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El joven recuperó su identidad en agosto de 2013. Sus padres fueron militantes del Movimiento de izquierda Revolucionario (MIR) que habían llegado a la Argentina escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. Los imputados son un ex integrante del área de Inteligencia de la Policía Federal, su concubina y un comisario.
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió hoy penas de entre 10 y 15 años de prisión para los tres imputados en la causa por la apropiación de Pablo Athanasiu Laschan. Pablo, que recuperó su identidad en agosto de 2013, terminó con su vida en abril pasado. Tenía 37 años y estaba afectado por una enfermedad terminal. En el debate, que se realiza frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, están imputados sus apropiadores Enrique Andrés López, un ex servicio de Inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA), y su concubina, Carmen Clementina Saunier, y el superior de López, el comisario de la Delegación Rosario de la PFA, Juan Dib. “
Alan Iud, querellante en representación de Abuelas pidió 15 años para López como coautor penalmente responsable de los delitos de ocultación y retención de un menor de diez años, y de los delitos de falsificación ideológica de documento público. Para Saunier pidió 10, en tanto, se la juzga como autora penalmente responsable del delito de ocultación y retención de un menor de 10 diez años. Y 14 para Dib, a quien en el requerimiento de elevación a juicio, se le imputó el haber participado en la retención y ocultación de Pablo y la alteración civil.
El Coordinador de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti pidió la máxima pena aplicable, por el rol que desempeñaron durante el Terrorismo de Estado para López y Dib. Para Saunier, pidió 11 años de prisión.
Iud alegó durante más de una hora en la que comenzó asegurando que los hechos que se juzgaban eran “claros”. En el comienzo de su exposición se refirió a la historia de los papás de Pablo, Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara, una pareja de militantes chilenos del el Movimiento de izquierda Revolucionario (MIR) durante el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende. Frida y Ángel llegaron a Buenos Aires escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. En Buenos Aires militaron en el ERP y el 29 de octubre de 1975 tuvieron a Pablo.
Apenas unos meses después estaban en un hotel porteño cuando se produjo el secuestro. El operativo fue realizado por fuerzas de seguridad en el marco del Plan Cóndor. Tras separar a Pablo de sus papás, fue entregado a López y Saunier, que lo anotaron como hijo propio y con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976.
Iud y el Coordinador de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti hicieron referencia a las cartas que Frida y Ángel intercambiaron con sus familiares en Chile, donde les compartían la alegría por la noticia del embarazo y la inminencia de la llegada del bebé. El nombre que eligieron para el bebé, la desesperación por la situación general, formaron parte de los intercambios epistolares entre la pareja y las familias de ambos. “Las cartas están adjuntadas como prueba y demuestran cuando anhelado y querido fue ese bebé”, dijo Iud.
Querella y fiscalía también hicieron referencia a los hechos imputados a López, Saunier y Dib. Y a cómo la pareja recibió al niño en la división de la PFA en Rosario y lo anotó como hijo propio. Que estaban al tanto y consiguieron el acta de nacimiento falsificada allí mismo. “Los 3 conocían que era hijo de desaparecidos”, aseguró Iud y agregó “modificaron su nombre y apellido y su fecha de nacimiento”. “Para hacerlo se valieron de un certificado que le proveyó a tener la delegación rosario de la policía federal. Que estaba a cargo de Dib. Es suficientemente claro que los imputados sabían el origen de pablo, que era hijo de desaparecidos. Y eso cesó en agosto de 2013 cuando le fue restituida la identidad”, agregó el abogado. Aquel mes y año a Pablo se le restituyó su identidad y se convirtió en el nieto 109. Su caso había presentado ante la justicia en 1982, tras la denuncia de sus familiares en la institución. El caso fue uno de los primeros que se presentaron entonces, pero tuvieron que pasar más de 30 años hasta que la verdad salió a la luz.
Parenti pidió que al Tribunal que se tenga en cuenta “que no se trata de un hecho aislado sino uno sucedido dentro del Terrorismo de Estado”.
CD/PW
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