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Los ex policías de la Federal Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios tuvieron hoy la oportunidad de declarar en el juicio en el que están imputados por colaborar en el fracaso de la investigación del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Castañeda se negó a hacerlo. Palacios no contestó preguntas, pero dedicó quince minutos a negar su responsabilidad en el desvío de la investigación que conducía a la familia Kanoore Edul, cercana por vínculos y origen a la del entonces presidente Carlos Menem, imputado como instigador del encubrimiento.

A su turno, el ex fiscal Eamon Mullen ocupó el lugar que dejó Palacios en la sala. Lo hizo para declarar por primera vez en el juicio en el que, junto a su ex colega José Barbaccia, está acusado porque habrían consentido el pago de 400 mil dólares de la SIDE a Carlos Telleldín, para que involucra falsamente en el atentado a un grupo de policías de la Bonaerense.

Acomodándose de tanto en tanto los anteojos, que se le resbalaban a la punta de la nariz cuando se inclinaba a leer, Mullen desgranó durante dos horas lo que al concluir aseguró: “Aún hoy estoy convencido que en esta sala de audiencia se encuentra la conexión local del atentado y, por eso me considero totalmente ajeno a la acusación”. Y Barbaccia lo apuntaló: “Estoy convencido que tuvieron participación en el atentado”, aseguró a su turno.

Se referían a los policías de la Bonaerense a los que Galeano acusó y llevó a juicio por el atentado. En la última fila de la sala AMIA, uno de ellos, Juan José Ribelli, tomaba nota. Recibido de abogado tras su estancia en la cárcel, ahora se representa a sí mismo y a los otros ex policías de la Bonaerense. Responsabilizan a los imputados por haberlos privados de su libertad ilegítimamente durante más de ocho años.

Sobre las detenciones ilegales

“Les aseguro que en mis 30 años de carrera judicial la libertad de un imputado fue siempre una cuestión prioritaria”, dijo Mullen a los integrantes del TOF 2, Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli. Cuando dijo que los policías “igual hubieran quedado detenidos por delitos comunes”, como la extorsión o el secuestro de Telleldín, entre el público, la esposa de Ribelli, lo cuestionó.

La mujer aseguró que en tal caso correspondía que investigara la justicia provincial. Y después, ante cada intento de los ex fiscales de sostener la versión que involucraba a Ribelli en el atentado, respondía con datos precisos. “Les llevé los cuadritos que habíamos comprando en el viaje a las cataratas”, dijo haciendo alusión a un viaje que realizó con su familia en la fecha del atentado, en julio de 1994.

En la sala de audiencias, Mullen y Barbaccia insistieron. Con argumentos parecidos, y tomando como base sus respectivos apuntes, aseguraron que los policías fueron acusados por proveer la Trafic que se habría usado en el atentado con “datos objetivos incorporados legalmente al proceso”. Mullen inquirió a los representantes del Ministerio Público Fiscal: “¿Ustedes no harían un requerimiento de instrucción con toda la prueba que había?

Se refería a las versiones periodísticas que involucraban a los policías, que aseguraron llegaron antes a los diarios que al expediente; y que la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo le presentó a Galeano después de haber ido a ver a Telleldín a la cárcel, donde estaba detenido por haber sido el último tenedor de la Trafic.

“No sabíamos del pago”

En ambos casos, tanto Mullen como Barbaccia negaron haber convalidado la detención ilegal de los policías y de la testigo Miriam Salinas. Mullen aseguró desconocer que Telleldín “terminó vendiéndole al juez la verdad de lo sucedido”. Y Barbaccia lo convalidó: “Nosotros no sabíamos del pago y no teníamos por qué enterarnos, porque nada de esa operación figuraba en la causa”.

Pausadamente, pero con vehemencia, Barbaccia se tomó su tiempo para explicar por qué firmó la declaración de Telleldín del 5 de julio de 1996 en la que el ex reducidor de autos involucró a los policías en el atentado.

El ex fiscal dijo que esa ampliación de indagatoria se tomó en el despacho de una de las secretarias de Galeano y que mientras él estuvo (que no fue durante toda la declaración) el juez no estuvo presente. ¿Por qué firmó el acta de la declaración? Para explicarlo, se refirió a los usos y costumbres en los tribunales. Y negó haber visto que alguien le acercara a Telleldín un celular para que su entonces esposa, Ana María Boragni, hoy también imputada en el juicio, le confirmara que había cobrado el dinero de la SIDE.

Hablaron de operaciones, pero no las denunciaron

“Sería un despropósito que en la causa más importante –en la que le tocó actuar- dejara de lado mis principios y de un día para el otro hubiera decidido participar en una farsa para que personas inocentes fueran encarceladas”, dijo Mullen. Y aseguró que en esa pesquisa “a medida que se intentaba avanzar aparecieron nichos de corrupción dentro del mismo Estado para desviar la investigación” sobre el ataque a la AMIA.

“Desde los mismos organismos que tenían que investigar el hecho nos daban pistas falsas”, aseguró Mullen; pero no se detuvo a explicar por qué no las denunciaron.

Ya casi al finalizar su declaración, Mullen calificó como “imaginación” los fundamentos de los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo que, en 2004, anularon la pesquisa de Galeano y los fiscales e indicaron que se los investigue por un armado “al servicio de intereses inescrupulosos”. 

Antes que todo esto ocurriera, Santiago Marino Aguirre, su defensor, volvió a cuestionar la legitimidad de las querellas para acusar a sus defendidos. Puntualmente, pidió la nulidad de la resolución del tribunal que la semana pasada rechazó esta posibilidad. El Ministerio Público Fiscal, y las querellas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la de los policías ilegalmente detenidos por el atentado se opusieron. El tribunal tuvo presente los planteos y postergó la resolución.

El contrapunto entre los ex Federales

Palacios y Castañeda están acusados por hacer fracasar los allanamientos que se realizaron en tres inmuebles de los Kanoore Edul, el 1 de agosto de 1994. Por ejemplo, por haberlos hecho de manera sucesiva en lugar de simultáneamente, apelando al factor sorpresa. O porque hay registros de llamados desde el celular de Palacios uno de esos inmuebles, antes del operativo.

Las querellas y la fiscalía, consideran que sin la colaboración de ambos Galeano no podría haber cumplido la orden presidencial que desvió el curso de la investigación. En la sala AMIA, ante el Tribunal Oral Federal 2 Palacios negó su responsabilidad. Y aseguró que Galeano había puesto a Castañeda, por entonces jefe del disuelto Departamento de Protección al Orden Constitucional (DPOC), al frente de los allanamientos en el barrio porteño de San Cristobal.

Palacios también le atribuyó a Castañeda, la responsabilidad por la desaparición de una serie de casettes donde figuran, entre otras, escuchas de la investigación a la familia Kanoore Edul. “Llama poderosamente la atención que el doctor (fiscal Alberto) Nisman tardara 11 años”, en acusarlo y que “nunca se haya interrogado (a los policías) que participaron en el procedimiento”, dijo Palacios en general, sobre la acusación.

Antes Castañeda se había negado a declarar. Un secretario del Tribunal Oral Federal 2 leyó su descargo durante la instrucción. En aquella oportunidad Castañeda manifestó que “las órdenes las daba Galeano”  y que la información sobre posible implicado en el atentado “la daba la SIDE, que se manejaba con el juez”. Aseguró que no tenía contactos con el poder político y que se enteró quien era Kanoore Edul “mucho tiempo después” y “por los diarios”.

En esta audiencia, también estaba previsto que declare el segundo jefe de la SIDE menemista Juan Carlos Anchezar, también imputado por el encubrimiento. Pero el marino retirado no se presentó para participar del debate, según informó su abogado, por recomendación de su hijo médico al advertir que tenía taquicardia. Pidió postergar su declaración para el jueves 17 de septiembre, cuando se reanude la audiencia ante el TOF 2.

MB/RA