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“Es algo muy triste que tengo en mi corazón no saber dónde están los restos de mi hija Lidia, quiero saber dónde está antes de morir, quiero que se haga justicia. Hay gente que debe saber, puede ser que algún día alguien tenga el coraje de decirlo”. El testimonio de María Isabel Figueroa de De Marinis ante el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza en 2011 es uno de los tantos presentes en El libro de los juicios. Experiencias, debates y testimonios sobre el terrorismo de Estado en Mendoza. Lo publicó la Universidad Nacional de Cuyo y está escrito por fiscales y abogados querellantes de los cuatro juicios de lesa humanidad en la provincia de Mendoza.

Con prólogo del periodista Horacio Verbitsky, el libro se divide en ocho capítulos que abordan diferentes temáticas en casi 300 páginas. Las ilustraciones quedaron a cargo de Ángela Urondo, también víctima directa del terrorismo de Estado. El 17 de junio de 1976, Ángela era un bebé de once meses cuando los militares la secuestraron junto a su mamá Alicia Raboy. En el mismo operativo, a su papá, el poeta y escritor Paco Urondo, lo mataron a golpes en la ciudad mendocina de Guaymallén. La historia es narrada por el abogado Alfredo Guevara Escayola en el capítulo Verdades, mentiras, mitos y fantasmas sobre el homicidio de Paco Urondo.

Los dos primeros capítulos son de orden histórico. El fiscal federal Dante Vega escribió el primero sobre las dos fases del terrorismo de Estado en la provincia mendocina. Después, el abogado y exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Diego Jorge Lavado, escribió una crónica sobre los primeros juicios de la provincia.

La abogada y apoderada del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Viviana Beigel, analizó el delito de desaparición forzada de personas. La acusación de privación ilegítima de la libertad, plantea Verbitsky desde el prólogo, “permitía a todos los imputados permanecer en libertad durante la tramitación del proceso, demostrando el éxito de la ingeniería política del plan criminal para asegurar la impunidad de los represores”.

El apoderado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñalosa, profundiza en la figura del genocidio. Explica la dificultad para llegar a una condena por este delito.

El abogado querellante Pablo Salinas escribió sobre el paralelismo del juicio de Nuremberg con el de los jueces mendocinos, donde él es querellante. En una de las causas contra funcionarios de la Alemania nazi, el Tribunal Militar de los Estados Unidos juzgó y condenó por crímenes contra la humanidad a 16 abogados y jueces del nazismo que establecieron el aparato jurídico nacionalsocialista.

Para Salinas, existen similitudes en ambos procesos. “Lo esencial es que tanto en la Alemania nazi como en Argentina, hubo complicidad de la justicia penal. Necesitaron a jueces, fiscales y camaristas federales para que justificaran su accionar genocida, ya sea por acción u omisión”, le explicó a Infojus Noticias.

Otro abogado querellante en los juicios, Pablo Garciarena, analiza la violencia sexual durante la última dictadura militar.

El último capítulo es de la subsecretaria de Justicia del gobierno de la provincia de Mendoza, Romina Ronda, que avanza sobre la reparación integral de los delitos de lesa. “Cuando se sanciona el delito y se procede a reparar simbólicamente a la persona vulnerada en sus derechos, el efecto del reconocimiento social y público del daño producido, además de ser un acto de justicia, tiene la potencialidad de atenuar considerablemente su sufrimiento”, sostiene la funcionaria provincial.

Más adelante, Ronda avanza y concluye: “Los jueces, con su sentencia, escriben historia y construyen memoria, y este es uno de los efectos sanadores más importantes del acto de justicia. Los juicios de lesa humanidad son, entonces, un presupuesto indispensable para fortalecer el sistema democrático y desalentar futuras expresiones del terrorismo de Estado. Con seguridad el pueblo argentino no lo permitirá y el «Nunca más» de 1984 dejará de ser una utopía para convertirse en un presupuesto inevitable de la convivencia democrática”.