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Prisión perpetua pidió la  Fiscalía para Aníbal Ignacio Verdura, Omar “Pájaro” Ferreyra y Walter “Vikingo” Grosse,  tres de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Tandil–Azul –Olavarría. Para Horacio Rubén Leites el Ministerio Público reclamó  25 años de prisión. Además, el alegato replicó los pedidos de la querella para que los cuatro ex militares sean destituidos de la fuerza y que Verdura cumpla su pena en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Las audiencias se retomarán el 15 de diciembre con la exposición de las defensas.

En la misma línea que la exposición realizada ayer por César Sivo, Walter Romero, representante del Ministerio Público, mantuvo las acusaciones pedidas para los cuatro represores. Durante el debate el propio Romero había pedido al Tribunal que se imputara a los cuatro ex militares por los seis homicidios que se analizan en la causa. El argumento: que si eran responsables de los secuestros y las torturas y la muerte se había dado sin que hubieran recuperado la libertad, también eran responsables de esos crímenes. Los jueces concedieron esto solo en parte.

Así,  el ex coronel Ignacio Verdura, quedó imputado por los homicidios de Jorge Oscar “Bombita” Fernández, Alfredo Maccarini, Rubén Argentino Villeres, Graciela Follini, Amelia Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma. También por 21 secuestro y torturas en centros clandestinos. Para el ex sargento Omar “Pájaro” Ferreyra y el ex capitán Grosse la acusación fue por dos homicidios (Fernández y Maccarini), 22 casos secuestro y 14 de tormentos. El caso del ex teniente Leites, a quien no se le adjudican en este proceso ninguno de los homicidios pero sí 20 casos de secuestro y 15 casos de aplicación de tormentos.

En su alegato, Romero contextualizó el accionar de los imputados en el marco del plan sistemático que la dictadura cívico militar llevó adelante para imponer un sistema económico en el país. Habló de la persecución política focalizada a los militantes políticos y de la necesidad de entender esto como un agravante a la hora de pensar las penas para los represores.

Dentro de los pedidos hechos por la Fiscalía, además de las penas, resaltan la destitución de los militares de sus cargos. Con esto lo que se busca es que el Estado deje de pagarles sus pensiones como ex militares. En relación a la prisión domiciliaria de Verdura, Romero pidió que sea revocada. 

Los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, pasaron a un cuarto intermedio para el lunes 15 de diciembre. Ese día comenzarán los alegatos de las defensas y se prevé que se extenderán hasta el miércoles. La sentencia sería entre Navidad y Año Nuevo.