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La preocupación más urgente de funcionarios judiciales y organismos de derechos humanos en la última reunión de la mesa de discusión que instaló la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad fue el estancamiento –cuando no el retroceso- del enjuiciamiento a los colaboradores civiles de la última dictadura militar. “Se debatió cuál debe ser el límite de la investigación de los crímenes de la dictadura: si está en agotar la investigación en la responsabilidad de los represores o si hay que avanzar hacia los civiles. Y, por otro lado, que la selectividad hacia adentro de los procesos con los grupos económicos o los civiles no hace más que consagrar privilegios”, contó Jorge Auat, el fiscal general que coordina la Procuraduría.

Las mesas de discusión son espacios de reflexión y propuestas que se impusieron cuando Auat se hizo cargo del organismo del Ministerio Público. Se reúnen, tres o cuatro veces al año, los fiscales que instruyen las causas por delitos de Lesa Humanidad, los sobrevivientes del terrorismo de Estado, familiares querellantes y organismos de derechos humanos, para señalar los obstáculos y proponer estrategias jurídicas para avanzar en los juicios. “Éramos más de cien personas llegadas de Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Chaco y otras. Lo importante es que con estos últimos fallos a cómplices civiles importantes no se abran nuevamente las puertas a la impunidad”, agregó Auat.

A la reunión asistieron la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Alejandra Vázquez; la titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler; y el de Mendoza, Dante Vega; y Martin Niklison, que está a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos. También coordinador de la unidad fiscal especializada en casos de apropiación de niños durante la dictadura, Pablo Parenti; representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería de la Nación; Paula Litvachky y Luz Palma del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y miembros de los organismos de derechos humanos, como Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “La causa que más preocupa es la de  (Carlos) Blaquier, sin perjuicio de las otras como la de (Vicente) Massot, director del diario La Nueva Provincia y la de Papel Prensa”, completó Auat.

El 13 de marzo, la sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación –conformada por los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Rafael Righi y Gustavo Hornos- revirtió el procesamiento contra Blaquier –propietario del Ingenio Ledesma, en Jujuy-, que había sido confirmado por cuatro jueces. Los camaristas consideraron que no había prueba directa para acreditar que Blaquier y Alberto Lemos, otro directivo de la empresa, sabían que las camionetas del Ingenio fueron utilizadas durante la llamada “Noche del Apagón”. Se trató de un operativo represivo desarrollado el 20 de julio de 1976, cuando se cortó la luz en Libertador General San Martín y Calilegua y hubo unos 400 secuestros.

“Nosotros apelamos la decisión, al igual que la fiscalía, porque lo consideramos un fallo ilógico, que no tiene racionalidad ni argumentos sólidos”, dijo a Infojus Noticias María José Castillo, abogada querellante en la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también participó del cónclave. “No tuvieron en cuenta el contexto en el que se vivía, la situación de enfrentamiento por pertenecer a gremios que tenían muchos de los secuestrados con la empresa, ni que Blaquier y Lemos eran personas influyentes y no podían desconocer lo que sucedía”, completó.

Todo estaba listo en Jujuy para juzgar al mandamás del ingenio azucarero por su complicidad con la dictadura. Las paredes de San Salvador y el interior de la provincia estaban llenas de pintadas dónde se pedía su juicio por “genocida”. La Fiscalía y las querellas habían pedido la elevación a juicio, y sólo faltaba que el juez de la causa, Fernando Poviña, aceptara la clausura de la investigación, cuando Casación volvió atrás los procesamientos de Blaquier y Lemos. “El mensaje para la sociedad que dan estos jueces es hasta acá se llega con los juicios”, dijo Castillo.

Junto al fallo que favoreció a Blaquier, siguieron otros: uno que puso a salvo del juicio a Massot y los gerentes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en la  causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. “El fallo sobre Blaquier ofrece una lectura muy vinculada al contexto actual, y aunque es muy difícil decir que tienen que ver exclusivamente con el contexto, del mismo modo no puedo soslayar el contexto”, reflexionó Auat.

Ahora los fiscales y el resto de los asistentes a la reunión preparan un documento en el que dejarán sentadas estas preocupaciones.

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