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La fiscalía pidió ampliar las acusaciones contra Ricardo Miguel Cavallo, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vañek y Alfredo Astiz, entre otros. Ninguno de ellos llegó al tercer juicio de la Esma acusado por los delitos de violencia sexual que, en otros debates, fueron tomados como parte de los tormentos; pero ahora la fiscalía pidió que se consideren delitos autónomos.
En el tercer juicio oral por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) la fiscalía pidió ampliar las acusaciones a los represores por las denuncias de seis mujeres que fueron violadas. Lo contaron durante el debate, y ahora la fiscalía y las querellas le pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 5 que amplíen la acusación por estos delitos. Intentan que las denuncias no se deriven a un juzgado para que las investiguen, como ocurrió en otras oportunidades.
El represor Ricardo Miguel Cavallo, conocido en el centro clandestino con el alias de “Marcelo”, fue señalado como uno de los responsables de los abusos. Entre los imputados por delitos como la privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y desaparición forzada están además Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vañek y Alfredo Astiz. Ninguno de ellos llegó al juicio acusado por los delitos de violencia sexual que, en otros debates fueron tomados como parte de los tormentos; pero ahora la fiscalía pidió que se consideren delitos autónomos.
Entre las víctimas, cinco de las seis mujeres que relataron violaciones, torturas, abusos, tocamientos y violencia durante las audiencias de este juicio, no era la primera vez que lo hacían. Muchas ya lo habían contado en el juicio a las Juntas o ante la Conadep. Una de ellas logró contárselo a su esposo antes de morir, y fue él quien narró los hechos primero en la Conadep y luego también en este juicio.
Ampliar la acusación
La fiscal Mercedes Soiza Reilly presentó estos hechos como casos que deben ser leídos en “continuidad” con el resto de los crímenes. En el segundo juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, la sentencia tomó las denuncias por violencia sexual pero no las juzgó durante el debate, sino que las derivó a la etapa de instrucción para ser investigadas nuevamente en esa instancia. En este caso, la fiscalía y las querellas esperan que el TOF se pronuncie sobre estos delitos en este mismo debate.
La fiscalía explicó al diario Página/12 que una vez que las víctimas ya han declarado en juicio oral y público sobre estos hechos “no quieren volver a declarar una y otra vez ante los operadores judiciales de la instrucción”. “Hoy tenemos la posibilidad de que esto no ocurra al menos con estas víctimas”, les dijo la fiscal a los jueces del TOF 5 al momento de argumentar su pedido.
Dado que las víctimas eligieron contar sus casos en estos juicios, Soiza Reilly considera que sus denuncias deben ser tomadas en este debate; porque obligarlas a relatar nuevamente lo sucedido, para reiniciar otra causa, significa revictimizarlas, y también aletargar la persecución a los ejecutores de la represión.
Soiza Reilly recordó que la primera denuncia por abusos que fue judicializada es de 2011, después del segundo juicio oral, en el que los jueces derivaron los casos al juzgado federal 12 de Sergio Torres. Desde entonces, en ese expediente declararon sólo dos mujeres.
La violaciones como parte del plan de exterminio
“Durante el transcurso de las audiencias hemos escuchado extensos testimonios hablar de los delitos de índole sexual: asistimos, como espectadores, a una reconstrucción real de las atrocidades que allí ocurrieron”, dijo la fiscal Mercedes Soiza Reilly en la audiencia reproducida por el diario.
“Pudimos conocer nuevas circunstancias y una más amplia información sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los acusados, pero antes de analizar cada una de las cuestiones es necesario tener presente que los delitos de índole sexual fueron frecuentemente silenciados por la Justicia y un tema de difícil abordaje”, dijo la fiscal. Y señaló que “las víctimas se empoderaron para afrontar el dolor y decidieron relatarlo en estas audiencias”.
El otro punto clave de la presentación es que las imputaciones no van dirigidas sólo a autores directos; sino también para quienes tuvieron un rol de “coautoría funcional”. Es decir no solo para quienes cometieron los abusos, sino también para quienes fueron parte del engranaje para su perpetración. “Las acciones ilícitas no eran individuales, excepcionales y solitarias, fueron prácticas cotidianas tendientes a la destrucción anímica, física y moral del cautivo y cautiva. Por eso fueron una constante en todos los campos de exterminio”, dijo la fiscal.
“Ese plan sistemático consistía en que las víctimas eran secuestradas por fuertes grupos armados, llevados a los centros clandestinos, torturados física y psíquicamente para arrancarles la información, sometidas a condiciones inhumanas de cautiverio, expuestas a merced de sus captores para que sobre las víctimas se produzca todo tipo de abuso sexual. No cabe ninguna duda de que los imputados fueron una pieza vital del engranaje de ese plan sistemático de represión, conocían que los hechos debían concatenarse de esa manera y es a partir de ese conocimiento que actuaron en los sucesos por los que estamos solicitando la ampliación.”
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