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La Unidad Fiscal por delitos de lesa humanidad de La Plata, pidió largas condenas para cinco ex jerarcas de la Armada y a tres oficiales de la Prefectura Naval que actuaron en la represión sobre el polo industrial de Berisso y Ensenada, y pidió una reparación económica para los trabajadores secuestrados y sus familias por el daño al “derecho a proyectar la vida”, apoyándose en fallos de la Corte Interamericana y tratados internacionales.

“Tuvimos en cuenta que el juicio tuvo un contexto muy particular, porque se trataba de víctimas de distintas empresas enclavadas en un cordón industrial, especialmente Swift, Astilleros Río Santiago y Propulsora Siderúrgica, en una época de grandes conquistas obreras, que es justamente la razón por la cual se reprimió esa zona”, explicó a Infojus Noticias Juan Martín Nogueira, que junto a Hernán Schapiro integran la fiscalía que investiga el terrorismo de Estado en la capital provincial.

La represión en esa zona estuvo a cargo de la Armada y la Prefectura Naval. En sus alegatos, los fiscales pidieron prisión perpetua para el comandante de la Fuerza de Tarea Nº5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde, el comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró, y el jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian. Además pidieron 25 y 22 años de prisión para los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, 25 años de prisión para el oficial de la misma fuerza Eduardo Antonio Meza, y seis años para el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek, y el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg. Sus penas son potencialmente bajas porque están acusados por la privación ilegal de la libertad de una sola víctima.

Al resto se los acusa de homicidio calificado, una decena de privaciones ilegales de la libertad y una decena de casos de tormentos. Ahora será el turno de las querellas y las defensas, y en menos de un mes el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata daría a conocer el veredicto.

Durante las audiencias, los trabajadores que sobrevivieron o los deudos de aquellos que ya murieron, contaron cómo habían sido secuestrados y torturados en cuatro centros clandestinos del polo industrial: en la Base Naval de Río Santiago, la sede de la Prefectura, el Batallón de Infantería de Marina (BIM) 3 y el Hospital Naval Río Santiago.

“Lo que surgió en los relatos, fueron historias en el que se las había acusado de abandono de trabajo, prescindibilidad. Una vez liberados, no pudieron volver a trabajar y estuvieron proscriptos y estigmatizados por mucho tiempo, en una zona donde había un arraigo laboral muy fuerte. Vimos que ese era el mayor daño que habían sufrido”, agregó.

En el caso de Astilleros, entre 2003 y 2006 reincorporó a un grupo de 26 víctimas. Como 15 están cerca de la edad jubilatoria, les ofreció una dispensa, pero sin ninguna certidumbre de continuidad. Por eso, citando fallos de la Corte Interamericana y jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, los fiscales pidieron una medida cautelar contra el astillero Río Santiago, el Estado provincial y el nacional para que “mantengan la dispensa con percepción de haberes otorgada a los trabajadores del Astillero (…) hasta tanto se implemente y se aplique de manera efectiva una jubilación (…) que tenga como base la máxima categoría que hubiera correspondido en cada caso de haber continuado la prestación laboral con normalidad desde su inicio".

Y pidió que fueran incluidos en ese beneficio los 11 que aún están en actividad. Esa medida cautelar entraría en vigencia automáticamente si el Tribunal lo decide cuando dicte sentencia.

“Por otro lado, como no podemos ordenar una jubilación en el marco de un juicio penal, por nociones básicas de la división de poderes, le pedimos al tribunal que inste a los estados provinciales y nacionales que implementen los mecanismos para que promulguen leyes al respecto”, completó Nogueira.

Además, como medidas complementarias, pidieron que se erijan documentos, se coloquen placas en los escenarios de los crímenes, se difundan los hechos a través de los diarios locales, y que se incluya la enseñanza de esos episodios en las instituciones de formación de la Armada y la Prefectura Naval.

Por último, Nogueira y Schapiro pidieron que se investigue la complicidad empresaria con las fuerzas armadas. “En Astillero, los testigos revelaron que había una complicidad directa, con secuestros en la propia empresa, colaboración con vehículos, y otras cosas. En Propulsora también”, remarcó el fiscal. Las copias de los testimonios en el debate irán a parar a una causa residual instruida en el juzgado federal de instrucción 3, donde se investiga la responsabilidad de las empresas.

LB/PW