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El equipo jurídico que impulsa la reapertura de la causa de la "Masacre del Pabellón Séptimo" -ocurrida el 14 de abril de 1978 en la cárcel de Villa Devoto- inició una campaña para reclamar ante el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Daniel Rafecas, que el caso sea investigado como un delito de lesa humanidad.

“Creemos que esta matanza debe investigarse como un delito de lesa humanidad. Y le vamos a pedir al juez Rafecas que actué en consecuencia”, dijo a Télam la abogada Claudia Cesaroni, autora del libro Masacre del Pabellón Séptimo, en el que narra las alternativas de esta represión del Servicio Penitenciario Federal que hace 35 se cobró la vida de 64 reclusos en el penal de Villa Devoto.

Cesaroni, que encabeza el colectivo jurídico que promueve la revisión de un caso que está impune, aseguró que entre las víctima del también denominado “Motín de los Colchones” podría haber un desaparecido. Se trataría de un militante uruguayo llamado Jorge Hernández Rodríguez, de 23 años, que fue secuestrado en agosto de 1976 tras participar en una asamblea en una fábrica de la localidad de Dock Sud. Meses después, Hernández Rodríguez quedó legalizado y se lo traslado a la cárcel de Devoto, donde se encontraba al momento de la masacre. Sin embargo, este ciudadano uruguayo, que tenía 23 años en 1978, permanece desaparecido y su legajo figura en las listas de la Conadep con el número 1230.

Según Cesaroni, este joven aparece fotografiado con vida en la tapa del diario Crónica del 15 de marzo de 1978, es decir un día después de producirse los hechos. “Tenemos el testimonio del padre de Hernández Rodríguez que reconoce al joven que aparece retratado en la tapa del diario como su hijo. Es una foto en la cual un detenido es trasladado por un efectivo del SPF. Luego de ello, no se tuvieron más noticias de él”, dijo la abogada.

Con este nuevo elemento, el grupo que investiga esta causa pretende que Rafecas reabra el expediente y lo tipifique como delito de lesa humanidad.

La Masacre del Pabellón Séptimo es la peor matanza que tuvo lugar en el sistema penal argentino y sucedió en plena dictadura, cuando la unidad carcelaria estaba bajo el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el genocida Guillermo Suárez Mason. Rafecas tuvo a su cargo la instrucción de la Megacausa del Primer Cuerpo, y por eso los integrantes de este equipo de investigación elevan este pedido ante su juzgado.
En la mañana del martes 14 de marzo de 1978, efectivos del SPF irrumpieron en el pabellón séptimo de la cárcel y desataron una feroz represión que derivó en un incendio, al caer sobre los colchones varios de los calentadores que usaban los presos.

Muchos detenidos fueron ultimados a tiros y otros perecieron por asfixia, atrapados entre el humo, el fuego y los disparos de los carceleros.

A lo largo de la investigación, se sumaron los testimonios de otros cinco sobrevivientes, familiares de las víctimas y exdetenidas políticas, que alojadas en un pabellón contiguo al séptimo pudieron presenciar la masacre desde los ventanales del edificio en el que se encontraban.