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La audiencia comenzó puntual, a las 8, con un incidente que fue un presagio de lo que vendría después. El ex capitán Norberto Raúl Tozzo ejerció su derecho a las últimas palabras y ensayó una defensa de manual en juicios de lesa humanidad: se declaró inocente de todo cargo e inscribió su juzgamiento en una revancha política de lo que llamó una “justicia revolucionaria”. La mención enfureció a Mario Bosch, el representante de las familias de los desaparecidos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el CELS. Bosch lo cruzó a los gritos. El represor lo insultó y lo trató de mentiroso. Los dos fueron severamente apercibidos por el tribunal oral que juzga a Tozzo por la Masacre de Margarita Belén. “Es paradójico que sea Bosch el primer condenado del juicio”, dijo con ironía el fiscal, Carlos Amad. Hoy Tozzo iba hoy a escuchar la sentencia. Pero los jueces decidieron postergar su decisión hasta el viernes.

El día de la masacre, Tozzo fue el copiloto del camión del Ejército Unimog 416 que integraba una comitiva de traslado de al menos 22 presos “revoltosos”, desde Chaco a Formosa. La propaganda militar lo presentó como un enfrentamiento desatado cuando “subversivos” asaltaron el convoy, a cargo del mayor Athos Renes. Los prisioneros y los supuestos asaltantes murieron con balazos en la nuca. No hubo bajas militares. La realidad, se supo después, es que la matanza la ordenó el general Cristino Nicolaides el 11 de diciembre de 1976 para matarlos. La farsa quedó al descubierto en la sentencia del juicio a las Juntas Militares. Y fue refrendada en el juicio que condenó a ocho represores en julio de 2011: había sido un fusilamiento masivo, liso y llano.

Después de que Tozzo declaró, los jueces Alfredo García Wenk, de Formosa, que preside el tribunal, y los magistrados Rubén David Quiñonez y Selva Angélica Spessot, de la Cámara Federal de Corrientes, volvieron a la sala donde las partes esperaban el veredicto. En lugar del fallo, dieron el anuncio de que seguían “en estado deliberativo” hasta el viernes. La decisión del tribunal roza la infracción del artículo 396 del Código Procesal Penal, que establece que una vez que los imputados dan sus últimas palabras, el tribunal debe reunirse “inmediatamente a deliberar” y sólo pueden reabrir el debate en caso de “absoluta necesidad para la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas”. “En más de 300 debates en los que he participado, nunca difirieron el veredicto para otro día. Esto es muy inusual”, dijo a INFOJUS el fiscal Amad.

La medida fue recurrida por la unidad fiscal pero no fue tenida en cuenta. “Hubo mucho malestar en la sala”, afirmó Amad. “Hay familiares que vinieron desde muy lejos a escuchar este veredicto, de un juicio que lleva un retraso de 30 años”, agregó. “Fue muy triste lo que pasó”, dijo Gustavo Pierola, hermano de Fernando, uno de los cuatro casos que se le imputan a Tozzo en este proceso, llegado desde Entre Ríos. “Estamos muy preocupados por este tribunal, que dijo que había nuevos elementos cuando lo único nuevo que sucedió fue que Tozzo mintió durante una hora de que era peronista y que el Ejército lo perseguía”, agregó el querellante. Varios testigos contaron que Tozzo participaba en sesiones interminables de tortura. “Mientras familiares y sobreviventes contaban sus suplicios, el juez García Wenk se quedaba dormido”, concluyó Pierola.

La fiscalía había pedido para el militar 24 años de prisión por las desapariciones forzadas “agravadas por el tiempo” de Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynald Zapata Soñez, y Julio Andrés Pereyra. Tozzo participó del traslado de los presos políticos, pero no fue incluido en el banquillo del juicio anterior porque se hallaba prófugo en Brasil. Había escapado del país luego de un escandaloso fallo de la Cámara Federal de Resistencia, en el que intervinieron los secretarios de fiscales y jueces de entonces, acusados de presenciar la tortura. “Fue aberrante. Discutieron una cuestión de competencia más que un hábeas corpus. El fallo dejó a gente en libertad y Tozzo se fugó”, cuenta Amad. Fue capturado por Interpol argentina y brasilera el 17 de septiembre de 2008 cuando salía de un hotel de lujo en Ipanema, Río de Janeiro.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la extradición, pero con condiciones. “La extradición le puso un corset a su juzgamiento, porque lo extraditan sólo por los casos de privación ilegítima de la libertad, y no por los homicidios que consideraron prescriptos según sus leyes”, explicó Amad. Según el acuerdo bilateral, no podía ser penado a más de 30 años. “En el ínterin murieron acusados y víctimas. Un daño irreparable.”