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La causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield está en manos del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien deberá definir si se eleva a juicio oral y público. El pedido fue presentado por el fiscal general platense Marcelo Molina y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, quienes acusaron a 15 ex militares, dos ex funcionarios civiles bonaerenses y tres ex policías por los hechos cometidos contra 252 víctimas en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires. Entre los acusados, están el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex médico policial, Jorge Antonio Bergés.

El pedido de elevación se presentó el 5 de noviembre pasado y expresa: “El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura”. Esta es la primera vez que la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, en La Plata, acusa por delitos sexuales en la instancia de elevación a juicio. Hasta ahora, el pedido de ampliación se realizaba durante las audiencias de debate oral.

De esta manera, los imputados llegarán a juicio formalmente imputados por esos crímenes. Según publicó el portal Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, Molina y Nogueira reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de testigos de diversos hechos y concluyeron que “la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos en el CCD”. En esa línea, sostuvieron que su “persecución penal, cualquiera sea el encuadramiento típico que se les otorgue, es imprescriptible”.

El Pozo de Banfield

El ex centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Banfield” se encuentra entre los más significativos del esquema represivo de la provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico militar. En la esquina de Siciliano y Vernet todavía puede verse el edificio de tres plantas, con unos 25 metros de frente por unos 20 de fondo. Allí, hoy funciona uno de los tantos Sitios de Memoria.

En la planta baja, estaba montada la dirección operativa del centro clandestino: la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso, se encontraban algunos calabozos y la estructura administrativa: oficinas, comedor y casino de personal, cocinas y baños. En el segundo, los calabozos ascendían a 24, divididos en dos sectores. En uno, alojaban a los hombres; en el otro, a las mujeres.

En el Pozo funcionó la Brigada de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, desde octubre de 1974 hasta enero de 1977. Fue entonces que pasó a formar parte de  las Direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Como centro clandestino, funcionó entre 1974 y 1978: se registraron 182 detenidos y se detectaron diversas funciones, según la época. Fue depósito –paso previo al “traslado” o legalización–, centro de tortura y, esencialmente, una de las maternidades clandestinas más atroces de la región. Según una investigación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata, al menos 16 embarazadas pasaron por allí, de las cuáles sólo una fue liberada. En estas celdas, fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices.

Los acusados

Además de Smart, Etchecolatz y Bergés, llegarán a juicio el entonces secretario de Gobierno –devenido en juez federal, ya en democracia– Juan María Torino, acusado junto a su jefe Smart por su rol de contralor sobre la Policía bonaerense; y el ex comisario y segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Enrique Augusto Barre. Entre los militares que llegarán a juicio, se destaca el caso del ex prófugo miembro del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, Ricardo Luis Von Kyaw, quien fue deportado desde Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa. Apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la Argentina, quedó detenido.

La lista se completa con el sub jefe del Comando de la Subzona 11, Héctor Humberto Gamen; el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, asiento del Área militar 112, Federico Minicucci; y los siguientes ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101: el capitán de Caballería, Miguel Ángel Amigo; el capitán de Infantería a cargo de la Central de Reunión y, luego, jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; los jefes de  Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales, Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández; el oficial de la Sección Central de Reunión, Gustavo Adolfo Cacivio; el jefe de la Sección Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los capitanes Carlos Gustavo Fontana, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Anselmo Pedro Palavezzati; el jefe de la Sección Central de Reunión, Emilio Alberto Herrero Anzorena; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.

FISCALES/JC/LL