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Después de la inspección ocular que hizo ayer en la puerta de su veterinaria, en la ciudad salteña de Metán, Carlos Toledo, terminó llorando. No solo porque tuvo que recordar el trágico asesinato de su hermano Federico Ángel y las balas que recibió ese día, 22 de septiembre de 1976, sino porque se enteró que un nuevo testigo afirmó que cuando agonizaba le inyectaron potasio para matarlo, pero no pudieron. Carlos ayer participó del operativo del Tribunal Oral Federal de Salta, que juzga a seis imputados por delitos de lesa humanidad.

Toledo ya declaró en la causa anterior del megajuicio, pero ayer volvió a contarles a los jueces lo que pasó la noche del 22 de septiembre de hace 38 años. En ese entonces, tenía 25 años y meses antes se había recibido de veterinario. Su hermano Federico tenía 30 años, estaba casado y trabajaba en una academia de dactilografía. En sus tiempos libres, el hermano mayor militaba en una unidad básica de Metán y había colaborado fuertemente en la campaña política del año ´73.

Ese día, Carlos tenía una cirugía programada en su veterinaria de la calle 9 de Julio, en pleno centro de Metán. Eran las nueve y cuarto de la noche cuando escuchó un griterío en la vereda. Salió a ver qué pasaba y vio a su hermano rodeado por cuatro hombres encapuchados, que lo querían subir a un auto blanco. Carlos salió corriendo a auxiliarlo, forcejeó y logró que su hermano se soltara de los brazos de sus captores. Federico corrió unos 50 metros, intentó entrar a un cine – que hoy ya no está- pero alguien le impidió la entrada y los secuestradores lo acorralaron. Recibió dos balazos que le perforaron el riñón y el intestino. Carlos también recibió dos tiros y cuando iban a rematarlo, el disparo le perforó el omóplato, pero no lo mató. Minutos después los hermanos fueron trasladados a una clínica de la capital salteña. “El pronóstico médico era más favorable para Federico y Carlos tenía menos posibilidad de vivir”, le dijo a Infojus Noticias Federico Ángel, hijo de Carlos.

Hasta ayer, Carlos siempre se había preguntado por qué él  había sobrevivido si su estado era más grave que el de su hermano. La posible respuesta la dio ayer una testigo en la inspección ocular, que trabajaba de cocinera en la clínica de Salta. “La mujer contó que a mí me inyectaron potasio, pero que no fue en la vena directa, sino hoy no estaría con vida. Pero mi hermano no habría corrido la misma suerte. Eso explica por qué no resistió, si él no tenía una herida mortal”, dijo Carlos. La declaración fue informal y hoy la mujer viajó a Río Negro, pero las fuentes judiciales le confirmaron  que iba a ser citada para declarar en el juicio.

Después de la muerte de Federico, Carlos se exilió en Buenos Aires y volvió a Salta en 1983. Ese año nació su hijo, a quien llamó Federico Ángel en recuerdo de su hermano. Carlos fue el primero que denunció delitos de lesa humanidad en Metán. “Mucha gente todavía tiene miedo de hablar, pero de a poco se están animando”, agregó Carlos.

El megajuicio de Salta

El megajuicio consta de cuatro expedientes, uno de ellos es el de los hermanos Federico y Carlos Toledo. En el resto se busca dilucidar qué pasó con los militantes peronistas, también asesinados, Hugo Velázquez, Esmeralda Guerrero, Orlando Molina, Gerónimo Concha Canseco, Mario Monasterio Sánchez, Pedro Núñez Apaza, José y Luis Ortega, José Lino Salvatierra y Oscar Rodríguez.

Los acusados son Miguel Gentil, quien era jefe de la Policía de Salta en ese momento; Carlos Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; y los policías Rafael Orlando Perelló, Marcos Honorio Medina y Andrés del Valle Soraire y el entonces director de Tránsito de Metán, Eduardo del Carmen del Valle.

Los imputados Mulhall y Gentil ya fueron condenados el año pasado por otro juicio de lesa humanidad en Salta. Están cumpliendo su pena en el hospital militar de Ezeiza. Los acusados Soraire y Del Valle cumplen prisión domiciliaria y Perelló y Medina están excarcelados.

Los jueces Federico Díaz y Gabriel Eduardo Casas dirigieron la inspección ocular que también se realizó en la comisaría de Metán, en cuyos calabozos estuvieron secuestradas y fueron torturadas algunas de las víctimas. En ese entonces, ahí funcionaba la Dirección de Tránsito a cargo del imputado Carmen del Valle. Del operativo judicial, también participaron el fiscal Francisco Snopek, abogados querellantes y efectivos de la Gendarmería.