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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación rechazó por unanimidad varios planteos realizados por la defensa del juez suspendido, y ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Sólo resta que el tribunal termine de recibir toda la prueba necesaria para iniciar el debate que se espera comience en diciembre. Al magistrado se le imputa mal desempeño en sus funciones, así como haber pertenecido a la Triple A y haberse desempeñado como agente de Inteligencia durante la última dictadura cívico–militar.

Ante el jurado de enjuiciamiento, la defensa de Montezanti, a cargo del abogado Ignacio Irigaray –abogado de José María Campagnoli durante el juicio político inconcluso que se llevó adelante en su contra-, presentó hace un par de semanas una serie de planteos para invalidar el procedimiento de juicio político, que comenzó en septiembre pasado por decisión del Consejo de la Magistratura.

Uno de ellos sostenía la nulidad de la acusación realizada por el Consejo porque, argumentaba, hay una “indeterminación de las conductas”. Pero fue rechazado por unanimidad por los integrantes del jurado. Además, el tribunal reafirmó su competencia para debatir “su actuación anterior a que el pliego de Montezanti sea aprobado por el Senado”.

El tribunal que debe juzgarlo políticamente está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

La acusación contra el suspendido juez apunta al “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”, así como “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.

Fue personal civil de Inteligencia

Hoy Montezanti tiene una prohibición para salir del país impuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa en la que se lo investiga por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca. El magistrado está señalado como ex integrante de la rama bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y uno de los casos que la Justicia tiene en sus manos es el asesinato, en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), del dirigente estudiantil “Watu” Cileruello, ocurrido en abril de 1975.

La desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa de la Nación corroboró que el magistrado efectivamente formó parte del Destacamento de Inteligencia 181. Fue personal civil de inteligencia (CPI) entre el 1 de enero de 1981 y el 14 de junio de 1982. Según su descargo, en ese período sólo prestó “asesoramiento sobre los conflictos con Chile y la guerra de Malvinas” pero “no incluían ningún tipo de actuación operativa”.

Otro de los planteos que se presentaron era el pedido también de nulidad pero de la composición del cuerpo que lo juzgará, en atención a las mayorías que se requieren para tomar las “decisiones simples”, esto es la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley N° 24.937. Esto fue rechazado por los integrantes del jury porque, según explicaron fuentes del organismo, “no es un tribunal habilitado para el control de legalidad de las leyes”.

Aunque aún el jurado no fijó una fecha para el inicio del debate desde el tribunal informaron a Infojus Noticias que el mismo comenzará seguramente en diciembre y es posible que en caso de extenderse termine recién en marzo del año que viene, después de la feria judicial.

GA/RA