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La Unidad de Información Financiera (UIF) congeló fondos de fideicomisos que pertenecen al represor Jorge Antonio Olivera. Olivera y Gustavo Ramón de Marchi están prófugos desde hace una semana. “Ningún prófugo se mantiene más de dos días sin un sustento económico”, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, en una conferencia de prensa realizada hoy al mediodía en el Ministerio de Defensa. De la conferencia participaron el ministro Defensa, Agustín Rossi, y el titular de la UIF, José Sbatella.

Según informó Rossi, Olivera actuaba como abogado defendiendo a otros acusados por delitos de lesa humanidad, antes de que él mismo fuera condenado. Junto con Jorge Appiani, también represor y quien fuera su socio, generaban acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa pidiendo la reestructuración de las jubilaciones de otros militares retirados. Depositaban los honorarios en un fideicomiso, que cambió de titular mientras Olivera estuvo preso.

La información surgió de un expediente hallado en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Uno de los fideicomisos de Olivera, el FJ2, tenía liquidados honorarios por la suma de 9 millones 400 mil pesos al 31 de diciembre de 2010, según informó Rossi. Se cree que esos fondos sirvieron para financiar la fuga de los dos represores.

José Sbatella, titular de la UIF, informó que quieren saber si parte de esos fondos se generaron también en el marco de delitos de lesa humanidad. Los fideicomisos inmovilizados tiene domicilio fiscal en Capital Federal y la UIF está investigando en el lugar. Sbatella explicó que se aplicó el artículo 306 del Código Penal, que permite paralizar el potencial sostén económico de actuaciones terroristas. La UIF congeló también CUIT y CUIL de los represores y de la esposa de uno de ellos.

Hoy, el Ministerio de Justicia ampliará la denuncia por la fuga de los dos represores. Pedirá  que se investiguen todos los tramos del proceso: la decisión judicial para ordenar el traslado, la responsabilidad de los efectivos del servicio penitenciario y la responsabilidad de las personas del Hospital Militar.

Olivera y de Marchi se fugaron del Hospital Militar Central “Comisario Mayor Cosme Argerich”, de la Ciudad de Buenos Aires, el jueves de la semana pasadsa. El 4 de julio, la Justicia federal sanjuanina los había condenado a perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quienes “brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos.

Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Defensa y Salud firmaron un convenio mediante el cual crearán una comisión médica para evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad.