada por la existencia de una “hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional” y dijo que eso “demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido, sea que ella se identifique con la versión incriminatoria de la denuncia o bien con aquella diametralmente opuesta sostenida en la desestimación”.

Sobre esa base, sugirió una serie de medidas de prueba para determinar si el objetivo final del Memorandum de Entendimiento y la Comisión por la Verdad tenía el sentido denunciado por Nisman. Para ello consideró necesario, por ejemplo, evaluar los cables diplomáticos, escuchas telefónicas no transcriptas, antecedentes vinculados al debate parlamentario y testimoniales de quienes intervinieron en las negociaciones.

No alcanza con un mail

Además, evaluó que no podía tomarse como cierto el mail del secretario general de Interpol al momento de los hechos denunciados, Ronald Noble, sin tomarle una declaración testimonial. Y dijo que no alcanzaba con tomar en cuenta las entrevistas publicadas a Noble en los diarios Página/12 y The Wall Street Journal, donde desmintió la denuncia de Nisman, como hizo el juez Rafecas.

“Una vez que (todo) ello suceda, se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad posibles”, completó también en tipografía destacada.