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El pedido del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, de llamar a indagatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorando de Entendimiento con Irán generó críticas en funcionarios del Ejecutivo, dirigentes y  legisladores. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como “ridícula” la decisión de Nisman y señaló que se trata de “un manotazo de ahogado”. "Nisman es alguien que responde a otras estructuras de la Secretaría de Inteligencia. La denuncia no tiene asidero. El acuerdo con Irán está dentro de las facultades que la Constitución prevé para el Poder Ejecutivo”, observó.

La oposición de la Cámara de Diputados recibirá el lunes a Nisman para que brinde información acerca del pedido de indagatoria a la Presidenta. Así lo confirmó la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión-PRO), quien dijo que la visita se dará en el marco de una reunión de los integrantes de esa comisión. Sin embargo, desde el oficialismo aclararon que "la reunión carece de carácter institucional" porque no se encuentra habilitado el período ordinario de sesiones que permite el trabajo de las comisiones.

Aníbal Fernández también recordó que "cuando se declaró nula la causa de AMIA, y caen las notas rojas de Interpol" --que permitían detener a quienes tuvieran pedido de captura de la justicia-- llamó a Nisman para que viaje con el propósito de continuar la investigación y éste le respondió que "no quería".

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, afirmó en su cuenta de Twitter: "Es inconcebible involucrar a la Presidenta en un supuesto encubrimiento, cuando fue precisamente este Gobierno quien más hizo por esclarecer los criminales atentados a la AMIA y la Embajada de Israel". Y recordó que "así lo ha reconocido la propia la comunidad judía".

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que el pedido de indagatoria para la jefa de Estado “es un disparate institucional y jurídico". “El acuerdo con Irán es un acto propio que puede realizar el Poder Ejecutivo Nacional y está dentro de las facultades que la Constitución le otorga a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner". El ministro aseguró que "el acuerdo contó con el consenso parlamentario, fue debatido y aprobado con mayoría en ambas Cámaras, con la presencia del Canciller (Héctor) Timerman, que respondió todas las inquietudes”, sostuvo Rossi.

En ese sentido, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, consideró que la resolución del fiscal “es un pase de factura por los cambios que el Gobierno impuso en la estructura de inteligencia. “Los que apoyamos a este Gobierno no podemos permanecer neutrales ante este tipo de ataques a la Presidenta. Esta administración fue la que más hizo a favor de que se esclarezca el atentado a la AMIA”, enfatizó Randazzo. Y recalcó: “La Justicia, en cambio, tiene todavía una gran cuenta pendiente con la sociedad en relación al esclarecimiento del mismo”.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, alertó sobre “una estrategia muy clara y grosera para intentar deslegitimar y derrocar al Gobierno”. “El trasfondo de todo es presionar a la Presidenta, es un apriete al mejor estilo mafioso para decirle ‘no nos saquen los privilegios ni la posibilidad de administrar justicia para unos pocos’.

El jefe del bloque del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, el rionegrino Miguel Pichetto, tildó como “demencial” la citación de Nisman a la Presidenta. “Últimamente se toman decisiones en sedes judiciales que tienen contenidos de irracionalidad que convierten en delitos acciones que son propias de otros poderes del Estado", evaluó el senador.

En tanto que el diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, Guillermo Carmona, evaluó como “una ficción el accionar del funcionario judicial que interviene en la causa AMIA. “Lo que pretende Nisman es ocultar las deficiencia de su investigación con acciones judiciales que tienden a la espectacularidad”, recaló. Y sostuvo: “Se trata una ficción que pretende distraernos de la cuestión central. ¿Qué es lo que dejó de investigar en esta causa? No ha avanzado un milímetro en el esclarecimiento del atentado”

El ex diputado por La Rioja Jorge Yoma entendió que “un acuerdo con otro país, ratificado por el Parlamento es un acto de gobierno, correcto o no, pero no constituye materia judiciable”.

Qué dice la presentación de Nisman

Según la Agencia Judía de Noticias (AJN), el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA presentó hoy un pedido de casi 300 páginas ante el juez Ariel Lijo –que investiga el encubrimiento del atentado- “la declaración indagatoria y el embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner”.

En el escrito también se acusa al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al ex fiscal y juez Héctor Yrimia, a Jorge “Yussuf” Khalil, a Luis D’Elía, a Fernando Esteche, líder de Quebracho, y a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, “como autores o cómplices del encubrimiento agravado de los imputados iraníes, estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En una entrevista exclusiva a esa agencia, el fiscal acusó a la Presidenta y al canciller de acordar “la impunidad de Irán” antes de la firma del memorándum. 

La unidad a cargo de Nisman fue creada en 2004 para actuar en la tramitación de la causa principal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 en la que se investiga el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA.

El Memorándum entre Argentina e Irán con el objetivo de avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA, fue firmado en enero de 2013. Por este acuerdo, los funcionarios de la República Islámica que se encuentran acusados de participar en el ataque contra la sede mutual de la comunidad judía prestarían declaración ante la Justicia argentina.