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Con una presentación formal ante la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, que preside Ricardo Lorenzetti, los sobrevivientes y familiares de desaparecidos se sumaron al pedido del juez Alejo Ramos Padilla para que se refuerce el personal del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. “Hoy todo el retraso y las soluciones sobre las que se está avanzando, es el resultado del esfuerzo ciclópeo que el Dr. Ramos Padilla y su secretario, junto al Dr. Pablo Vassel”, dice la nota presentada en versión impresa y digital el 10 de septiembre pasado. “Es en razón de todo esto y varios aspectos más, que entendemos que ese juzgado debe contar con mayor cantidad de personal y medios adecuados para que los resultados sean mucho más profundos para hacer justicia”, subrayaron.

La presentación está suscripta por las regionales de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el mismo día en que el Consejo de la Magistratura suspendió al camarista bahiense Néstor Montezanti —ex agente de inteligencia, imputado en la causa por los crímenes de la Triple A— y abrió un jury en su contra. Y su origen es la preocupación por un informe que el propio Ramos Padilla giró a la Corte describiendo el desbarajuste que encontró cuando asumió en el juzgado, en junio. Fue luego de que el Consejo no ratificara al secretario judicial que comandó el despacho los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez, y al abogado Claudio Pontet, ambos denunciados por obstaculizar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

“Retrasos generalizados de todo sentido, escritos por agregar, borrado de archivos y registros de utilidad de la Secretaria de Derechos Humanos del juzgado, más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace casi dos años en expedientes donde se investiga robo de niños, actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de 1976, responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia”, describe el escrito rubricado por Eduardo Hidalgo y Alejandra Santucho, secretarios de ambos organismos. Para fundar el pedido, refieren a la antigua Acordada 42/08 de la Corte, que impone tramitar los juicios de lesa humanidad sin demoras.

El Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca es un enclave vital para juzgar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Buenos Aires. No sólo porque allí tuvo un gran protagonismo la Marina de guerra y el V Cuerpo de Ejército y se instruyen dos megacausas con 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, sino porque los militares fueron prohijados por un variado abanico de civiles que los frecuentaban. Entre ellos está acusado el empresario mediático Vicente Massot —favorecido con una falta de mérito en los últimos meses—, ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti, y el ex arzobispo local a quien absolvió la muerte, Aldo Vara.

Cuando Ramos Padilla —juez federal de Dolores— ocupó el despacho para asumir como juez subrogante, se encontró con un tendal de irregularidades que hacían tambalear las investigaciones, que reseñó en un documento dirigido a Ricardo Lorenzetti. Ulpiano Martínez había dejado prisiones preventivas y sentencias vencidas, más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado, más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones, desparramados por toda la sala. Incluso había detenidos alojados en la seccional de la Policía Federal desde donde se fugó el represor Julián “Laucha” Corres.

Ahora los organismos piden, en sintonía con el magistrado, más personal a su cargo “al ver cómo está funcionando hoy el juzgado prácticamente sin horario y solo con el esfuerzo fundamental de sus conductores y la colaboración de parte del personal,  frente a otra parte que ha decidido limitar su colaboración por hacer causa común tácita con los desplazados por el Consejo de la Magistratura”. Sólo así, afirman, podrá alcanzarse la Justicia que esperan hace más de treinta años.

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