Infojus Noticias

Entre Castelar e Ituzaingó una vieja casona de estilo francés, bautizada como Mansión Seré, fue testigo del horror en la dictadura militar. Allí no sólo se torturó y se privó de la libertad a personas: también se cometieron delitos sexuales. En la última audiencia del juicio –que retomará el 11 de marzo- el fiscal Martín Niklison pidió acusar por delitos sexuales a tres ex brigadieres. La medida, según dijeron a Infojus Noticias desde la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, se ampliará a todo el circuito represivo de la zona oeste del Gran Buenos Aires, integrado por los centros clandestinos Mansión Seré, la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón y las comisarías 1ª de Morón, 2ª de Haedo y 3ª de Castelar.

El fiscal expuso los casos de ocho mujeres y tres hombres, todos sobrevivientes, y de un adolescente de entonces 14 años que permanece desaparecido y pasó también por otros circuitos represivos. “Los hombres adultos fueron abusados mediante la introducción de un palo en el ano, mientras que las mujeres y el chico fueron accedidos carnalmente”, dijeron desde la fiscalía.

Dos casos de mujeres y uno de los hombres fueron conocidos por primera vez durante el debate, mientras que los restantes ya habían sido registrados durante la instrucción de la causa. En la interpretación jurídica de los hechos, el fiscal se diferenció del juez Daniel Rafecas, que los consideró como parte de la práctica sistemática de tormentos. Para Niklison, son delitos de lesa humanidad distintos. Lo consideró como un fenómeno criminal único e inseparable. Los abusos sexuales como la violación con acceso carnal y el abuso simple, en efecto, están tipificados en los artículos 119 y 127 del Código Penal.  

“Si se califica a los delitos contra la libertad sexual como un tormento más, se invisibiliza el impacto subjetivo. Y, de ese modo, se  impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima del abuso. Es un error creer que si no ocurrieron de una forma sistemática, no puede considerárselo como crímenes contra la humanidad”, aclararon desde la fiscalía a Infojus Noticias.

El fiscal  amplió la acusación contra los ex brigadieres Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés, a quienes atribuyó los crímenes en carácter de “autores mediatos”. Fueron los jefes: estuvieron a cargo de la subzona 16 del Cuerpo I del Ejército que, a su vez, funcionó  bajo dominio de la Fuerza Aérea. "Ellos fueron los responsables del circuito represivo y les entregaron a otros imputados las personas para que hicieran lo que quisieran con ellas y luego les garantizaron la impunidad", explicó Niklison a la página Fiscales.gob.ar. El proceso, además, está probando otra realidad en la cuestión del reparto territorial: la Policía Bonaerense, en esa zona, estaba subordinada a la Fuerza Aérea.

Es el segundo juicio por Mansión Seré, comprende 97 víctimas y empezó el 26 de marzo del año pasado. En el banquillo de acusados también están siendo juzgados los ex policías bonaereneses Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Néstor Rubén Oubiña, Felipe Ramón Sosa y Héctor Oscar Seisdedos. Los delitos que se investigan son privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidios. Ahora, con el nuevo requerimiento del fiscal, el Tribunal deberá responder si incorpora las imputaciones por delitos sexuales.

La Mansión Seré era una casa de dos plantas que estaba en la calle Blas Parera N° 48, en el límite entre Castelar e Ituzaingó, en Morón. En 1977 se convirtió en uno de los 370 centros clandestinos de detención del país que marcó la Conadep, y fue uno de los más siniestros de la zona oeste. La responsable del lugar era la Fuerza Aérea, que contó con la complicidad de la policía bonaerense (sobre todo las comisarías 1° de Morón, 3° de Castelar y 2° de Haedo). Por el lugar pasaron cientos de secuestrados ilegalmente entre 1977 y 1978, y tras la fuga de tres prisioneros que escaparon la noche del 24 de marzo de 1978 bajo la lluvia, esposados y desnudos, fue incendiada para que no quedaran rastros del horror. Hoy, hay una casa de la memoria. 

Los delitos contra la libertad sexual  

En el contexto de los juicios de lesa humanidad en el país, la cuestión de los delitos sexuales aparece cada vez con mayor fuerza y está sentando un importante precedente jurídico. Los testimonios y la carga de pruebas son contundentes. Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos dijeron que sólo falta la decisión de los jueces. “Los delitos contra la libertad sexual  todavía no han sido tratados en los procesos judiciales de un modo acorde con la verdadera dimensión que han tenido en la práctica”, expresaron en un documento.

Este año, en Chaco, un abuso sexual será juzgado como delito de lesa. La joven S.F.A. y su compañero de vida y de militancia en el PRT y las Ligas Agrarias, Pedro Morel, estuvieron en las celdas de la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña a fines de mayo de 1977. Ella tenía 22 y él, 32. Aún están desaparecidos. En esos calabozos, dos guardias –Luis Borda y Rubén “Chuleta” Roldán– violaron a S. sistemáticamente; pero Roldán falleció y solo Borda enfrentará un juicio por estos hechos porque, pese al planteo de sus defensores, la Justicia federal chaqueña consideró estos ataques como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

El 16 de junio de 2010, en Mar del Plata, fue la primera sentencia en la que se registró una condena por un delito de índole sexual.  El represor Gregorio Molina fue condenado, entre otros delitos, por seis hechos constitutivos de violación, uno de ellos en grado de tentativa. Hasta el momento, son siete las sentencias que destacan los delitos sexuales como delitos independientes a las torturas que se multiplicaban en los chupaderos.

La sentencia en 2010 de la causa “Molina”, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue la primera. La siguieron otros seis fallos: la causa “Sambueli” de septiembre de 2013 en Santa Fe; la causa “Martel” –el mismo mes- en San Juan; y dos sentencias en Santiago del Estero –“Aliendro” en marzo de 2013 y “Acuña” en febrero de 2014-. Las últimas dos fueron en marzo del año pasado: “Mulhall” en Salta, y la causa “Arsenales”, en Tucumán.