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Frente a la sala I de la Cámara de Apelaciones porteña se realizó hoy la audiencia pública en la que se trató el pedido a indagatoria de los imputados en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa, ocurrida durante la última dictadura cívico-militar. Entre los involucrados por la operación están los directivos de La Nación y Clarín, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. La querella a cargo de la secretaría de Derechos Humanos insistió en que los involucrados sean citados a indagatoria y resaltó que en los cinco años desde que fue promovida la denuncia “fallecieron cinco de los imputados sin que haya avanzado la causa”.

El pedido de indagatoria a los empresarios, y a Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, acusado de ser el intermediario para el desapoderamiento compulsivo de la familia Graiver, principal accionista de la papelera, fue realizado en marzo pasado por el entonces fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella. El juez Julián Ercolini lo rechazó por considerar que todavía debían esperarse los resultados de medidas de pruebas contables. Ante esa decisión, Gómez Barbella apeló la medida y ante un nuevo rechazo de Ercolini, presentó el recurso de queja que fue habilitado por la Cámara.

Cuando faltaban pocos minutos para las 13, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, comenzó exponiendo sus argumentos para avalar la necesidad de citar a los imputados a prestar declaración indagatoria. Alén detalló que en los tres años que la causa lleva en el juzgado de Ercolini, no se produjeron “significativos avances en la investigación” y resaltó que se observaba una “reticencia del juzgado para permitir el esclarecimiento del caso”.

El abogado insistió en el pedido de que los imputados sean citados a declarar y resaltó el rol de la indagatoria como “un arma de defensa de los imputados”. También resaltó la avanzada edad de los imputados y la necesidad de que se presenten cuanto antes. Quienes estaban involucrados en la causa y fallecieron antes de ser citados a la justicia fueron Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz, Emilio Massera y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos, de La Razón.

Después de Alén habló el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien solicitó al Ministerio Público Fiscal, representado en esta instancia por Germán Moldes, para que acompañe el pedido de citar a indagatorias y “a las víctimas. Se trata de una causa que ya está resuelta como imprescriptible”, aseguró.

Moldes, que ya había presentado un escrito ante los jueces en el que declinaba de impulsar el pedido, hizo referencia a la presentación y justificó oralmente su decisión. Citó diferentes casos y aseguró que es “el juez de instrucción el que decide si llama o no a una persona a excepción de que haya circunstancias excepcionales”. El fiscal también destacó que lo que sí se podía hacer desde la Cámara es pedir al juez que “vele” para que “no haya demoras injustificadas en la causa. Hasta el momento diría que no las ha habido, pero no vendría mal una advertencia”, agregó.

Después fue el turno de Hugo Wortman Jofre, representante de Héctor Magnetto, quien rechazó la posibilidad del llamado a indagatoria e hizo alusión a las pericias contables que son las que todavía faltan en la causa. “La prueba es dirimente”, aseguró. Y agregó que “esta es la primera evidencia que tarda en producirse y en la que todas las partes coincidieron en su necesidad”, remarcó. También destacó la dificultad que supone hacer una pericia de una operación ocurrida hace más de 35 años.

El abogado Alejandro Pérez Chada, representante de Bartolomé Mitre, se sumó a los dichos de Wortman Jofre. Luego fue el turno de Pablo Pusineri, representante de Podestá, que también coincidió con sus colegas. Y luego dijo que en la causa quedaban en claro que los “derechos humanos no eran para todos y todas, sino para algunos y eso estaba a la vista”. Su afirmación mereció una respuesta de parte de Alén. El subsecretario hizo referencia a que los derechos se respetaban para todos y todas. “Lo hacemos como no lo hizo el gobierno del que fue parte su defendido”. 

La defensa de Herrera de Noble y la querella de Rafael Iannover presentaron sus posiciones por escrito. Los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler deberán decidir en los próximos días qué definen tras haber escuchado todas las posiciones.

CD/RA